Hace un año, en la sesión 59ª de la CND, el gobierno de Colombia instó a la comunidad internacional a debatir abiertamente los resultados obtenidos en 50 años de guerra contra las drogas (en el marco de la discusión sobre la UNGASS). En medio de este discurso se resaltaba la necesidad de mejorar el entendimiento y la atención a los factores sociales y económicos que subyacen al cultivo de coca, cannabis y/o amapola, de manera que las metas de reducción de cultivos no se tomaran al margen de estas consideraciones estructurales.

Descargar la declaración (PDF)

Desde aquel entonces, Colombia ha asumido una serie de compromisos, derivados de la UNGASS 2016 y del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP. Respaldamos el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Tras años de guerra, este es el momento histórico más relevante para acciones transformadoras en el país, por lo que no es deseable que la visión tradicional de la política de drogas se convierta en un obstáculo para consolidar la paz en los territorios lejanos y olvidados, donde los derechos de las comunidades deben materializarse.

Celebramos que el Acuerdo reconozca que la “persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional” y que se insista que “la política debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia (…) de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades”. Además, saludamos la preocupación por dar un tratamiento penal diferenciado a “los campesinos y campesinas y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito”.

El Acuerdo de Paz podría interpretarse con una secuencia lógica y apropiada, donde en primer lugar a los pequeños labriegos se les retire de la órbita penal, exista concertación, sustitución voluntaria, participación comunitaria decisoria, acceso a desarrollo rural integral y sólo en el evento de que esto no sea posible (incluso por estrictas razones de orden público que no permitan la sustitución) se podría hacer uso de la erradicación, la cual en todo caso debería ser manual y sin químicos.

Este Acuerdo de Paz representa una esperanza para las comunidades rurales con las que el Estado tiene una deuda histórica, ya que no se trata solamente de llevar a cabo planes para sustituir y reducir las hectáreas cultivadas, sino que se trata de construir conjuntamente la relación entre el cultivo de plantas prohibidas y la Reforma Rural Integral, la cual incluye acceso a tierras, créditos, mercadeo, comercialización y mejores enfoques de aproximación desde una perspectiva de derechos humanos.

Sin embargo, manifestamos hoy nuestra profunda preocupación por las contradicciones que se están presentando en la temprana fase de implementación de los acuerdos y de discusión del Plan Nacional de Sustitución. Durante las últimas semanas varias poblaciones rurales del país han sido objeto de erradicación forzada, sin previa consulta, o sin dar oportunidad a los campesinos para acogerse a negociaciones con el gobierno. Estas acciones no están basadas en un espíritu de concertación, mas bien al contrario parecen estár guiadas por una ciega obsesión de considerar a las plantas, y no la pobreza rural, como la gran amenaza de la paz. Estas campañas militarizadas en territorios con cultivos de coca, desconocen por completo los principios rectores del Desarrollo Alternativo, del Acuerdo de Paz, y de la UNGASS 2016, que llaman a incorporar las condiciones socio económicas en las que viven las poblaciones cultivadoras.

Hemos conocido casos de poblaciones donde el Estado colombiano está aplicando erradicación forzada y firmando planes de sustitución al mismo tiempo. Esto no sólo es incoherente sino que mina la confianza de las poblaciones rurales en las instituciones de un Estado que sólo conocen por sus campañas de seguridad. El Estado debe unificar su política, garantizar una adecuada coordinación interinstitucional y respetar los logros del diálogo directo con las comunidades. Por ello es contraproducente que en los mismos territorios (municipios, veredas, resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras) se ejecuten al mismo tiempo acciones de sustitución derivadas del Acuerdo con erradicación forzada. Firmar acuerdos de sustitución voluntaria y a la par mantener campañas de erradicación forzada solo promueve malestar y mayores conflictos sociales con esas poblaciones excluidas.

La presencia del Estado en estos territorios debe tener como vocación suprema la construcción de confianza para iniciar el camino hacia el desarrollo integral, con participación comunitaria y respeto a los derechos de las comunidades, en ese sentido el uso de la erradicación forzada debe considerarse la última herramienta, previo haber intentado los mecanismos de la concertación, la voluntariedad y la reforma rural.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Gobierno y a las FARC-EP a respetar a las poblaciones inmersas en el ámbito de la producción, a atender sus preocupaciones y a construir desde un espíritu de confianza y concertación para garantizar que esta fase de implementación represente bienestar y buen vivir para las comunidades.

Firman:
Dejusticia (Colombia)
Transnational Institute - TNI (Netherlands)
Washington Office on Latin America – WOLA (United States)
Observatory of growers declared illicit – Institute for Peace and Development - OCDI-INDEPAZ (Colombia)