En 2017 se puso en marcha el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para “solucionar el problema de las drogas ilícitas”. Para muchos campesinos el PNIS fue un trozo de esperanza, pero mientras en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios se socializaron y debatieron los componentes del programa, muchos campesinos no supieron mayor cosa. Durante el último año nueve personas han sido asesinadas en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia. Ante la ausencia de alternativas, hoy las movilizaciones campesinas continúan en varios departamentos del país.