México y la 55º Comisión de Estupefacientes
La actuación de México en la 55º Comisión de Estupefacientes, transita entre la esquizofrenia y cinismo. En su informe anual ante el pleno de la Comisión, la delegación mexicana señaló, metódicamente, los logros y alcances de la guerra contra las drogas. Notablemente, no fue mencionada una sola de las personas fallecidas en esta guerra, las importantes erogaciones monetarias que ha hecho el estado, las restricciones y menoscabos a los derechos fundamentales que hemos aceptado los mexicanos, ni el desgaste que han sufrido las instituciones de seguridad pública con motivo de la misma.
¿Ignoraran los delegados la situación en que se encuentra su país o simplemente optan por negar, ante otras naciones, el desastre que ha sido la actual política antidrogas? Me inclino por lo segundo. Al exterior, México se presenta como un país promotor de la política moderada, siempre respetuoso de los derechos humanos, mientras que hacia adentro ejercita su brazo coercitivo en contra de la ciudadanía en forma cada vez más flagrante e impune.
En preparación para la Comisión, México presentó una propuesta de resolución para promover que los países miembros adopten tratamientos por encima de penas de encarcelamiento. Esta propuesta fue posteriormente fusionada con otra similar de Estados Unidos. La propuesta conjunta, titulada “Medidas sustitutivas del encarcelamiento como estrategias eficaces de reducción de la demanda de drogas que promueven la salud pública y la seguridad pública”, insta a los Estados miembros a optar por tratamientos en lugar del encarcelamiento como forma de lograr la reducción del abuso de sustancias. En la primer discusión, la propuesta fue hecha trizas. Uruguay y Brasil objetaron enérgicamente el planteamiento del tratamiento como castigo. Sus representantes señalaron, correctamente, que las convenciones internacionales establecen al tratamiento ya sea como una alternativa al castigo o, como una adición al mismo, más no como un castigo en sí. El tratamiento, decían, es un derecho, no una forma en que el Estado ejerce el poder coercitivo.
La propuesta fue enviada a modificación para ser resucitada en una segunda versión. Esta también propone la implementación de alternativas al encarcelamiento para reducir la demanda de drogas y promover la salud pública, con el matiz de no ser propuesto como castigo. En esta versión México y Estados Unidos afirman que el principal objetivo de la política de drogas es garantizar la salud de las personas y notan cómo la experiencia de varios países miembros que han optado medidas alternas demuestran que dichas medidas “reducen los índices de reincidencia, facilitan la rehabilitación y conservan, al mismo tiempo, recursos humanos y financieros, reconstruyen las familias y ayudan a reconstituir la urdimbre social”.
Aunque positiva en su segunda formulación, la propuesta contrasta radicalmente con lo que ha sido la política de drogas en México a lo largo del sexenio. Los datos demuestran que, como dice el dicho: el cura predica, pero no aplica. Entre 2006 y 2011 hubo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 136 mil 946 detenidos por consumo y 249 mil 629 detenidos por posesión de drogas (que dadas los bajos montos establecidos en ley para presumir consumo, podemos suponer también incluyen un elevado número de consumidores). Es decir, en 5 años hubo cerca de 400 mil detenidos por consumo y posesión. Es de notar, por cierto, que la PGR contabilizaba al consumo entre sus detenidos, antes de la Ley de Narcomenudeo, cuando esta sólo era considerada una infracción administrativa y después, cuando dichas detenciones son competencia de los gobiernos estatales. Las elevadas cifras de detenidos por consumo y posesión, difícilmente pueden interpretarse como el resultado de una política que privilegia los tratamientos frente a otros resultados.
Es sumamente indignante para quienes han sufrido la versión del prohibicionismo absoluto impulsado por el gobierno de Felipe Calderón, y para quienes hemos sido testigos de las consecuencias que dicha decisión ha tenido, que México se ostente hacia el exterior como promotor de una política moderada y que exija, además, que otros estados hagan lo que durante 5 años México no ha hecho. Peor aun, resulta ofensivo para los familiares de las víctimas más directas de la guerra contra las drogas –los más de 56 mil muertos- que en el reporte sobre los resultados de la política antidrogas que México ofrece al mundo, no se les de ni medio párrafo de consideración.
