Legalización de cannabis, con enfoque de salud

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De acuerdo con el predictamen sobre la legalización del uso de cannabis y sus derivados, se señala que su regulación es bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos, desarrollo sostenible, combatir las consecuencias del uso problemático y reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico.

El documento que circuló entre los integrantes de las comisiones de Justicia, Salud y Puntos Constitucionales del Senado para su análisis, señala que la regulación será para almacenar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar e importar; fumar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir bajo cualquier título.

Señala que corresponde al Estado el “control y la regulación de los actos inmersos” del uso de cannabis, así como de los reglamentos correspondientes, normas oficiales mexicanas y en las disposiciones que resulten aplicables.

Los fines del uso de cannabis y sus derivados autorizados son: lúdico o recreativo para uso personal; para uso compartido entre quienes integran asociaciones; uso comercial; científico y de investigación en las áreas médica o farmacéutica, y terapéutica o paliativa e industrial.

El documento, que podría ser corregido, indica que las conductas o actos que comprenden los usos de cannabis, su resina o preparados “no podrán ser objeto de persecución penal, ni causa de discriminación”, en los términos que la Ley General de Salud y demás ordenamientos legales establecen.

De igual forma resalta que habrá una imposición proporcional y justa del pago de impuestos, así como de derechos a los actos y productos relacionados con cannabis y sus derivados que así lo ameriten; además de regular los precios de cannabis y los productos realizados.

Establece también la creación del Instituto de la Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que “no estará subordinado a autoridad y adoptará sus decisiones con plena independencia”.

Dicho instituto será el responsable de otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias; establecer la regulación y características de éstas, así como sus prórrogas y revocaciones; implementar medidas en el otorgamiento de licencias; aplicar sanciones administrativas; establecer los requisitos que deben cumplir cada una de las personas físicas y morales para obtener las licencias y permisos, entre otros.

Queda permitida la venta de cannabis y sus derivados para el uso lúdico dentro del territorio nacional, la cual se delimitará a los establecimientos autorizados.

El Estado, se indica, otorgará la asesoría, facilidades y acompañamiento a las personas campesinas, indígenas e integrantes de comunidades, micro y pequeños agricultores con el objeto de facilitarles el acceso que permita la plantación de la marihuana de forma legal.