En Argentina la reforma de la ley 23.737 quedó frenada luego de las jornadas de debate organizadas por las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en el Congreso de la Nación. Diversas voces se alzaron sobre la necesidad de mejorar los tratamientos a usuarios con consumo problemático de drogas y en los últimos dos meses se presentaron varios proyectos en esa dirección. Mientras tanto, la penalización del cultivo y la tenencia para consumo personal siguen vigentes.

Después de las jornadas organizadas por las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación a principios de junio de este año, los proyectos de reforma a la Ley de Drogas 23.737 finalmente no fueron tratados en el recinto. Si bien se había avanzado en acuerdos entre los bloques del Frente para la Victoria (FpV), Unión Cívica Radical (UCR) y Frente Amplio Progresista (FAP), la decisión política de los dos primeros bloques fue devolver el tema a las comisiones, en procura determinar de unificar las iniciativas y encontrar un momento que consideren políticamente más oportuno para volver al ruedo.

Las manifestaciones de funcionarios gubernamentales y dirigentes de los partidos políticos de oposición a favor de despenalizar la tenencia para el consumo personal, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo Arriola, hacían prever un tratamiento rápido. El secretario de la SEDRONAR, Rafael Bielsa, el senador Aníbal Fernández (FpV, quién presentó su propio proyecto), el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el líder radical y ex candidato presidencial Ricardo Alfonsín, entre otros, se habían pronunciado en ese sentido. Sin embargo, tras las audiencias en Diputados, el oficialismo y la UCR resolvieron poner un freno por el momento.

Sociedad civil: a favor y en contra

De todos modos, las jornadas de debate en la cámara baja sirvieron para escuchar las distintas posiciones de expertos, funcionarios, legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Por Intercambios participó Graciela Touzé, quien apoyó “la derogación de las figuras penales que criminalicen a los usuarios, incluyendo el cultivo”  y señaló que “los casos de consumo problemático deben ser abordados desde la perspectiva social y sanitaria”. Además, repasó las 15 ideas para una nueva ley de drogas, muchas de ellas incorporadas en los borradores de los proyectos sostenidos por las tres principales fuerzas legislativas. Finalmente, sugirió que se reflote el proyecto de ley del Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas.

Por su parte, Alicia Romero, de Madres contra el Paco, afirmó: “No puede ser que la única respuesta del Estado sea la policía. Nuestros pibes no son delincuentes”. También apoyaron las reformas los activistas Matías Faray (Agrupación Cannabicultores del Oeste) y Alex Freyre (Buenos Aires Sida). El primero, quien estuvo preso el año pasado por cultivar marihuana en su casa, relató su experiencia y expuso los perjuicios provocados por la criminalización. Freyre, por su parte, se preguntó: “¿Tengo que fumar a escondidas?”, y comparó a la marihuana con el alcohol. Finalmente pidió “no discutir la despenalización con hipocresía”.

Ricardo Paveto, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), también partidario de las reformas, explicó que la óptica de reducción de daños no establece un modelo universal para todos. “Es aceptar al sujeto y su singularidad clínica. No atendemos enfermedades, sino pacientes. ¿O el único diálogo posible con la población afectada es la detención policial?”. En referencia a la normativa actual, sentenció: “Hay drogas que hacen mal, pero hay leyes que hacen peor”.

Desde una perspectiva opuesta a la reforma de la ley de drogas, la representante de la Fundación Convivir, María de las Mercedes Aranguren, aseguró que “entre el 40 y el 45 por ciento de los adictos empezaron siendo usuarios recreativos”, aunque no dijo de dónde provenían esas cifras. Por otra parte, criticó la Ley de Salud Mental porque desde su sanción “es muy difícil”  internar a una persona contra su voluntad.

También expresaron sus reparos los sacerdotes católicos Gustavo Carrara y Carlos Olivero. Si bien no plantearon una oposición frontal a la despenalización, pusieron el acento en la desprotección de los usuarios de drogas, especialmente aquellos que consumen paco. Olivero, más conocido como Padre Charly, coordinador del Centro Barrial San Alberto Hurtado de Villa 21-24, dijo: “Vemos justa la despenalización, pero tal vez no es estratégica ahora. Porque vemos que hay una cantidad de derechos vulnerados que no van a poder garantizarse. ¿Por qué no explicamos primero la diferencia entre despenalizar y legalizar? ¿Porqué antes no poblamos los territorios de dispositivos de atención a los usuarios?”

La posición del Episcopado, en cambio, fue mucho más dura. A través de un documento de la Comisión de Pastoral Social, fustigó la despenalización del consumo de drogas. Para la jerarquía católica, “no es que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes”. Según el texto, “sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda, con el Estado, es la Justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud”.

Nuevos proyectos con foco en la salud

Una vez concluido el debate, y en virtud de todas las voces que marcaron el déficit en materia de atención a usuarios, fueron presentados en Diputados diversos proyectos que procuran atender esa área. Uno de ellos es impulsado por legisladores de Propuesta Republicana (PRO) y el Partido Demócrata de Mendoza y se titula 'Sustancias psicoactivas: Régimen integral para la prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción del consumidor'. Otro, presentado mayormente por radicales, propone crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el 'Programa Nacional de Educación, Prevención, Asistencia Integral y Reinserción Social y Laboral para Personas con Adicciones y Consumos Problemáticos'. Un tercero, de los diputados de la Coalición Cívica-ARI, plantea crear un organismo de este tipo con el nombre de 'Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones'.

Existen más iniciativas en el mismo sentido: diputados del FpV, otros peronistas, el Movimiento Popular Neuquino y el Movimiento Popular Fueguino proponen crear también un 'Programa Nacional de Prevención y Asistencia Integral de las Adicciones' dentro del Ministerio de Salud, pero incluyen también diversas modificaciones a la Ley 23.737 que tienden a despenalizar el consumo. Previo al debate había ingresado ya un proyecto de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) que propone crear, también en el ámbito de la cartera de Salud, un 'Programa Nacional de Asistencia de las Adicciones'.

No demorar la despenalización

Desde Intercambios consideramos que las iniciativas a favor de programas integrales para la prevención y atención del consumo problemático de drogas son centrales y que debe avanzarse en ese sentido, tal como se propone en el documento '15 Ideas por una nueva ley de drogas'. No obstante, este camino no debería obstaculizar ni menguar la decisión urgente de cesar la criminalización de los usuarios y quitar definitivamente el consumo del ámbito penal, para lo que se hace imperiosa la reforma de la ley 23.737 sin más demoras.

Aclaración

En nuestro Boletín Intercambiando nº 36 en el artículo "Coletazos del debate sobre la nueva ley de drogas" se reproducen declaraciones de la Lic. Mercedes Aranguren, presidente de la Fundación Convivir.

Las mismas fueron tomadas de un artículo publicado en el diario Página 12 el pasado 14 de junio. La Lic. Aranguren considera que los conceptos que se le atribuyen difieren sensiblemente de lo que expuso, por lo que, a su solicitud, reproducimos un extracto de la versión taquigráfica de su intervención en la reunión de las Comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación celebrada el 13 de junio pasado.

"El otro problema que nos preocupa, que ya mencionó Fabián Chiosso, es la naturalización del consumo, el mensaje que estamos dando a nuestros jóvenes y niños, al decir que fumar marihuana es inocuo, y no es así. No estoy diciendo que no haya usuarios recreativos responsables, pero está demostrado científicamente por el Instituto de Investigaciones Farmacológicas de la Facultad de Farmacia que entre el 40 y el 45 por ciento de los usuarios recreativos terminan con una dependencia. Son datos que no podemos ignorar.

Obviamente no queremos criminalizar al consumidor. Éste es un punto de partida que creo que ya está consensuado entre todos, pero lo que debemos tener en cuenta es en qué contexto se va a dar esta despenalización o descriminalización, porque de alguna manera necesitamos ayudar a estos padres que hacen un peregrinaje en los fueros judiciales para poder hacer algo por sus hijos, porque lograr una aplicación del artículo 482 hoy es muy difícil.

En esto tengo que involucrar a la nueva ley de salud mental, que si bien es muy buena desde su enfoque, tiene muchos aspectos que no ha podido resolver y en la práctica terapéutica nos encontramos con baches muy grandes para los niños y jóvenes que no quieren hacer tratamiento pero que están en riesgo para sí mismos o para terceros. Debemos comenzar por definir qué es estar en riesgo cierto inminente, porque parece que no nos podemos poner de acuerdo con los jueces ni entre los profesionales de la salud".