El debate mundial por la reforma del cannabis parece tener un auge inusitado en la actualidad, y sorpresivamente es en la región de América Latina en donde parece que los vientos de cambio son más fuertes. ¿Dónde queda México en este panorama? Actualmente, hay 8 iniciativas de ley sobre la marihuana arrumbadas en los anales de distintas comisiones parlamentarias.

Sorpresivamente -pareciera- en América Latina el debate sobre los cambios al regímen internacional de control de drogas es el más pertinente, porque durante décadas la región aceptó casi sin chistar las directrices de Washington en la materia, y porque gobiernos tanto de izquierda como de derecha en el continente han, -o habían sido- sumamente inflexibles para considerar por sí mismos cualquier otra opción para tratar con las drogas en la región.

Ahora, sin embargo, parecen coincidir América Latina un malestar social alimentado por el crecimiento inédito del crimen organizado y de sus diversas actividades delictivas; por las claras limitaciones dentro del marco actual para atender emergencias sanitarias como la de la pasta base en el cono sur; o bien por no poder garantizar la estabilidad necesaria para la actividad económica desarrollada, como sucede en el industrioso norte de México, que sufre una ola de violencia descarnada desde hace tres años.

Por ello, ante circunstancias inéditas también en ámbitos globales, la región comienza a debatir sus opciones, y dentro de ellas la reforma de la marihuana parece ser una punta de lanza común en la región y el mundo.

Holanda, cuya bien conocida tolerancia hacia la planta parecía haber retrocedido recientemente hacia medidas más restrictivas para los extranjeros, especialmente en algunas de sus ciudades fronterizas con Bélgica y Alemania, parece ahora poco entusiasta por profundizar con la experiencia en otras zonas del país después de constatar los exiguos resultados positivos. Las próximas elecciones de septiembre determinarán si estas medidas continúan en otras partes, mediante el llamado “weed pass”, o bien se desiste de ella para otras ciudades.

En España, en cambio, parece perfilarse una reforma tendiente a reconocer a los clubes sociales de cannabis no sólo como una manera de garantizar los derechos de sus usuarios, sino también como una fuente de impuestos y recursos frescos para la difícil situación del país. En Dinamarca, la ciudad de Copenhague sigue peleando con el gobierno central para que se le permita comenzar con un proyecto piloto para crear dispensarios de hachís y marihuana controlados por la municipalidad.

Argentina y Brasil, por su parte, cuentan con amplios movimientos de cultivadores que exigen su derecho a asociarse para combatir redes criminales y el uso del paco, mientras que Uruguay propone con este mismo fin una suerte de monopolio estatal sobre la producción, la distribución y el control de la planta. En Chile, los senadores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber ingresaron un proyecto de ley que busca autorizar el autocultivo de la marihuana, así como también que se permita su uso personal y terapéutico.

Finalmente, la aprobación para el cannabis medicinal ya superó a sus detractores en los Estados Unidos a nivel naciona, y 14 estados han despenalizado bajo diferentes regímenes a la planta, mientras que los estados de Colorado, Washington y Oregon se preparan para votar próximamente modelos de regulación del mercado del cannabis en plebiscitos en noviembre durante las elecciones presidenciales.

¿Y dónde queda México en este panorama?

Dadas las circunstancias descritas, todas ellas importantes para la situación de México, aunadas al próximo cambio de gobierno federal, las posibilidades de una reforma del cannabis en México merecen, al menos, un breve recuento, ya que muy probablemente el próximo gobierno federal se verá obligado a abandonar la inflexibilidad obstinada del Presidente Calderón, y en consecuencia tendrá la responsabilidad de examinar las opciones que pudieran encajar en el país. Para ello, la próxima administración deberá reconocer que:

• Existe un movimiento de usuarios que desde hace más de diez años se manifiesta y gana progresivamente espacios de visibilidad en el país. Sus participantes han ido progresivamente afinando sus demandas, entre las cuales son muy importantes la descriminalización del uso y la posibilidad del autocultivo como una forma de no contribuir con los intereses del crimen organizado. Incluso, un importante sector de la comunidad de negocios apoya a la regulación y fiscalización del mercado de cannabis como el primer paso para una más completa regulación de otras sustancias.

• Sin embargo, a diferencia de las motivaciones que los usuarios españoles y sudamericanos han encontrado para abrazar la causa del autocultivo (básicamente, por tener acceso únicamente a productos de mala calidad y/o adulterados por las redes mafiosas que los trafican), en México el mercado parece satisfacer las posibilidades y necesidades de los más distintos bolsillos y gustos. Es decir, la cultura del cultivo para uso privado se encuentra inhibida por la presencia de un mercado altamente especializado, y constreñida por la ley, que lo impide en cualquier modalidad.

• Desde noviembre de 2007 y hasta el día de hoy, en México han sido presentadas 8 iniciativas de ley sobre la marihuana. Esto no es una casualidad, sino el reconocimiento progresivo de la inevitabilidad de la presencia de la sustancia y sus usuarios entre la sociedad mexicana. Todas ellas sin excepción han sido arrumbadas en los anales de distintas comisiones parlamentarias: tres en el ámbito local (la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México) y 5 a nivel federal (cuatro en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores). A continuación se describen muy brevemente las características esenciales de éstas últimas, ya que son las que se encuentran en espacios legislativos federales, que es donde reside toda la legislación mexicana sobre drogas:

1. Iniciativa del Senador René Arce. Presentada originalmente como parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, esta iniciativa pretende hacer responsable al Estado de regular todos los aspectos del comercio de marihuana en México: desde su producción y distribución, hasta un consumo regulado. Denuncia la falta de eficacia de las medidas tomadas hasta el momento para controlar el consumo interno de drogas en el país.

2. Iniciativa del Diputado Víctor Hugo Círigo. En la que se denuncia la inoperancia del sistema de control actual, y se proponen medidas de reducción de riesgos y daños para los usuarios de cannabis, mediante la regulación de su consumo.

3. Iniciativa Conde sobre consumidores. Presentada por la entonces diputada Elsa Conde Rodríguez, en la Cámara de Diputados, en ella, se busca defender al usuario de cannabis de la criminalización por el mero hecho de serlo y plantea la eliminación de la su ambigüedad legal para darle derechos de autocultivo como una forma viable para abastecer a quienes, cumpliendo ciertas características, puedan tener un acceso seguro a la planta al no entrar en contacto con sus redes criminales.

4. Iniciativa Conde sobre cannabis medicinal. Iniciativa en que se plantea el derecho al acceso seguro y legal para aquellas personas cuya condición de salud requiera el uso de cannabis. El Estado es el principal responsable de satisfacerlos, mediante una producción especial de ella.

5. Iniciativa Conde sobre cáñamo. En esta propuesta, se hace ver que existe una diferencia fundamental entre el cultivo de la planta con fines industriales y su producción como sustancia psicoactiva. En ella se señala la incongruencia de que México puede importar y comerciales productos de cáñamo como papel, textiles, cosméticos, cordajes o aceites, de sus principales socios comerciales (TLCAN y TLCUE principalmente) pero no puede producirlos, ya que la planta se encuentra prohibida en su totalidad, con lo que se desperdicia una buena oportunidad de desarrollo para distintos sectores económicos.

¿Tienen alguna posibilidad de traducirse en leyes concretas estas iniciativas, al menos en el corto plazo? Es poco probable, pero sientan un excelente punto de partida para un debate inevitable con la llegada del nuevo gobierno federal en diciembre de 2012.

Junto a las nuevas experiencias internacionales, estas propuestas legislativas, sin haber sido rechazadas, son antecedentes valiosos para encontrar -tal vez bajo nuevas circunstancias-, una nueva “aproximación mexicana” a la regulación de la marihuana. Cuando fue presentada la última de ellas no existía el auge de los clubes sociales de cannabis en el ámbito mundial, ni la mayoría de personas en los Estados Unidos estaba a favor de la regulación de la marihuana.

México está en una posición inédita ante tales circunstancias. El país tiene que trabajar, así, por una reforma que equilibre y pondere el cambio en los Estados Unidos, y al mismo tiempo sea capaz de nutrirse y hacer un frente común con otros países de la región. La carta no es menor, y la baraja más amplia que nunca. El juego aún no ha comenzado.

Jorge Hernández Tinajero es el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).