El 1 de junio, Pedro Sánchez se convirtió en el primer presidente de gobierno de España elegido a través de una moción de censura. Pocos días después de que el Partido Popular fuera condenado por corrupción, el candidato socialista consiguió el apoyo de una improbable confluencia de grupos teóricamente incompatibles entre sí. ¿Servirá este inesperado cambio para desatascar el debate sobre la regulación del cannabis? Visto lo precarios que son los apoyos del nuevo gobierno, no parece que lo que queda de esta legislatura vaya a ser suficiente para que haya algún cambio importante en las leyes sobre el cannabis.

Desde hace años, una larga lista de casos de corrupción ha ido poco a poco ensuciando la imagen del Partido Popular, la organización que hasta hace poco aglutinaba a la práctica totalidad del electorado conservador en España. Docenas de escándalos por delitos como cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales, sobornos, y cohecho en los que había implicados miembros del PP se han ido acumulando en distintos niveles de la administración, hasta sumar más de 500 personas imputadas. Entre todos estos casos ha habido varios relacionados con la creación de tramas corruptas, como los casos Bárcenas y Gürtel, donde existían redes bien organizadas destinadas a la financiación ilegal del partido y a facilitar sobresueldos a altos cargos, entre los que estaría el propio Mariano Rajoy.

Esta imagen deteriorada del PP ha ido reduciendo su apoyo electoral y facilitado el ascenso de Ciudadanos, un partido de inspiración neocon crecido al calor de los casos judiciales que iban corroyendo la credibilidad de los populares. Sin embargo, el gobierno de Rajoy resistía una y otra vez a los ataques hasta que llegó la sentencia del caso Gürtel, donde el PP se convirtió en el primer partido político español en ser condenado por corrupción, al considerar los jueces que el partido se enriqueció “en perjuicio de los intereses del estado”.

Esta condena explícita fue la excusa perfecta para que el líder socialista Pedro Sánchez (que alcanzó la dirección de su partido movilizando a la militancia tras ser excluido por el aparato que controla el partido desde hace casi cuarenta años) presentara una moción de censura contra Rajoy. Para sorpresa de propios y extraños, en pocos días Sánchez consiguió el apoyo de la mayoría del Congreso. Lo hizo gracias al respaldo de partidos, como los independentistas catalanes de ERC y PDCat, con los que su partido está claramente enfrentado por la cuestión del referéndum en Cataluña. Y, sin que nadie se lo esperara, Rajoy cayó y se abrió una nueva etapa política en España.

En pocos días, Sánchez dio un golpe de efecto nombrando un gobierno donde, por primera vez en la historia de España, las mujeres son mayoría y donde había nombres muy sonados, como el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, el juez-estrella Fernando Grande-Marlaska o el astronauta Pedro Duque. Sánchez ha dejado claro que el suyo no es un gobierno para salir del paso, sino que quiere empezar desde ahora a revertir muchas de las reformas que el PP sacó adelante en los últimos años.

El OECCC, a por la ponencia sobre cannabis

Casualmente, solo un par de días antes de que se empezara a debatir la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) presentó ante los distintos grupos parlamentarios del Congreso una propuesta para abrir de una vez una ponencia dedicada a estudiar una posible regulación del cannabis que vaya más allá del uso medicinal. El Observatorio había firmado en febrero pasado un convenio de colaboración con la Asociación Gremi Growshops Catalunya y la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (CatFAC) dirigido a “implementar el debate sobre la regulación integral y multilateral del cannabis”. Ya entonces hablaban de la necesidad de poner en marcha cuanto antes una ponencia sobre cannabis en la Comisión Mixta de Drogas, independiente de la subcomisión que se ha creado en la Comisión de Sanidad para hablar del cannabis medicinal.

El texto de la propuesta del OECCC, con los sellos de entrada de los diferentes partidos que la recibieron.

El OECCC se ha apuntado un buen tanto al conseguir que, en tiempo record, le reciban todos los grupos parlamentarios, a los que ha reclamado que la legislación “debe adaptarse a la nueva realidad social y dar alternativas a los consumidores frente al mercado negro”. Esta demanda coincide con un momento en el que la opinión pública española está muy alarmada por el auge de las mafias que trafican con hachís marroquí en el Estrecho de Gibraltar, grupos que están llevando a cabo una escalada de violencia que preocupa enormemente a las autoridades, que temen que el fenómeno se enquiste, como sucedió en Galicia en los años 90 con los cárteles de la cocaína.

Esta ponencia ya ha sido solicitada en diferentes momentos por varios grupos parlamentarios, pero no acaba de ponerse en marcha debido al cruce de intereses que se da entre los diferentes partidos, que hasta ahora no se han puesto de acuerdo para su puesta en marcha. Como ya expuse en un post anterior, la creación de esta ponencia parece un paso imprescindible para que cualquier propuesta de regulación tenga posibilidades de salir adelante.

El líder de Podemos defiende la legalización

Apenas tres semanas después de que Sánchez fuera investido presidente, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se descolgaba con unas declaraciones en las que se felicitaba por la decisión de Canadá de legalizar el cannabis con fines recreativos y apostaba porque España se convierta en “referencia” a la hora de exportar cannabis a otros países. Podemos es el principal exponente, junto con Ciudadanos, de los llamados “nuevos partidos”, fuerzas nacidas del desgaste del modelo bipartidista que se ha instalado en España desde que se recuperaron las elecciones democráticas en 1977.

En las últimas elecciones, Podemos se presentó en coalición junto con Izquierda Unida (IU), una fuerza que desde hace muchos años ha apostado claramente por acabar con la prohibición del cannabis. Sin embargo, dado que Podemos (que ha mantenido durante bastante tiempo una actitud más bien tibia en esta cuestión) tiene mayor peso dentro de la coalición Unidos Podemos que IU, el resultado ha sido que la postura de la coalición haya sido un tanto ambigua cada vez que la cuestión del cannabis se ha puesto sobre la mesa.

Pero esta vez el portavoz de Podemos decidió ir mucho más allá, lo que se puede interpretar como una apuesta por colocar de una vez el tema en la agenda de su partido. Iglesias dice “basta ya de hipocresía”, denunciando que se pueda ir al supermercado “a comprar ginebra, ron, tequila o vodka, y que la marihuana sea ilegal”. También dice que una de las ventajas de regular el cannabis sería “no tener que dedicar gastos policiales a la persecución y tráfico ilegal, que es lo que genera delincuencia y explotación”.

Las declaraciones de Iglesias provocaron numerosas reacciones. Entre ellas, por supuesto, hubo apoyos entusiastas, rechazos frontales y algunas sátiras, pasando por los supuestos expertos repitiendo los tópicos habituales sobre los peligros del cannabis. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de medios en los que la propuesta se ha tomado en serio, sin que ello suponga que estuvieran de acuerdo con ella. Proponer la legalización del cannabis ya no se recibe como una simple ocurrencia simpática, cada vez más sectores sociales y políticos creen que la legislación está anticuada, que España corre el peligro de quedar al margen de un movimiento de cambio al que ha contribuido sin quererlo, y que hay que debatir alternativas. En Unidos Podemos lo saben y podría ser que este fuera uno más de los temas en los que intentará que Pedro Sánchez haga guiños a la izquierda a cambio de mantenerle el apoyo que tanto necesita.

Consenso roto

Un gobierno socialista no es en absoluto una novedad en la historia reciente de España. De los cuarenta años transcurridos desde que se aprobó la constitución democrática, la mitad han sido bajo gobiernos de ese signo. Estos gobiernos nunca se apartaron de la ortodoxia internacional y fueron parte del consenso de facto que ha bloqueado cualquier cambio significativo en las políticas nacionales de drogas. No siempre ha sido así en el nivel municipal y regional, donde el PSOE ha apoyado experimentos muy interesantes -como los programas de dispensación de heroína o las regulaciones sobre clubes cannábicos-, pero el aparato central del PSOE ha impedido una y otra vez que esos avances tuvieran reflejo en la política nacional. Por tanto, el hecho de que Sánchez gobierne no garantiza que vaya a haber ningún cambio.

Sin embargo, lo cierto es que el consenso prohibicionista que se había mantenido desde la Transición se está rompiendo. Cada vez se oyen más voces que hablan de la necesidad de un cambio, sobre todo en el caso del cannabis y, sobre todo, los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos no están por la labor de mantener un consenso represivo que saben que no es del gusto de una buena parte de los votantes, sobre todo los más jóvenes.

En este contexto, es muy significativo que el OECCC haya conseguido que le reciban todos los grupos parlamentarios y que se den por enterados de su propuesta para crear una ponencia, a pesar de la poca antelación con la que solicitaron las reuniones y de tratarse de la semana en la que acabaría cayendo el gobierno del PP. Algo así era impensable hasta hace poco. Es una señal de que el cannabis está cada vez más presente en la agenda política, de que los partidos son conscientes de que la legislación está anticuada y, sobre todo, que cuenta con el rechazo de una parte mayoritaria de la población, tendencia que se espera aumente en el futuro. Ha llegado el momento de moverse y lo saben.

Visto lo precarios que son los apoyos del nuevo gobierno, no parece que lo que queda de esta legislatura vaya a ser suficiente para que haya algún cambio importante en las leyes sobre el cannabis. No obstante, si se crea de una vez la ponencia de estudio que tanta gente reclama, se podría avanzar en la definición de una nueva regulación que podría aprobarse inmediatamente después de las elecciones que está previsto celebrar el año 2020.