Seis años después de la revolución que derrocó al tirano Ben Alí, las autoridades de Túnez modificarán una de las leyes asociadas a la dictadura que mayores estragos causaron en la sociedad de este país magrebí. La llamada Ley 52 establece una pena mínima de un año de cárcel para cualquier persona que consuma o se halle en posesión de cualquier tipo de droga, privando a los jueces de la potestad de reducir la condena en base a algún atenuante. Próximamente, y por decisión de la presidencia del país, el simple consumo de un porro ya no llevará automáticamente a la cárcel.