Una nueva política de drogas es posible
Realidades y desafíos del caso de Uruguay
Policy Paper 44
Septiembre de 2012
La prohibición y la exclusividad del control penal y criminal del uso de ciertas drogas le están generando a Uruguay más problemas que las mismas drogas. Las políticas prohibicionistas han mostrado ser ineficaces para reducir los riesgos y daños individuales y sociales de consumir sustancias psicoactivas, y además han agravado los problemas sanitarios y sociales, generando negocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia sistémica nunca antes vistos.
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Si bien la mayoría de los usuarios de marihuana en Uruguay tienen un vínculo ocasional con la sustancia que no reviste mayores problemas para su salud física, se exponen a riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de acceder ilegalmente a esta droga.
Por ello y tomando en consideración diferentes experiencias en el ámbito internacional, Uruguay ha decidido implementar una política para separar el mercado de la marihuana del de las otras drogas y así reducir el riesgo de contacto con el mercado de drogas más riesgosas, como la pasta base o la cocaína; y para evitar que los usuarios de marihuana sean estigmatizados o tratados penalmente y trabajar con programas educativos que den información que les permita tomar decisiones informadas y responsables.
Además, Uruguay buscará diversificar y ampliar del sistema nacional de atención a las personas con problemas de drogas, mediante los impuestos a la comercialización legal de cannabis.
Objetivos centrales de la iniciativa de regulación del mercado de cannabis
El Proyecto de Ley propuesto por el Poder Ejecutivo pretende ser un instrumento idóneo para brindar soluciones a los aspectos reseñados, y particularmente para:
• La separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas, de forma que se reduzca significativamente el número de nuevos ingresos de personas al mercado de drogas toxicológicamente más riesgosas, como la pasta base o la cocaína.
• La normalización e inclusión social plena del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos, y con toda la sociedad, a partir de programas y campañas educativas que apunten a darles información veraz y creíble sobre el tema, para que puedan tomar decisiones informadas y responsables, y sepan además calcular y gestionar de una forma más eficiente los riesgos del uso de esta sustancia.
• La profundización (mediante los gravámenes que conllevará la comercialización legal de cannabis, entre otros aspectos) del desarrollo y diversificación del sistema nacional de atención a las personas con problemas de drogas, para dar respuestas eficientes y acordes a las distintas situaciones de consumos problemáticos que presenten los usuarios.
• Desarrollar un combate frontal al narcotráfico arrebatándole un negocio que según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y violencia para el conjunto de la sociedad.
