La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU
Estrategias para la reforma
Junio de 2016
La prohibición del cannabis no ha resultado ser una estrategia eficaz para reducir el alcance del mercado ilícito ni los daños a la salud asociados con la planta. Al contrario: la estrategia ha impuesto una pesada carga sobre los sistemas de justicia penal, ha provocado impactos sociales y de salud pública profundamente negativos y ha generado mercados delictivos que apuntalan la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción. Por todo ello, la posibilidad de introducir una regulación legal de los mercados de cannabis se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los países, lo cual crea tensiones evidentes con el marco prohibicionista de los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas.
Descargar el informe (PDF) | Comunicado de prensa
El cannabis es una de las sustancias psicoactivas que se incluyen en el régimen de control de drogas de la ONU, mismo que se basa en tres tratados: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Las tensiones actuales emanan de la decisión de someter el cannabis a unos estrictos controles en el marco de la piedra angular del régimen contemporáneo: la Convención Única de 1961. Esta estipula que, al igual que sucede con otra serie de sustancias fiscalizadas, se debe “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”. Esta estipula que, al igual que sucede con otra serie de sustancias fiscalizadas, se debe “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”.
Es obvio que las tensiones en torno al cannabis en el régimen de tratados vienen de lejos y van en aumento. La comunidad internacional, incluida la propia burocracia de control de drogas de la ONU, es muy consciente de estas tensiones desde hace tiempo. En efecto, en un informe muy señalado de 2008, titulado “Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue creada”, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU (ONUDD), escribía: “El cannabis es el punto más vulnerable de toda la construcción multilateral. Conforme a lo dispuesto en la Convención Única de 1961, debería fiscalizarse con el mismo grado de severidad que la cocaína y los opiáceos. En la práctica ese es rara vez el caso, y muchos países vacilan con respecto al grado de fiscalización que ejercen sobre el cannabis”.
El informe, “La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU: Estrategias para la reforma”, elaborado por un grupo de especialistas en los Estados Unidos, México, los Países Bajos, Canadá y el Reino Unido, deja claro que el problema no es que los países estén aplicando reformas para regular el cannabis, sino más bien las obsoletas disposiciones de los tratados de drogas que prohíben expresamente dichas reformas. Vencer ese obstáculo, sostiene el informe, no exige un consenso global para volver a redactar los tratados de drogas de la ONU —una tarea imposible en las circunstancias actuales—, sino que se puede alcanzar con procedimientos previstos por el derecho internacional, tanto para países individuales como para grupos de países.
Para que las reformas en materia de cannabis refuercen los grandes pilares de la ONU —derechos humanos, desarrollo, seguridad y Estado de derecho—, el informe aboga por que los países reformistas adopten una postura de “no cumplimiento por cuestión de principios”, por la que reconocerían abiertamente que la regulación del cannabis lleva a los países más allá de los límites establecidos por los tratados de drogas vigentes.
Una primera versión de este informe se presentó en un evento paralelo en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas el 20 de abril de 2016.
