Portugal: playas doradas al borde del mar mediterráneo, pintorescos pueblos de pesca y las leyes de regulación de estupefacientes más liberales de toda Europa… Aunque sea Ámsterdam, la capital de Holanda, y la bruma de marihuana de sus “tiendas de café” lo que generalmente se viene a la mente cuando se habla de políticas liberales, en realidad el gobierno de ese país nunca ha legalizado ni descriminalizado la droga.

Portugal, en cambio, dio un paso más allá en 2001, cuando aprobó una legislación que descriminalizó el uso y la posesión personal de todas las drogas ilícitas, incluidas la heroína y la cocaína, en una respuesta al grave problema de drogas en el país. Siete años después, quienes han seguido de cerca el proceso comienzan a sugerir que es hora de empezar a recoger los frutos positivos de esta experiencia.

Las drogas y el narcotráfico todavía son ilegales en Portugal. Sin embargo, la descriminalización permitió que los consumidores dejen de ser considerados criminales, pues el uso y la posesión ya no son delitos. Si antes de la legislación, un portugués era capturado consumiendo drogas, era arrestado y, en la mayoría de los casos, encarcelado. Si  ese mismo consumidor es detenido hoy, se le decomisan las sustancias, las autoridades toman sus datos y luego se le sugiere  tratamiento clínico  para superar la adicción.

La fórmula del cambio

Se trata de “ver al drogadicto como un enfermo, que no obstante es responsable por un comportamiento que todavía es considerado una ofensa en Portugal”, le explicó a El Espectador João Goulão, “zar de la droga” y jefe del Instituto de Droga y Toxicodependencia de Portugal.

A finales de los noventa,  Portugal, en particular su capital Lisboa, experimentaba un crecimiento brusco en el consumo, especialmente de la heroína. Y tras el fracaso del enfoque criminal, el  gobierno determinó que no había otra opción que descriminalizar el consumo.

Las medidas funcionaron. “La descriminalización ha demostrado ser una medida viable de lucha contra el abuso de la droga; ha incrementado los recursos disponibles en el área de la reducción de demanda y ha provocado una reducción significativa de la exclusión social de los drogadictos”,  aseguró Goulão.

Las cifras lo demuestran. Según un reciente reporte publicado por el Instituto Cato, un reputado centro liberal de investigación con sede en Washington, el índice de uso de casi todas las sustancias ilícitas ha disminuido en la mayoría de edades. Quienes defienden esta política, argumentan que el índice de “prevalencia por vida” del uso de una cierta droga (que mide cuántas personas han consumido estupefacientes durante su vida hasta el momento de la medición) disminuyó en los grupos considerados más sensibles: 13-15 años y 16-18.

En estos segmentos, el consumo disminuyó de 14% a 10% y de 27,6% a 21,6% respectivamente. Con esta misma metodología, los grupos de adultos registran un aumento, pero Goulão asegura que esto es resultado de la metodología de medición, ya que las nuevas generaciones que van envejeciendo registran de por sí un mayor consumo.

Las cifras más impresionantes son las que tienen que ver con problemas generados por el abuso de la droga: el número de casos de VIH/Sida reportados entre drogadictos ha descendido de 1.400 en 2000 a 350 en 2006, mientras el número de muertos relacionados con la droga pasó de 400 en 1999, a 290 en 2006. Además, el índice del narcotráfico, evaluado por el número de personas condenadas por ese crimen, está en los números más bajos de los años recientes, aproximadamente 1.600, comparado con casi 3.500 hace diez años.

En el tratamiento y la prevención del consumo, dos objetivos clave de la ley, también ha habido mejorías. Glenn Greenwald, analista estadounidense autor del informe de Cato, asegura que “los obstáculos principales que impedían políticas efectivas del gobierno para enfrentar los problemas eran las barreras al tratamiento y el derroche de recursos, resultado del régimen de criminalización”.

Criminalizar a los consumidores los llevaba a la clandestinidad, lo que subía el riesgo a la salud e impedía a muchos buscar tratamiento, tanto por la falta de algún mecanismo legislativo que lo ofreciera como por el estigma que llevaba la adicción. “El temor del ciudadano de ser identificado como un usuario era inmenso”, afirma  Goulão.

Hoy, los consumidores pueden ser llevados ante una “comisión de disuasión” (invitación  que  puede ser rechazada sin repercusiones penales). Allí, un grupo de  tres personas, que incluye a un abogado o juez, y un funcionario de asistencia sanitaria o de los servicios sociales, pueden recomendar tratamiento, impartir una multa, o no tomar ninguna medida. Este nuevo sistema ha incrementado en 147% la cantidad de individuos que buscan tratamiento.

La atención y prevención

En la Unión Europea, Portugal tiene hoy el índice más bajo de consumo de  marihuana entre las personas con más de 15 años.  Mientras que en Estados Unidos, 39,8% de los mayores de 12 años ha consumido marihuana, en Portugal la cifra no pasa el 10%.

El estigma ha desaparecido gradualmente tras la nueva ley, lo que de paso ha despertado la conciencia del público y ha hecho a la gente más participativa a la hora de opinar sobre los problemas y soluciones posibles. Esto ayuda al gobierno a formular políticas viables y bien informadas.

Según el reporte anual de la UE sobre el problema de la droga, “el público en general ahora está  mejor informado sobre esta materia   y exige más. Hace unos años, la mayoría no habría sabido en qué consistía la prevención, ahora sí sabe, lo que permite que las agencias públicas deban tener mucho más cuidado con la calidad de los servicios que proveen”.

En momentos en que en diversas instancias del poder global, desde funcionarios de la administración Obama hasta los ex presidentes de México, Colombia y Brasil, abogan por un enfoque distinto al problema de las drogas, llama la atención lo poco que la experiencia portuguesa es tenida en cuenta por otros países.

Según el Instituto de la Droga y la Toxicodependencia de Portugal, “algunos  países de la Unión Europea han mostrado interés en la experiencia portuguesa”. España y Alemania han adoptado políticas “de facto” de descriminalización, mientras que la prensa, en particular del Reino Unido y Noruega, han visitado el país tras la publicación del estudio del Instituto Cato. João Goulão es hoy una autoridad en la materia, y  ha sido invitado a una conferencia internacional sobre política antinarcóticos en Argentina.

Para João Goulão la descriminalización no tuvo ningún efecto negativo sobre el país; al contrario, dice, el impacto de las drogas sobre las familias y la sociedad portuguesa en general es menos ahora. Y concluye: “Cada país debe encontrar el modelo más adecuado a su realidad, pero debo advertir que la discriminalización no es un camino fácil”.

“La guerra contra la droga ha fracasado”

Esta declaración, pronunciada por un trío de ex presidentes latinoamericanos, recoge la posición de varios expertos sobre la legalización de la marihuana. El reporte fue presentado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, en febrero.

César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Cardoso, de Brasil,  insistieron en un nuevo enfoque sobre el problema de la droga, que ha vuelto a atormentar la región. Afirmando que hay que separar la droga del crimen y vincularla con la salud pública, abogaron por una campaña de “disuasión”.