Las organizaciones defensoras de los derechos humanos firmantes, nos dirigimos a Ustedes en ocasión de esta IV Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) para dar seguimiento al llamado hecho a los gobiernos de la región en ocasión de la XLIII Asamblea General de la OEA del pasado mes de junio, de hacer una revisión de la orientación de las políticas de drogas que vienen llevándose adelante en las Américas.

La carta en PDF con la lista de firmantes

Esta reunión de Ministros debe continuar y profundizar los compromisos asumidos por los Estados parte en la Declaración de Antigua "Por una Política Integral Frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas". En este sentido, reiteramos la importancia de continuar el diálogo iniciado en Antigua y los esfuerzos conjuntos de los Estados sobre las políticas de drogas, haciendo hincapié en que éstas deben tener a los derechos humanos y la reducción de la violencia como un elemento central.

Entendemos fundamental que las y los ministros encargados de la seguridad en las Américas se involucren en el diálogo tanto en oportunidad de esta MISPA IV, así como en cualquier otro espacio que en su marco se genere. Su participación activa en este necesario diálogo cobra relevancia en el actual escenario regional marcado por las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas, que han centrado el debate sobre drogas en el ámbito de la seguridad. En nuestra región, la estructura y organización de las redes criminales que manejan los mercados ilegales de drogas han penetrado y corrompido las instituciones de gobierno, incluyendo las policías, socavando su capacidad de proveer de seguridad a las comunidades. Es por eso que pensamos que se deben comenzar a debatir cambios en la respuesta estatal frente a este asunto tanto en el campo de la seguridad en relación al crimen organizado, como en el fortalecimiento de la oferta de políticas sanitarias de prevención y tratamiento a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias (tanto legales como ilegales), y estableciendo una política criminal tendiente a reducir el fuerte impacto de las políticas de drogas en los sistemas penitenciarios.

Las organizaciones firmantes instamos a los gobiernos a profundizar el diálogo y a establecer una agenda de trabajo que contenga líneas de discusión y acción concretas para reducir los impactos negativos de las políticas de drogas en los derechos humanos, incluyendo, entre otras:

Implementación de políticas orientadas a reducir la violencia. Los esfuerzos para la aplicación de la ley se han enfocado tradicionalmente en reducir la escala o el tamaño del mercado de drogas ilícitas, prestando escasa atención a cómo éstas políticas podrían llevar a incrementar —o reducir— la violencia. Las decenas de miles de personas asesinadas en México en años recientes han mostrado claramente tales daños. En última instancia, la meta debería ser minimizar el daño causado por la violencia en las comunidades por fenómenos como el tráfico de sustancias, el control violento de territorios, el tráfico de armas, de personas, y también por las propias políticas de drogas que vienen implementándose.

Revisión de la proporcionalidad en las penas por delitos vinculados con drogas, diferenciando según su gravedad, el uso de violencia, y el nivel de responsabilidad de los autores en las estructuras criminales. Las leyes que prescriben penas para los delitos de drogas deberían reformarse, permitiendo alternativas a la cárcel para delitos no-violentos, en particular los cometidos por personas en situación de vulnerabilidad, como muchas mujeres de la región.

Incorporación de una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres. Las políticas criminales centradas exclusivamente en los delitos de comercialización y tráfico y persecución de las y los usuarios ha golpeado a personas en mayor situación de vulnerabilidad por motivos de pobreza, marginalidad, migración u otros. Al mismo tiempo, el impacto ha sido claramente diferencial entre los sexos, con mayor fuerza sobre las mujeres. Las poblaciones más pobres, marginales, las mujeres son quienes dan rostro al fracaso de este abordaje. Sin duda, esto ha contribuido a la sobrepoblación carcelaria, a la violencia intramuros, y a la multiplicación de la cantidad de mujeres privadas de su libertad. A pesar de que ellas constituyen los eslabones menores de las cadenas de tráfico, las “mulas” o micro-traficantes son quienes pueblan las cárceles, muchas veces en compañía de sus hijos e hijas pequeños.

Descriminalizar el consumo, la tenencia de estupefacientes y el cultivo para consumo personal. La criminalización de las personas que consumen drogas intensifica su marginación y estigmatización. Las minorías y las personas pobres se ven especialmente afectadas, ya que suelen ser el principal objetivo de las intervenciones de aplicación de la ley. Los gobiernos deberían estudiar la posibilidad de adoptar la descriminalización como respuestas alternativas a la criminalización de las personas que consumen drogas ofreciendo políticas sanitarias para los consumidores problemáticos dentro del ámbito de la salud pública y que no conduzcan a su estigmatización. Ello implica separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad; solo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo.

Todas estas medidas, además de adecuarse a principios respetuosos de los derechos humanos, ayudarían a la reducción de los índices de encarcelamiento, al delimitar las conductas delictivas relacionadas con las drogas. El hacinamiento carcelario constituye una de las principales causas de violaciones a los derechos humanos en la región, repercutiendo también fuertemente en las familias de las y los detenidos y sus condiciones de vida.

Revisar la utilización de las fuerzas armadas en operativos antidrogas. La militarización, eje de la guerra contra las drogas, ha demostrado ser inefectiva y contraproducente: los índices de corrupción, inseguridad y violencia han ascendido en los territorios donde las Fuerzas Armadas han actuado, constituyéndose en un actor más que colabora en la escalada del uso de la fuerza y armamentos. Esto no sólo no ha contribuido a resolver el problema de la oferta, sino que ha impactado negativamente en el respeto a los derechos humanos, la militarización de la seguridad pública, la desprofesionalización de las fuerzas y el borramiento de la frontera entre seguridad y defensa.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Ministros de Seguridad de las Américas para continuar el diálogo iniciado en Antigua y dar seguimiento a las actividades acordadas, buscando alternativas a las políticas militarizadas y de “mano dura” que han incrementado los niveles de violencia en la región, sin lograr los resultados buscados. Instamos a los gobiernos también a incluir la participación de la Sociedad Civil en este diálogo, así como reforzar sus compromisos con el fin de situar a los derechos humanos en el centro del debate.

La carta en PDF con la lista de firmantes