Matemáticamente detenidos, geométricamente condenados
La punitividad de los umbrales y el castigo al microtráfico
Mayo de 2017
En Ecuador, las penas a los delitos relacionados con las drogas dependen de una definición matemática. Los umbrales o tablas establecen la cantidad de castigo que una persona podría recibir en función de ciertas sustancias y sus pesos. Se trata de una métrica que sintoniza a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial alrededor de la “guerra contra las drogas”. Por ello, sus ajustes y reajustes no solo definen el núcleo de nuestra política-criminal, sino quizá nuestra propia impronta social y cultura del castigo.
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Criminológicamente, todo repunte en las detenciones debe resolver la incógnita de si se detuvo más porque se cometieron más delitos. De lo contrario, habría una distorsión institucional que merecería serios ajustes, pues a veces el propio sistema penal acelera su capacidad punitiva por encima de las acciones cometidas en la calle. Se trata de una dimensión paralela que podría generar un espejismo dentro de la política criminal, toda vez que no siempre el aumento de presos responde a una tendencia de mayor comisión de delitos y, por ende, de una real inseguridad ciudadana.
En otras palabras, la respuesta al incremento de presos no necesariamente se relaciona con el aumento de delitos, así como tampoco con las respuestas estatales para sancionarlos. El aumento de las tasas de encarcelamiento puede devenir también de la dureza e inflexibilidad de las decisiones judiciales (menos garantías), la prolongación de los castigos (más punitividad) o la selectividad en las detenciones (cuotas por tipo de delito), elementos que no dejan de ser tributarios a contextos políticos y giros punitivos coyunturales
De cualquier manera, el “microtráfico” no tiene una clara definición internacional, nacional y técnico-legal. A nivel global, se entendería que existe un mensaje de menor punitividad por parte de las Naciones Unidas, para que así las respuestas estatales no siempre reposen en el encarcelamiento. De hecho, son renuentes las directrices que subrayan en medidas alternativas, a la vez que no dejan de aparecer los “cortos” mediante párrafos que destacan la necesidad de condenar el tráfico al detal.
A nivel local, Ecuador asienta su contradicción precisamente sobre las personas de los eslabones más bajos en la cadena de los delitos relacionados con las drogas. Hubo una “ola” para visibilizar el dolor de los detenidos a través de penas más proporcionales, pero también se desató una “contraola” para aumentar sus castigos. El mismo gobierno que articuló políticas públicas más flexibles, endureció las penas en aras de evitar un latente problema de (in)seguridad ciudadana. El meollo de la política criminal son las tablas o umbrales, lugares donde se ejerce la Realpolitik en materia de drogas. Se había relacionado a las primeras tablas con la impunidad de los delitos de tráfico; por ello la necesidad de su inminente reforma para asegurar que los “malos” ahora sí estén en la cárcel.
