Los derechos humanos y las libertades fundamentales emanan de la dignidad y el valor de la persona humana. Son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, lo que significa que nadie puede ser despojado de ellos por consumir drogas, plantar cultivos de uso ilícito o vivir con VIH. De hecho, la tendencia ha sido endurecer las leyes sobre drogas y las directrices para su penalización, estipulando mínimos obligatorios, penas de prisión desproporcionadas e incluso la pena capital en varios países. Sin embargo, el respeto de los derechos humanos al aplicar la legislación sobre drogas se están convirtiendo en elementos básicos de un creciente número de países.
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Derechos humanos y políticas de drogas
Guía básica
El Transnational Institute (TNI) siempre ha creído en la necesidad de encontrar respuestas globales a problemas globales, ha sido un fuerte defensor del multilateralismo y ha abogado por unas Naciones Unidas que funcionen bien y que sean garante de los derechos humanos universales. En lo que respecta a las drogas, nuestra postura es muy clara: el control de estupefacientes debe respetar los derechos humanos.
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Centro Internacional de Derechos Humanos y Políticas de Drogas g Policy
Establecido en 2009, el Centro Internacional de Derechos Humanos y Políticas de Drogas se dedica al desarrollo y promoción de investigación y enseñanza legal innovadora y de alta calidad en materia de políticas públicas sobre el control de drogas y su implementación, en acorde con los principios de derechos humanos internacionales.
El centro tiene el mandato de publicar investigación original, evaluada por pares, en material de drogas y su relación con el derecho internacional sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, y derecho público internacional. El trabajo del centro apoya el desarrollo de politicas publicas sobre drogas que reconcilien las convenciones internacionales en control de drogas con los derechos humanos internacionales. El Centro tambien promueve la investigacion en este tema entre estudiantes de posgrado especializados en derecho y derechos humanos a través de sus vínculos con universidades y colegios alrededor del mundo.
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Vasos comunicantes...
Derechos humanos, cultivo ilícito y desarrollo alternativo
Martin JelsmaTransnational Institute (TNI)
Octubre de 2018¿Cómo podemos solventar las tensiones entre los enfoques actuales en materia de control de drogas y las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos humanos? El marco internacional de de los derechos humanos especifica explícitamente que, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de la ONU y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. En un momento de auge de los mercados regulados de cannabis, es hora de reivindicar los principios del desarrollo alternativo, los derechos humanos y el comercio justo para garantizar un lugar legítimo a los pequeños productores en estos mercados lícitos.
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The Case for International Guidelines on Human Rights and Drug Control
The UN exerts little energy toward ensuring that the domestic drug laws mandated by the treaties are drafted and implemented in a manner that safeguards human rights
Rick Lines, Richard Elliott, Julie Hannah, Rebecca Schleifer, Tenu Avafia & Damon BarrettHealth and Human Rights Journal
March 2017The international drug control treaties contribute directly to an environment of human rights risk and violations. The drug treaties are what are known within international law as “suppression conventions.” Suppression regimes obligate states to use their domestic laws, including criminal laws, to deter or punish the activities identified within the treaty, and are therefore “important legal mechanisms for the globalization of penal norms.” However, while suppression treaties mandate all states to act domestically and collectively to combat crimes defined as being of international concern, they offer no obligations or guidance on what is and is not an appropriate penal response.
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Los pobres se benefician del principio de favorabilidad
Defensa y Justicia - Revista Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador
Diciembre de 2014Ecuador - Durante los tres primeros meses, más de 1.200 personas han sido beneficiadas por la aplicación del principio de favorabilidad (Defensoría Pública – Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, noviembre 2014), en un claro sentido de vanguardia a los derechos fundamentales por parte de los jueces. Sin embargo, aún persisten escenarios donde prima la miopía judicial frente a la legítima exclamación de no continuar privados de la libertad por obra de una ley derogada. Por ello, el principio de favorabilidad además de ser un ideal y fin en sí mismo, ha servido de método para autocriticarnos y demostrar que, en algunos casos, todavía nos hace falta estar a la altura de la Constitución y los derechos humanos. Este es el momento de corregir estos desfases y no esperar que pasen otros cien años… (Jorge Paladines)
Ver aquí la publicación completa de la Defensoría Pública del Ecuador
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Políticas de drogas y Derechos Humanos: reformas en Costa Rica
Legalizar la marihuana para beneficio humano y ecosistémico
Ernesto Cortés Amador y Demaluí Amighetti LópezACEID y Friedrich Ebert Stiftung Costa Rica
Junio de 2014El debate sobre la reforma de las políticas de drogas en Costa Rica es incipiente. Si bien se han realizado esfuerzos por discutir desde perspectivas que superen las enfocadas en cero tolerancia, centradas en la enfermedad y la delincuencia, aún no se ha logrado incorporar el fenómeno de las drogas de manera articulada en su abordaje desde los sectores de justicia, salud, seguridad, educación y desarrollo. Sostener debates que reformulen las actuales políticas de drogas es fundamental para apuntar a acciones que permitan brindar respuestas más efectivas.
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Promoviendo Políticas de Drogas basadas en Derechos Humanos para América Latina
Ponencia presentada en: “Políticas de Drogas desde una perspectiva de Salud Pública y Derechos Humanos” Evento paralelo, 54to Período de Sesiones Ordinarias de la CICAD, Bogotá, Colombia, 10 de diciembre de 2013
"Los países de América Latina pueden asumir el liderazgo para asegurar que las políticas nacionales, regionales y, en última instancia, internacionales para el control de drogas se lleven a cabo en concordancia con el respeto a los derechos humanos de la población que consume drogas y de las comunidades afectadas más ampliamente". Coletta Youngers.
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Los Desaparecidos de México
El persistente costo de una crisis ignorada
Human Rights Watch (HRW)
Febrero de 2013El informe de 193 páginas documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
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Abuso y miedo en Ciudad Juárez
Un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México
Maureen MeyerOficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Octubre de 2010Los habitantes de Ciudad Juárez, México, se encuentran entre la violencia relacionada al tráfico de drogas y las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. El informe analiza las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Ciudad Juárez en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, programa que empezó en marzo de 2008. Los cinco casos descritos en el informe relatan actos de tortura, desapariciones forzadas y hostigamiento sexual contra mujeres.
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Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Anand Grover, Relator EspecialAsamblea General de las Naciones Unidas
A/65/255
Agosto de 2010El actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia.
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