Últimamente, se han observado indicios evidentes de un giro en los enfoques adoptados por los Gobiernos con respecto al cannabis recreativo. Uruguay en 2013 y Canadá en 2018, así como varios estados de los Estados Unidos desde 2012, han tomado medidas para controlar el cannabis a través de mercados regulados desde la semilla hasta la venta, en lugar de prohibirlo. Más recientemente, el nuevo presidente de México y el nuevo Gobierno de coalición de Luxemburgo y Malta también han anunciado su intención de regular el mercado del cannabis recreativo. Esta se considera cada vez más una vía más prometedora para proteger la salud y la seguridad de las personas, y ha cambiado el panorama de las políticas de drogas y los términos del debate.

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El modelo prohibitivo no ha demostrado ningún efecto sostenido en la reducción del mercado y, al mismo tiempo, impone grandes cargas a los sistemas de la justicia penal; genera consecuencias sociales y de salud pública profundamente negativas; y da lugar a un mercados delictivo que alimenta la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción. Mientras que la reforma de las políticas de cannabis está cobrando impulso en el continente americano, Europa parece estar quedándose a la zaga. Sin embargo, al mismo tiempo, las demandas de cambio de las autoridades locales, que deben lidiar con las consecuencias negativas de los mercados locales ilícitos de cannabis, van en aumento.

Las autoridades locales de varios países están buscando formas de regular sus mercados de cannabis recreativo. No obstante, en el plano de la UE, los debates en torno a la política del cannabis han planteado muchas dificultades, y los Gobiernos nacionales siguen mostrándose reacios a discutir la posibilidad de una regulación a escala nacional. Ante esta realidad, municipios de los Países Bajos y otros países de Europa, sobre todo en Alemania, Dinamarca y Suiza, abogan cada vez más por que se regulen los mercados de cannabis recreativo. Mientras tanto, Bélgica y España han sido testigo del auge de los clubes sociales de cannabis (CSC), que constituyen un intento por parte de la sociedad civil de desarrollar ‘circuitos cerrados', que suministran cannabis exclusivamente a sus propios socios adultos a través del cultivo colectivo. Estos cambios han presionado a las autoridades en todos los niveles y les exige que adopten una postura clara sobre la regulación del cannabis.

Con el objetivo de analizar estos cambios, un estudio reciente examinó las últimas novedades ocurridas en la política de cannabis de seis países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, los Países Bajos y Suiza) donde las iniciativas locales han incidido en dicha política en varios sentidos. En el estudio participaron investigadores e investigadoras de cada país, que exploraron sus diversas iniciativas y propuestas, así como las respuestas de las personas responsables de formular las políticas y la posible evolución de cara al futuro. Estas investigaciones se compartieron entre los equipos investigadores, así como con responsables de políticas y la sociedad civil, en un seminario interactivo celebrado en Bruselas en noviembre de 2018, que permitió que participantes de los seis países aprendieran sobre las iniciativas y oportunidades que estaban surgiendo en los demás países. El estudio reveló que, en cada país, hay autoridades locales que desean avanzar con soluciones innovadoras a los problemas asociados con los mercados ilícitos de cannabis no regulados en sus jurisdicciones.

Puntos clave

• En un momento en que Gobiernos de todo el mundo están estudiando nuevas políticas en materia de cannabis, el debate sobre la regulación del cannabis recreativo a escala nacional en Europa se encuentra en un punto muerto en la mayoría de los países.

• Los Gobiernos nacionales de Europa están sujetos a obligaciones internacionales —los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas (ONU) y la legislación de la Unión Europea (UE)— que limitan su margen de maniobra, en especial en lo que se refiere al suministro de cannabis (no medicinal).

• Un estudio de seis países europeos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos y Suiza) reveló una gran diversidad de iniciativas de alcance municipal y regional, que respondían a la situación de ‘estancamientoí en la regulación del cannabis recreativo.

• Las ciudades asumen unos costes sustanciales a raíz de las políticas prohibicionistas y tienen la capacidad de actuar como ‘laboratorios' para generar políticas innovadoras (como lo hicieron, por ejemplo, con el desarrollo de las políticas de reducción de daños en la década de 1990), pero, para este fin, se necesita una nueva legislación que los Gobiernos nacionales se muestran poco dispuestos a promulgar.

• Desde fines de la década de 1960, y ante la imposibilidad de erradicar el uso de cannabis, en Europa ha prosperado cierta tolerancia hacia esta droga y una tendencia a distinguir entre drogas ‘blandas' y ‘duras'. Los seis países estudiados se han decantado por lo que se conoce como ‘deserción blanda' del régimen prohibicionista, pero el suministro de cannabis se ha mantenido estrictamente prohibido.

• En la práctica, suelen ser las autoridades locales las encargadas de gestionar las ‘zonas grises' que se derivan de las deserciones blandas y de las brechas en la política del Gobierno.

• Varias ciudades y autoridades regionales están buscando oportunidades para regular el cannabis. Algunas autoridades subnacionales en los países del norte de Europa están apostando por proyectos experimentales o piloto con mercados regulados de cannabis recreativo, con diferentes niveles de éxito.

• El punto de partida para regular los mercados de cannabis recreativo es distinto en cada uno de los seis países analizados. Los Países Bajos y España cuentan con sistemas de dispensarios a partir de los que se podría estructurar una regulación. En otros países, las autoridades locales deben empezar desde cero.

• La adaptación local y la gobernanza multinivel podrían ofrecer marcos de políticas para que las personas responsables de formular las normas de la UE incorporen mejor las demandas de las autoridades locales y apoyen la elaboración de políticas de drogas más adaptadas al entorno local, al tiempo que mantienen los beneficios de la cooperación a escala europea en algunos ámbitos clave.

Elaborado en el marco del proyecto Nuevos Enfoques en Políticas y Prácticas de Reducción de Daños.