Represión en la cosecha
Guardia Civil y policía detienen a 30 personas en dos meses por plantar cannabis, pero el censo de cultivadores crece y florecen los negocios de venta de semilla
Los 40 miembros de AVE María se citan todos los jueves a las ocho en un bar del Casco Vello de Vigo. Todo el mundo lo sabe, también la policía, pero no se mete. La Asociación Viguesa para o Estudo da María, que cuenta entre sus integrantes con algunas personas de más de 60 años, esconde sus cultivos colectivos en fincas repartidas por la provincia, que van cambiando cada año para despistar a los agentes. Son para autoconsumo, y también para enfermos que acuden a ellos.
Ayudan, por ejemplo, a personas que han comprobado (algunas animadas por sus médicos) cómo desde que fuman cannabis la quimioterapia no les provoca náuseas. También a pacientes como Javier, enfermo de esclerosis múltiple, al que en vista del éxito le han asignado en exclusiva, para abastecerlo, una parcela y un cultivador. "Los espasmos de la pierna", explica Luis Otero, portavoz de AVE María y prejubilado de Telefónica, "le han reducido muchísimo, de 150 a 50 por día". Para estos enfermos, la alternativa al cultivo (o a la adquisición en el mercado negro a un precio que alcanza los 10 euros el gramo) es el Sativex, un aerosol que se aplica bajo la lengua y que, según AVE María, "se puede comprar en Povisa por 250 euros". El Sergas "no extiende receta".
Con la crisis del 'ladrillo' quedó en el paro. Ahora envasa grano de 'maría'
Un vecino anciano le ofreció un tanque de gasoil a cambio de unos cogollos
Cuando la Guardia Civil irrumpe, tijera en mano, en una plantación de las del grupo (una asociación legalmente registrada y con estatutos) y detiene a un compañero, los demás socios se presentan a una en el juzgado con una hoja autoinculpatoria que ya tienen preparada. Por lo general, los jueces archivan las denuncias que les presentan los agentes y todo queda en nada, pero a esas alturas, los detenidos (por supuesto, a veces, enfermos en tratamiento) seguramente han tenido que pasar la noche en los calabozos y se han quedado sin cosecha.
En algunas ocasiones, la imputación por "delito contra la salud pública" prospera, y entonces toca pagar. Por lo general, que llegue a haber juicio depende del tamaño del cultivo, cuando no hay manera de demostrar que se planta maría por razones terapéuticas o simplemente para el autoconsumo. Según el responsable de una grow shop (tienda de semillas, tierra y tecnología para el cultivo en pisos) del área de Santiago, los agentes "cometen el error" de pesar las plantas enteras, cuando el psicoactivo THC (tetrahidrocannabinol) se concentra en los cogollos. Una planta puede pesar un kilo o más, pero la droga no alcanza los 100 gramos. Al llegar al juzgado, se aclara el error, aunque antes la prensa ya ha publicado la cifra difundida por las fuerzas del orden, asociada a las iniciales del vecino.
No obstante, entre las últimas detenciones también había gente que claramente plantaba para vender. "Con la crisis", reconoce el vendedor (con licencia de actividad) de semillas, lámparas de calor y circuitos de riego por goteo, algunas personas están cayendo en la tentación de ampliar el pequeño huerto que los abastecía, porque hasta en una mala cosecha, con la venta ilícita "puede sacarle a cada planta 200 euros".
La marihuana medra en un enorme vacío legal revestido por la maceta de la ley Corcuera. Fumar un porro en un lugar público puede conllevar una multa de 306 euros. Está prohibido hacer que germine un grano (aunque sea por motivos de salud), pero no hay nada escrito que impida vender semillas en grows ni producirlas en un banco de simiente. También se suelen celebrar ferias y eventos con permiso municipal en los que se venden productos relacionados, ceñudas convenciones de catadores y grandes fumadas colectivas como el San Canuto vigués, según AVE María "con permiso de la Subdelegación del Gobierno". Allí, la multitud fuma porros y los agentes "merodean, pero no actúan".
Desde hace dos meses, con las plantas ya bastante desarrolladas y visibles, la Guardia Civil (sobre todo) y las distintas policías llevaron a cabo 30 detenciones de ciudadanos relacionados con cultivos de marihuana en Galicia. Casi siempre el saldo fue de una, o dos personas, por intervención. Hay que retrotraerse al 18 de julio para tropezarse en los teletipos con la noticia de un arresto de 16 personas. Eran vecinos de Rianxo, implicados, según los agentes, en el cultivo esmerado y tecnificado de 250 plantas en un terreno de Portas. Fue una de las aprehensiones más grandes que se recuerdan en Galicia, aunque el récord, de momento, sigue ostentándolo el decomiso, en 2009, de casi 400 ejemplares que, según la Guardia Civil, cultivaba un matrimonio mayor al calor de invernaderos en Oia.
Pese a que la zona donde más prospera la marihuana son las Rías Baixas, las hay sembradas al aire libre en toda la comunidad. Un vecino de Quiroga explica que allí funciona, más que la venta, el trueque. El otro día, un anciano de su parroquia le ofreció un depósito para gasoil de 1.000 litros a cambio de una parte de su cosecha, camuflada entre la vegetación courelá. AVE María calcula que las plantaciones al exterior, actualmente, pueden llegar a 1.500 en toda Galicia. Cuando se descubren suele ser "por chivatazos de vecinos" enfrentados, aunque las llamadas guerrilheiras, plantadas en pinares o carballeiras, suelen aparecer durante los trabajos de prevención (o extinción) de incendios.
"En Galicia hay más control que en el resto de España por los fuegos forestales. El Seprona anda mucho por el monte", comenta uno de los dos socios de North of Seeds, una empresa distribuidora (la primera que hay en Galicia) de distintas variedades de semilla de cannabis feminizadas (la droga se obtiene de las plantas hembra). North of Seeds fue fundada hace un año en Caldas a consecuencia de la crisis del ladrillo: "Trabajaba en la construcción y me quedé en el paro", cuenta el responsable, que prefiere obviar su nombre, "entonces, decidimos montar la empresa". El objetivo es llegar a ser un banco (producir semilla propia) pero, de momento, la compran fuera, la envasan y la distribuyen a tiendas, siempre especificando en la etiqueta que está prohibido plantarla y solo es un objeto de "colección". Otras marcas dicen "de uso decorativo".
Tres semillas cuestan unos 25 euros. En 12 meses, y siendo aún unos desconocidos, los de Caldas han despachado 8.000 semillas de éxito casi garantizado ("el 98%" van para arriba). Pero esta cantidad, los distribuidores veteranos "pueden venderla en una semana", aseguran en North of Seeds. "Solo por las semillas, un grow saca al año 80.000 euros".
Agricultores de armario contra la araña roja
En septiembre se cosecha la variedad índica, y en octubre, la sativa, que puede llegar a crecer como un limonero. Estos días la actividad no cesa en las fincas, los montes y los invernaderos. Hay que recoger los cogollos, trabajarlos y almacenarlos para todo el año. En cambio, en las grow shops, que venden libremente semillas sin recibir la visita de los agentes, el ajetreo es constante en las cuatro estaciones porque buena parte de su clientela cultiva en pisos, en armarios especiales (con luz artificial de 250, 400, 600 watios) que se compran en las mismas tiendas y que garantizan cuatro recolecciones anuales. A diferencia de lo que sucede en el campo, la policía casi nunca se mete a segar este cannabis urbano.
Los grow son la prueba evidente de la incongruencia legal. Proliferan ya en muchas localidades gallegas, y hasta hay alguna cadena con locales en varias poblaciones. Una tarde en un establecimiento de Santiago basta para comprobar que la coyuntura económica no les afecta. Entran estudiantes en busca de unos metros de tubo para instalar un extractor, o de una caja de mariquitas producidas en serie en la provincia de A Coruña para acabar con una plaga de araña roja (que ataca, como el mildiu y la botritis, las plantaciones). También personas de más edad que están perdiendo el pelo en su lucha contra el cáncer.
AVE María trabaja con otros colectivos integrados en la Federación de Asociaciones Cannábicas por la legalización de la marihuana, y participa en programas de selección y cata de semillas impulsados por un club de fumadores de Vizcaya. En el País Vasco y en Cataluña, estas sociedades son legales, pagan impuestos altos y desbordan socios. Tienen agricultores en nómina y fincas declaradas.
