Despenalizar es la tendencia continental
Expertos en narcotráfico reunidos en perú
9 de febrero de 2010
Analizaron las políticas implementadas en América Latina. Desde la despenalización del consumo hasta la reducción de penas para las “mulas”, entre las opciones.
Fue como un día de cosecha. En un salón limeño en el que se vendían delicias preparadas con hoja de coca, expertos de siete países de América Latina, los Países Bajos y Estados Unidos repasaron lo que ya marcan como toda una tendencia: romper con las políticas prohibicionistas a ultranza de las drogas para pasar a una época de tolerancia y despenalización del consumo. Académicos, investigadores, ONG y funcionarios marcaron cómo las normas han cambiado o están por cambiar en un puñado de países, después de cuarenta años de seguir al pie de la letra el modelo conservador norteamericano. En el seminario “Las reformas en América Latina en legislación sobre drogas” los expertos se pasearon por un panorama lleno de claroscuros: desde la liberación de dos mil “mulas” utilizadas por el narcotráfico en Ecuador, donde se proyecta no incriminar el consumo, hasta la reforma colombiana, que intenta ir en sentido contrario, y la brasilera, que busca darles alternativas de prisión a los pequeños dealers. Un lugar protagónico tuvo la argentina cuando ayer, al cierre del encuentro en la Alcaldía de Surquillo, un municipio de Lima, le entregó la Medalla al Mérito Surquillano a la fiscal Mónica Cuñarro, líder del grupo de académicos que preparó para el gobierno de Cristina Kirchner un proyecto de ley que despenaliza la tenencia para consumo personal, ya en manos de la Presidenta pero todavía reservado.
Convocado por tres organizaciones internacionales con peso y trayectoria en el tema –el Transnational Institute (TNI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro de Investigaciones Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)–, el seminario se hizo en Perú, uno de los países productores de la región en un intento de llamar la atención del gobierno y la justicia peruanos por el nivel de “atraso” de las políticas y la legislación actual.
La situación de los locales se diferencia de lo que pasa en Argentina, Ecuador, México, Chile, Brasil y Bolivia, donde ya se han hecho reformas o se espera que se produzcan este año. Ése es el caso de la Argentina, por quien habló Cuñarro, secretaria ejecutiva de la comisión de notables creada por el Gobierno: más que describir lo que hará Cristina Kirchner con el tema, repasó el fallo Arriola, de la Corte Suprema de Justicia, que despenalizó la tenencia para consumo personal y recordó las órdenes de cambiar el eje que le dieron los jueces al gobierno nacional. La fiscal marcó que, así como castigar a los usuarios de sustancias es inconstitucional en la Argentina, lo es “en toda la región”, porque todos los países han firmado pactos internacionales de derechos humanos que contradicen la penalización del consumo.
Cuñarro estuvo en una mesa junto a la viceministra de Justicia de Ecuador, Karina Peralta Velásquez, y Fredy Rivera, el subsecretario de Seguridad Interior de Rafael Correa. El plan de reformas ecuatoriano esta a la vanguardia entre los antiprohibicionistas. Los funcionarios, cercanos al presidente Correa, primero aclararon que la decisión de liberar a dos mil personas que estaban presas por haber sido “mulas” del narcotráfico no fue para evitar el hacinamiento carcelario –un drama continental– sino un “asunto de justicia”. La ministra Peralta detalló un proyecto de ley en el que habrá penas muy diferentes para el gran productor y aquellos que “por su pobreza y necesidad son utilizados para transportarla”.
Por ejemplo, el castigo para un dealer de poca monta sería de un año de prisión. En la misma vía están los brasileros. Luciana Boiteux, de la Universidad de Río de Janeiro, dirigió una investigación a pedido del presidente Lula da Silva en la que se demuestra que la ley actual, aunque no penaliza el consumo, permite encerrar al 50% de los 70 mil presos por tráfico que hay en Brasil, que al ser revisados por la policía llevaban encima menos de 22 gramos de sustancias ilegales. Boiteux explicó que los jueces de su país encierran a cualquier habitante de las favelas que lleve una mínima cantidad encima “porque consideran que por el solo hecho de vivir allí son cómplices del crimen organizado”. El gobierno de Lula, dijo, analiza si descriminaliza la tenencia de cantidades establecidas y fija penas alternativas a la cárcel para los que hoy van presos.
Un capítulo aparte mereció la política de drogas del gobierno de Barack Obama. “Estados Unidos está empezando a dar pasos interesantes hacia el cambio”, dijo Coletta Youngers, de WOLA. “Su administración ha observado tranquilamente las reformas que están sucediendo en América Latina, incluso está considerando cambios a su propia política interna, entre ellos poner mas énfasis en la prevención y el tratamiento en EE.UU.”. La investigadora recordó que en diciembre la Cámara de Representantes decidió crear una comisión de expertos –al estilo Cristina que tuvo ya la suya– para rever lo que Estados Unidos ha marcado como una tendencia global: demonizar las drogas y declararles la guerra. Ese mero hecho, opinó la experta norteamericana, es reconocer que la política actual ha sido un total fracaso.
