Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
A/65/255
Agosto de 2010
El actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia.
Si bien es cierto que las drogas pueden tener un efecto pernicioso en la vida de las personas y en la sociedad, este régimen excesivamente punitivo no ha logrado cumplir sus objetivos de salud pública y ha dado lugar a un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos.
Las personas que consumen drogas tal vez eviten acudir a los servicios debido a la amenaza de recibir una sanción penal o sencillamente porque temen que se les niegue el acceso a la atención de la salud. La penalización y las prácticas represivas excesivas también menoscaban las iniciativas de promoción de salud, perpetúan el estigma y aumentan los riesgos de salud a que se exponen poblaciones enteras, no sólo los que consumen drogas. Algunos países encarcelan a los consumidores de drogas o les imponen tratamientos obligatorios o aplican ambas medidas. El régimen internacional de fiscalización de drogas vigente también limita innecesariamente el acceso a medicamentos esenciales, lo que atenta contra el disfrute del derecho a la salud.
El objetivo primordial del actual régimen internacional de fiscalización de drogas, enunciado en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, es la “salud física y moral de la humanidad”, pero el enfoque aplicado actualmente para luchar contra el consumo y la tenencia de drogas conspira contra ese objetivo. La generalización de intervenciones que reduzcan los daños causados por el consumo de drogas (iniciativas de reducción de los daños asociados a las drogas) y de la destipificación en algunos ámbitos relacionados con la lucha contra las drogas mejorarían visiblemente la salud física y moral de las personas que consumen drogas y de la población en general. Las entidades de las Naciones Unidas y los Estados Miembros también deberían adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en el derecho a la salud, además de alentar la coherencia y la comunicación a nivel de todo el sistema, incorporar el uso de indicadores y directrices y considerar la posibilidad de elaborar un nuevo marco jurídico en relación con determinadas drogas ilícitas, a fin de asegurar el respeto, la protección y el disfrute de los derechos de las personas que consumen drogas.
Recomendaciones
Los Estados Miembros deberían:
• Garantizar que todas las medidas encaminadas a reducir los daños ocasionados por las drogas (conforme los detalla el ONUSIDA) y los servicios destinados a tratar la dependencia de las drogas, en especial, la terapia de sustitución de opiáceos, estén a disposición de los consumidores de drogas, sobre todo entre la población penitenciaria.
• Destipificar como delito o despenalizar la posesión y el uso de drogas.
• Derogar o reformar de manera importante la legislación y las normas que coartan la prestación de servicios de salud esenciales a los consumidores de drogas, y examinar las iniciativas relativas a la imposición de la ley en materia de fiscalización de drogas para garantizar que se cumplan las obligaciones ligadas a los derechos humanos.
• Enmendar las leyes, las regulaciones y las normas para aumentar el acceso a los medicamentos esenciales sujetos a fiscalización.
Los organismos de las Naciones Unidas competentes en materia de fiscalización de drogas deberían:
• Integrar los derechos humanos en la respuesta al problema de las drogas a través de leyes, medidas y programas.
• Fomentar una mayor relación y diálogo entre las entidades de las Naciones Unidas que se interesan por los efectos del consumo y el mercado de las drogas, y las políticas y los programas de fiscalización de drogas.
• Estudiar la creación de un mecanismo permanente, como una comisión independiente, que permitiera a las entidades que operan en al ámbito de los derechos humanos contribuir a la elaboración de la normativa en materia de drogas, y supervisar su aplicación nacional, con el objetivo principal de velar por la salud y los derechos humanos de los consumidores de drogas y las comunidades en las que viven.
• Formular directrices que sirvan de referencia a las entidades competentes para adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en los derechos humanos, y crear e implantar indicadores basados en los derechos en el ámbito de la fiscalización de drogas y del derecho a la salud.
• Considerar a largo plazo la creación de un marco regulador alternativo en materia de drogas, basado en modelos como el Convenio Marco para el Control del Tabaco.
