El proyecto aprobado por la Cámara de Senadores modifica los artículos 30 y 33 de la ley 1340/88 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, de tal manera que aquellas personas que precisen de la planta, o los representantes legales de éstas, estén exentas de pena alguna por sembrar y procesar la marihuana para uso exclusivo medicinal.

Los artículos del proyecto establecen que aquellas personas que precisen del autocultivo del cannabis deberán indefectiblemente contar con un certificado médico que deberá estar visado por el Ministerio de Salud Pública, el cual certificará que el paciente padece alguna dolencia tratable con el aceite de cannabis.

“Hay gente que está haciendo clandestinamente y me parece una barbaridad que se criminalice siendo que recurren al aceite de cannabis para paliar la dolencia de sus hijos”, afirmó el senador Víctor Ríos, proyectista en contacto con 1080AM.

Consideró una hipocresía la llamada guerra frontal a las drogas siendo que todos los días llegan cargamentos con kilos de marihuana recorriendo el país y nadie lo ve.

En la exposición de motivos, los proyectistas Patrick Kemper y Víctor Ríos expusieron que el derecho a acceder al autocultivo del cannabis con fines medicinales, destacaron que es parte integrante del derecho humano a la salud ya que personas de escasos recursos están obligadas a comprar aceite de cannabis importado a precios prohibitivos y no otorga una real posibilidad para quienes realmente necesitan esta medicina.

El aceite de cannabis autorizado tiene dos presentaciones con precios de 1.800.000 guaraníes para tratar la epilepsia refractaria y 1.314.000 guaraníes para patologías como la esclerosis múltiple, cáncer de huesos o páncreas, entre otros.

en el argumento de los proyectistas incluyen lo manifestado por el neurólogo pediátrico Víctor Gaona de que se observó tras el tratamiento con cannabis una mejora del estado general con mejor alimentación y calidad del sueño, mejor manejo del dolor y disminución de las crisis de las convulsiones.

Por su parte, el doctor Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones afirmó que la elaboración casera de estos productos no es inusual ya que el cannabis es conocido por sus propiedades anti convulsionantes, analgésicas y antiinflamatorias y además se acostumbra aplicarse fricciones sobre la piel para dolores.

El proyecto pasa a Diputados para su estudio y posteriormente al Ejecutivo.

Desde la organización Mamá Cultiva celebran el paso dado para la promulgación de la ley para el cultivo seguro para acceder a la medicina que les da alivio para las dolencias de sus hijos que padecen diversas enfermedades.

Autoridades brasileñas y paraguayas se reunieron hoy en nuestro país y finalmente acordaron la nueva tarifa de Itaipú.

El canciller Rubén Ramírez dijo en conferencia de prensa que el anuncio lo darán “cuando haya firma”, lo cual ocurrirá en los próximos días.

“En todo este proceso de negociaciones hubo una serie de especulaciones, nosotros guardamos prudencia, no secretismo. La prudencia nos ampara en que, antes que nada, tenemos que formalizar los acuerdos alcanzados”, argumentó el ministro, ante el reclamo de que medios brasileños ya publicaban los detalles del acuerdo.

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El documento incluirá, no solamente la tarifa, sino el plan operativo y los principios de las negociaciones del Anexo C, precisó el canciller, quien, no obstante, adelantó que el acuerdo implica “buenas noticias para ambos países”.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, principal participante de las negociaciones, también se excusó de oficializar los nuevos números.

“El resultado no se celebra antes de que termine el partido, estamos en el minuto 90. Estamos siendo prudentes en el anuncio de la tarifa, porque no es la única cuestión, queremos anunciarle a la prensa cuando tengamos ya todo firmado”, indicó.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien, en lo que compete a su materia, se mostró muy optimista.

“Es lamentable la decisión de la que nos enteramos”, afirmó esta mañana “Bachi” Núñez, haciéndose eco de las expresiones del titular de Cetrapam, César Ruiz Diaz, al anunciar un nuevo paro de varias empresas del transporte público.

En ese sentido, aseguró que quienes integran dicho gremio transportista “no ponen de su parte” al no dar el voto de confianza al gobierno para encontrar soluciones de manera conjunta y abrir un canal de diálogo.

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Catalogó esta decisión como “un chantaje y extorsión” al Poder Ejecutivo, aprovechando que se está hablando sobre el tema del subsidio al transporte público. A la par, pidió “mano dura” con los transportistas y no ceder ante sus pedidos bajo estas condiciones.

Por su parte, el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, indicó que este es un problema que viene arrastrándose desde hace años. “Lo de Cetrapam no es nada nuevo, alguna vez un gobierno tiene que dar un corte definitivo”.

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El mismo plantea una pronta solución a esta problemática tan compleja para el usuario, que es el principal afectado y a quien -a su criterio- hay que darle respuestas antes que a los transportistas. “Más que nunca hay que tomar el toro por las astas”.

Otros legisladores tanto del oficialismo como de la oposición coincidieron en rechazar este paro de buses, anunciado para el próximo 20 de mayo, ya que generará graves consecuencias para los pasajeros que no podrán desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.

En la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Senadores le dio un no rotundo a la posibilidad de premiar a funcionarios corruptos, con el rechazo al proyecto que modifica el artículo 67 de la ley 1160/97 del Código Penal.

El proyecto iba a tener sanción ficta el 31 de mayo de no haber sido tratado para entonces, motivo que llevó a incluirlo en el orden del día de hoy, considerando los feriados de la próxima semana y la reducción del tiempo.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador en la antesala del tratamiento y la confirmación de rechazo.