En los últimos años, América Latina es una de las regiones donde más se ha cuestionado sobre las políticas de drogas planteadas en el mundo. Y aunque se haya avanzado en reformas, el control de sustancias estupefacientes no parece alejarse de la herramienta penal como principal respuesta de gobierno. La judicialización es el proceso recurrente en como se afrontan los problemas vinculados a su producción, distribución y consumo. Según el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) lo anterior se traduce en “encarcelamiento de actores menores del tráfico y en muchas ocasiones las consecuencias recaen en los usuarios”.