Las leyes sobre producción y tráfico de estupefacientes en Colombia resultan muy costosas, congestionas el sistema judicial, saturan las cárceles, dan incentivos perversos para la Policía e implican costos sociales difíciles de medir. La policía, la justicia y las cárceles no dan abasto para atender delitos relacionados con la droga, que son en su mayoría no violentos y de pequeña cuantía. También aumenta el riesgo de prácticas corruptas. Razones de más para cambiar la política.