Para llegar hasta Briceño, en pleno corazón de la región de Antioquia, se necesita un buen vehículo, mucho tiempo y algo de suerte. La semana antes de nuestro viaje, previsto para mediados de julio, unas lluvias torrenciales destruyeron parte de la carretera entre Briceño y Pueblo Nuevo, y dejaron a la gente aislada a uno y otro lado. Tuvimos suerte, y el día en que viajamos a la zona no llovió. Pero necesitamos seis horas para cubrir el trayecto entre Medellín y Briceño, y otras tres de angustiosas curvas hasta Pueblo Nuevo. La misma carretera sin asfaltar nos hizo pensar en los retos que enfrenta Colombia con su plan de eliminar 50.000 hectáreas de coca este año, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, conocido por el acrónimo PNIS.

El PNIS es uno de los principales elementos del Punto 4 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, que se compromete con encontrar una ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’ y eliminar el cultivo ilícito de coca, cannabis y amapola. El Gobierno está firmando acuerdos con las comunidades, así como con familias particulares, por los que los cultivadores y las cultivadoras acceden a erradicar ‘voluntariamente’ la coca a cambio de recibir una compensación inmediata en efectivo durante el primer año y pequeñas inversiones en el segundo año. Los acuerdos establecen que cada cultivador o cultivadora recibirá un total de 36 millones de pesos distribuidos en dos años (unos 12.000 dólares estadounidenses), y también sirven como una promesa de que el Gobierno invertirá en la transformación de estas economías rurales a largo plazo. Aproximadamente un mes antes de nuestra visita a la región de Briceño, unas 650 familias habían recibido dos millones de pesos cada una (unos 675 dólares estadounidenses) durante los primeros dos meses, con lo que había comenzado la cuenta regresiva. Tenían 60 días para erradicar los arbustos de coca (lo cual no es una tarea fácil) o perderían todo derecho a recibir más ayuda para el desarrollo o incluso verse sometidos a un proceso penal.

Estamos convencidos de que el Acuerdo de Paz marca un momento histórico muy significativo y sabemos que ha suscitado verdaderas esperanzas de que ayude a reducir las violaciones endémicas de los derechos humanos, la violencia y el conflicto en Colombia. Además, el Acuerdo se fundamenta en dos pilares importantes: la participación comunitaria y la transformación de las economías rurales, reconociendo que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en todo el país. El Acuerdo aspira a la “construcción de una paz estable y duradera”, que requiere una solución en materia de desarrollo rural equitativo en algunas de las regiones más abandonadas del país.

Sin embargo, nuestro viaje a Briceño fue una muestra de los enormes desafíos a los que deben hacer frente el Gobierno y las FARC mientras avanzan para implementar el Acuerdo de Paz y, más en concreto, el programa de sustitución de coca. Fuimos invitados por Pedro Arenas, del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI), una organización a la que el TNI y WOLA han apoyado desde sus inicios, con el objetivo de acompañarlo en una misión de verificación sobre el terreno y presenciar los avances alcanzados y las dificultades encontradas.

Hace poco más de un año, el Gobierno puso en marcha el primer proyecto de sustitución de cultivos en Briceño, con la esperanza de lograr resultados rápidos para que la iniciativa consiguiera apoyo político. Un paso importante fue la construcción de un puente gracias al cual no es necesario atravesar un río para ir desde el municipio de Briceño al pueblo de Pueblo Nuevo, aunque, como hemos comentado, no es fácil desplazarse por la zona, ni siquiera para llegar al nuevo puente. Pueblo Nuevo también acaba de inaugurar una biblioteca bien equipada, y algunas escuelas de la zona tienen previstas varias mejoras.

Puente nuevo entre Briceño y Pueblo Nuevo

Puente antiguo entre Briceño y Pueblo Nuevo

Aunque la economía local está dominada por la coca, se han generado algunos ingresos con la producción de leche y café, cosa que podría brindar alternativas interesantes para el PNIS. En lo que se refiere a la leche, las comunidades (con apoyo internacional) han instalado contenedores refrigerados, donde los miembros de la cooperativa que gestiona el proyecto pueden almacenar la leche hasta que se transporta a los compradores.

Discutiendo la producción de leche

El café podría resultar un producto aún más prometedor. Ómar Jiménez nos mostró con orgullo su pequeña finca de café en el corregimiento Las Auras. Hastiado de la violencia (los paramilitares asesinaron a varios de sus familiares, incluida su madre) y de las amenazas de los compradores de pasta base, Ómar explica que erradicó sus plantas de coca hace unos siete años y comenzó a cultivar café. Resulta que las tierras en esa zona del país producen un grano de café de gran calidad. Ómar se impuso a las compañías de café más conocidas del país en una cata a ciegas y acaba de empezar a exportar unas modestas cantidades a Europa. La visita a una cafetería de la ciudad de Briceño nos permitió comprobar la excelencia del café que está produciendo Ómar y sus compañeros de la asociación de productores ASDESEBRI (Asociación para el Desarrollo Productivo, Económico, Social y Ecológico del Municipio de Briceño).

Ómar con sus plantas de café

Ómar está intentando convencer a sus vecinos de que dejar de cultivar coca y pasarse al café puede resultar rentable desde el punto de vista económico. Pero no es tarea sencilla en una zona donde la coca crece ostensiblemente en todas las laderas y es fácil de transportar y vender.

Ladera cubierta con coca

Coca erradicada

Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de hablar con todas las partes implicadas, incluida la Oficina de Paz del municipio. En una reunión con un grupo de dirigentes comunitarios de 11 de los 13 veredas que participan en el proyecto de sustitución de cultivos de Briceño, escuchamos un sinfín de preocupaciones, que iban desde cuestiones de tipo práctico a las ya evidentes dificultades con que se está topando la transformación de la economía local.

Arrancar de raíz los arbustos de coca, tal como exigen los acuerdos, es un trabajo duro, sobre todo cuando los arbustos tienen varios años. Un joven corpulento nos comentó que se había pasado dos horas tratando de arrancar una planta —y casi lo logra—, y que una hectárea puede tener hasta 10.000 arbustos. Al principio, el Gobierno declaró que contrataría a recolectores de coca (también conocidos como ‘raspachines’) para que se encargaran del trabajo físico. Pero en Bogotá aún no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre cómo se podría organizar esto en la práctica, y parece que la decisión está ahora en manos del Ministerio de Trabajo.

Las personas con las que hablamos estaban felices de haber recibido su primer pago en efectivo. Muchas personas lo usaron para pagar deudas, apuntalar viviendas o comprar ropa para sus hijos. Pero en los días que siguieron a la entrega del dinero también se gastó mucho en alcohol. En efecto, las lideresas comunitarias con las que hablamos se mostraron muy molestas por el hecho de que el programa carezca de una perspectiva de género. Muchas mujeres de la zona cultivan una parcela de coca para ellas mismas, con la idea de disponer de cierta autonomía de sus esposos. “Como mínimo”, señaló una mujer, “el dinero se podría repartir a partes iguales entre el esposo y la esposa”. Además de incorporar un enfoque diferenciado para las mujeres productoras de coca, en los territorios colectivos es de crucial importancia la consulta con las minorías étnicas.

Una reunión con líderes comunitarios

Y aunque el dinero se había empezado a repartir, la asistencia técnica parecía invisible. Curiosamente, casi no se había discutido sobre qué productos podrían sustituir rápidamente los ingresos generados con la coca.

“Hay quien dice que quiere producir huevos”, se lamentaba Beatriz Jaramillo. “Pero si alguien consigue 200 gallinas y no sabe cómo cuidarlos, el proyecto no funcionará. ¿Y cómo van a conseguir transportar los huevos hasta el mercado por estas carreteras?” Un hombre se quejó de que había planteado varias veces el tema del empleo no agrícola, pero que se le había respondido que “eso no forma parte del programa”.

Las preocupaciones por la falta de carreteras e infraestructuras y, por lo tanto, por la tremenda dificultad de transportar los cultivos alternativos, así como la falta de mercados viables, fueron cuestiones que escuchamos una y otra vez.

También se nos habló a menudo de los problemas de seguridad personal. Hay ya noticias sobre la llegada de personas desconocidas a las comunidades, como Briceño, de donde se han retirado las FARC, y que se sospecha que son compradores de pasta base empleados por otros grupos armados o bandas de delincuentes. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que se han producido amenazas y homicidios contra líderes sociales involucrados en los programas de sustitución.

Por último, a la población local le preocupa profundamente el hecho de que, una vez eliminada su principal fuente de ingresos en efectivo, el Gobierno no cumpla con lo prometido. “A nuestros pueblitos llegan muchos visitantes internacionales”, comentó una mujer. “Pero sabemos que se irán, y que el Gobierno se irá, y al final, tendremos que valernos por nosotros mismos.” El plazo de 60 días cada vez está más cerca y algunos agricultores ya han comenzado a arrancar arbustos de coca, pero ante tantas incertidumbres, muchos todavía se muestran reacios a erradicarlo todo.

Sin embargo, las propuestas que abogan por una reducción más gradual del cultivo de coca, en paralelo a la creación de fuentes alternativas de ingresos, han sido descartadas, ya que el Acuerdo de Paz puntualiza: “No es aceptable la coexistencia entre ser beneficiario de un programa de sustitución y la vinculación a economías relacionadas con cultivos de uso ilícito” (4.1.3.2), y que las “medidas de apoyo por parte del PNIS estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores y las cultivadoras en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra” (4.1.3.6 a). Por otro lado, el contrato firmado por cada familia —ninguna de ellas había recibido aún una copia, pese a que la habían solicitado en repetidas ocasiones— aclara que el incumplimiento del plazo de 60 días supone la retirada inmediata del programa PNIS y la pérdida del derecho a recibir más ayuda al desarrollo en el futuro. Pero como cualquier contrato exige reciprocidad, se produciría una excepción en caso de “incumplimiento por parte del Gobierno”.

Justo antes de nuestra visita a Briceño, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó sus estadísticas sobre el cultivo de coca correspondientes a 2016, que revelaron un incremento del 52% con respecto al año anterior; de 96.000 hectáreas en 2015 había pasado a 146.000 en 2016. Aunque el incremento no resultó en ninguna sorpresa, la estadística oficial ha puesto más presión sobre el Gobierno para que logre resultados rápidos mediante la erradicación forzosa. De hecho, noticias que hablaban de erradicación forzosa y de choques violentos entre los erradicadores y la población local en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos habían empezado a proliferar. Estas actuaciones pretenden eliminar otras 50.000 hectáreas antes del fin del año, pero también persiguen mantener viva una amenaza muy real: el clásico planteamiento del garrote y la zanahoria. Para las comunidades de Briceño, esa amenaza es más que verosímil, ya que en el municipio se encuentra estacionado un batallón del ejército, y en los pueblos vecinos de Roblal y Pueblo Nuevo se encuentran también destacamentos militares. Sin embargo, la confianza en un programa de sustitución supuestamente voluntario y basado en principios de participación comunitaria no puede construirse con amenazas.

El Gobierno colombiano enfrenta un tremendo reto a la hora de generar confianza entre unas comunidades a las que, durante décadas, se las ha ignorado y que han sufrido malas experiencias con pactos incumplidos en el pasado. Además, poner en práctica un proceso de gran complejidad con recursos escasos y capacidad limitada,  que sumado a la presión política de mostrar resultados rápidos, no es una tarea fácil. Y resulta especialmente ardua cuando existen programas contradictorios entre los diferentes organismos estatales y una intensa presión de los Estados Unidos. El pasado 2 de agosto, en su testimonio ante el Congreso estadounidense, William Brownfield, secretario adjunto del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, subrayó que es necesario “superar las constantes protestas sociales que interrumpen las operaciones de erradicación forzosa. Sin una solución permanente a la cuestión de la protesta social, es poco probable que las medidas de erradicación forzosa tengan un efecto significativo en los niveles de cultivo de coca en 2017…Los acuerdos de erradicación voluntaria también deben tener una fecha de vencimiento, de manera que las fuerzas de seguridad puedan erradicar por la fuerza en las fincas donde las comunidades que cultivan coca no hayan cumplido con sus obligaciones”.

Salimos de Briceño por la noche, para escapar de las lluvias que se pronosticaban y así, evitar el riesgo de quedarnos atrapados, aunque la idea era algo tentadora, ya que nos habría encantado quedarnos más tiempo entre las muchas personas amables y valientes que habíamos conocido. Nos fuimos impresionados por su compromiso de apoyar el proceso de paz, pero también preocupados por las difíciles decisiones que deben tomar y los tiempos difíciles que se dibujan en el horizonte de sus familias y comunidades. Así que terminemos aquí con algunas sugerencias de lo que consideramos que beneficiaría a la población de Briceño en esta coyuntura crucial:

• El presidente Santos debe garantizar que todas las instituciones gubernamentales colombianas, incluido el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución; las operaciones de erradicación forzosa están destruyendo la confianza de las comunidades y amenazando con socavar el proceso de paz en su conjunto (véase también la reciente declaración de la sociedad civil).

• El gran número de organismos creados para desplegar las actividades de desarrollo rural y sustitución de cultivos que forman parte del Acuerdo de Paz —PNIS, PDET, PISDA y PAI— deben empezar a funcionar de forma coordinada y prestar la ayuda técnica —y de desarrollo en general— de forma más rápida.

• Se deben mejorar las infraestructuras básicas, como carreteras y puentes, y el acceso a los títulos de propiedad de la tierra.

• Se debe acabar con la criminalización de los cultivadores y las cultivadoras de subsistencia, aparceros y recolectores. Ni siquiera está aún en vigor la exención temporal que se anunció en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo de Paz, ya que el proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores y Cultivadoras está pendiente de aprobación en el Congreso.

• Las expectativas deben ser realistas. La experiencia internacional con el desarrollo alternativo en países como Tailandia ha demostrado que los niveles de cultivo para los mercados ilícitos de drogas pueden reducirse a escala local en determinadas circunstancias, pero poco a poco y con tiempo, asegurando además una participación comunitaria sólida y un apoyo sostenido por parte del Gobierno.

• La participación comunitaria debe tomarse más en serio y debe incluir a todas las partes, incluidas las mujeres y los y las jóvenes. En el capítulo 2 del Acuerdo de Paz, que se dedica a la participación, se especifica “que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes”. Los líderes y las lideresas comunitarios de la región de Briceño lamentaron que se les habían ofrecido contratos de sustitución estándar, y se les había dicho que podían aceptarlos o rechazarlos, y afrontar las consecuencias.

• El enfoque debe ser flexible y pragmático. La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia será una labor compleja y solo se podrán superar los numerosos obstáculos en el camino que queda por recorrer si todas las partes están dispuestas a introducir los ajustes necesarios para que el proceso siga avanzando.

• Por último, es necesario modificar la narrativa y los indicadores de éxito. Alcanzar el objetivo de 100.000 hectáreas de coca erradicada este año no debería ser un fin en sí mismo, sino que debería servir para facilitar la “construcción de una paz estable y duradera”. Perseguir esa cifras no debería convertirse en un impedimento para lograr el objetivo último y se debería dar prioridad a otros indicadores más significativos, como la generación de confianza con las comunidades rurales y marginadas, la reducción de la pobreza y la violencia, y el mantenimiento del proceso de paz.

Traducido por Beatriz Martínez.

Martin Jelsma es el Director del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), y Coletta Youngers es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).