Un debate sobre el debate
Los líderes latinoamericanos sobre la despenalización de las drogas
La semana pasada la prensa latinoamericana y estadounidense dedicó no poca atención al asunto de la posibilidad de la despenalización de las drogas ilícitas. Se podría decir que si bien los países no están aún realizando un debate sobre las actuales políticas de drogas, al menos estamos ya en una fase de debate sobre el debate. Las palabras del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hace unos meses, reiteradas públicamente en febrero en Cartagena han servido para dar inicio a este ambiente de pre-debate.
O como han señalado algunos analistas, han servido para “romper el tabú” y que la gente – no sólo los otros presidentes y funcionarios de la región sino también la gente común y corriente que no suele saber mucho del tema y por eso le atemorizan los cambios – comience a considerar como algo normal hablar sobre drogas y a reconocer que nada se pierde hablando.
Mientras muchos esperábamos que las palabras de Santos tuvieran eco entre Gobiernos de posturas más progresistas, esperábamos que Rousseff, Correa, Fernández de Kirchner, incluso Chávez, dijeran algo en ese mismo tono – aunque fuera breve un comentario – no fue (no ha sido) este el caso. El eco sonó en cambio desde el ángulo más inesperado: Otto Pérez Molina, el nuevo presidente de Guatemala, un general retirado, una personalidad de derecha. Con el resultado de que ahora Pérez Molina está del mismo lado de figuras latinoamericanas que vienen abogando desde hace tiempo a favor de la despenalización de las drogas y el debate, como son los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo, y otros.
Se ha especulado un poco sobre las razones del presidente guatemalteco para mostrarse ahora favorable (no hace mucho estaba en contra) a la “legalización de las drogas en Centroamérica” incluyendo la descriminalización del transporte de drogas en el área. El general se ha expresado críticamente incluso sobre el Plan Colombia (el supuesto gran éxito de la guerra a las drogas, según Washington) señalando que sólo sirvió para neutralizar a los grandes carteles. Ni el mismo Santos ha hecho público su escepticismo de manera tan precisa.
Serían muchas la razones de este cambio de opinión: la evidencia de que la lucha contra la violencia y la corrupción generadas por el narcotráfico en Centroamérica ha sido infructuosa; los índices de criminalidad y homicidio en la región están entre los más altos del mundo. Solamente por esto, la despenalización de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes sería una vía a considerar. Otros comentadores han señalado otros argumentos: con su llamado a la legalización, Pérez Molina se estaría jugando una carta con Estados Unidos. Por supuesto Pérez Molina no es tan ingenuo para creer que la legalización es una opción viable en estos tiempos, pero quiere llamar la atención de Estados Unidos -país que ofrece una cooperación militar restringida a Guatemala dados los antecedentes del ejército guatemalteco en materia de derechos humanos- para quitar este obstáculo y obtener una mayor colaboración estadounidense en el combate al narcotráfico. Y lo hace sabiendo que éste no es el mejor momento. Washington ha recortado para 2013 considerablemente los fondos para la lucha contra el narcotráfico en América Latina.
Aunque los otros gobernantes de la región centroamericana se han mostrado más cautelosos, no han desaprovechado la oportunidad para manifestar sus propias opiniones respecto a una situación que los afecta por igual a todos. La presidente de Costa Rica, Chinchilla, se ha referido particularmente a uno de los graves impactos del narcotráfico en Latinoamérica como es el aumento de la población carcelaria por delitos asociados al narcotráfico. “En todos los países de nuestra región la mayor parte de la tasa de crecimiento en la población penitenciaria de los últimos años está asociada al narcotráfico, que es el verdadero cáncer que está carcomiendo a sociedades centroamericanas”. Un estudio de diciembre de 2010 de WOLA y el TNI sustenta las palabras de la presidente costarricense. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que en un comienzo dijo apoyar lo dicho por Pérez Molina, luego prefirió matizar sus palabras, no obstante ha dado su respaldo a la promoción del debate sobre el tema recalcando que la mejor manera de combatir el narcotráfico en Centroamérica es reduciendo el consumo en EEUU.
Tal como lo ha explicado el analista colombiano Ricardo Vargas, hay un contexto en el que declaraciones como las de Santos, secundadas ahora por el presidente guatemalteco, podrían rendir algunos frutos. Se trata del ámbito multilateral hemisférico. Sin necesidad de comprometerse directamente con ningún cambio o reforma en lo local (de hecho no lo hacen), estos presidentes le apuntarían a promover una discusión internacional con el ánimo de que si va a haber algún cambio, es mejor que éste se produzca de afuera hacia adentro, de lo general a lo particular. Que la despenalización, por ejemplo, no sea obra de un país, sino el resultado de una decisión de la comunidad hemisférica que luego acoja cada país en particular.
Por el momento EEUU no quiere ni oír hablar de una posibilidad de despenalización. Esto es ya de entrada una enorme traba para que propuestas como la de Santos/Pérez Molina lleguen a convertirse en una política regional. Pero como indicara recientemente la analista estadounidense Cynthia Arnson del Woodrow Wilson Center, aunque la propuesta de despenalización no se implemente como política, “es un mensaje que cobra fuerza”, y es el resultado de la frustración regional respecto a las políticas antidroga de las últimas décadas.
Pronto se va a presentar otra oportunidad de ventilar de nuevo el tema en un escenario internacional. La Cumbre de las Américas a mediados de abril de 2012 muy probablemente abordará el tema de la actual estrategia contra las drogas dándole espacio una vez más si no al debate mismo, al menos al debate sobre el debate. Ojalá que los Gobiernos de los países que se declaran proclives a la discusión y al cambio se atrevan a avanzar un poco más en la necesidad de una reformulación de las políticas aprovechando el confort del contexto multilateral.