El proyecto piloto para crear dispensarios de hachís y marihuana administrados por el Estado en Copenhague ha recibido un fuerte revés después de que el Ministerio de Justicia rechazara la solicitud del consejo municipal para experimentar con la reglamentación del cannabis en la ciudad. En una carta dirigida al consejo, el ministro de Justicia, el socialdemócrata Morten Bødskov, señalaba que el Gobierno central no autorizaría el experimento, al considerar que regular el hachís y la marihuana incrementaría probablemente la disponibilidad y el consumo de estas sustancias, algo que también consideraba poco prudente teniendo en cuenta los diversos efectos secundarios con los que se ha relacionado el cannabis.

¿Significa esto que el proyecto piloto del consejo municipal, que prevé establecer unos 20-25 dispensarios de hachís y regular el comercio de cannabis legal, está ya muerto y enterrado? No del todo. Mikkel Warming, el concejal responsable de Asuntos Sociales y miembro de la Alianza Rojiverde (Enhedslisten en danés), anunció que llevaría la cuestión al Parlamento nacional. La Alianza Rojiverde no forma parte del gobierno minoritario de centro-izquierda, pero le presta su apoyo parlamentario.

Realmente lamentable

“Creo que es realmente lamentable que el ministro de Justicia no ayude a abrir nuevos caminos”, declaró Warming. “Es evidente que la actual política en la materia que ha fallado. El hachís está financiando a algunos de los mayores delincuentes de la ciudad y es una de las principales causas de la guerra entre pandillas. Si tuviéramos la oportunidad de descriminalizar la marihuana, les quitaríamos el pan de la boca a las bandas delictivas.”

“¿Estás intentando quitarme el pan de la boca?” (Claus Bigum – Berlingske).

Además, los socialdemócratas del consejo municipal no están de acuerdo con su propio ministro. Lars Aslan Rasmussen, miembro socialdemócrata del consejo municipal, también criticó la decisión del Gobierno central, apuntando que la criminalización del hachís y la marihuana era la principal causa del alto nivel de delincuencia armada en la ciudad. Según Rasmussen, regular los suministros que llegan a los establecimientos limitaría los conflictos entre bandas. “Esperábamos que se tomaran nuestra propuesta seriamente, ya que contamos con el apoyo del 80 por ciento del consejo municipal. Copenhague tiene un grave problema porque el conflicto entre bandas es resultado del comercio con marihuana. Las bandas ganan más dinero que las tiendas de 7-Eleven.”

En la carta (versión en inglés) que Bødskov envió al consejo municipal, no se hace referencia al problema de la violencia de las bandas relacionada con el mercado local de hachís. En lugar de eso, basa su rechazo de la exención que se necesita para el proyecto piloto amparándose en los posibles efectos adversos para la salud y en el supuesto sin fundamento de que, en caso de descriminalizarse, el consumo de cannabis aumentaría. Warming, aunque coincide en que el cannabis puede tener efectos nocivos, no está de acuerdo con el argumento del ministro de Justicia de la medida animaría a más gente a fumar marihuana: “No hay nada que sugiera que la descriminalización llevaría a un mayor consumo, sino al revés: la experiencia de Holanda, de hecho, apunta a lo contrario”.

La aprobación depende ahora del Parlamento

Que el proyecto sea aprobado o no depende ahora del Parlamento. Aunque el proyecto cuenta con el apoyo de los socialdemócratas en el consejo de la ciudad de Copenhague, el portavoz de los socialdemócratas para Asuntos Judiciales del Parlamento nacional, Ole Haekkerup, has expresado importantes dudas. En su opinión, Copenhague no ha pensado a fondo el proyecto, y aunque Dinamarca ha conseguido reducir el consumo de tabaco y alcohol entre los jóvenes mediante un enfoque más restrictivo, sería “molesto” seguir una dirección opuesta con el cannabis, sugiriendo que eso llevaría a un aumento del consumo.

Haekkerup ignora convenientemente el hecho de que, con el actual régimen prohibicionista, el número estimado de usuarios habituales de cannabis se incrementó de poco menos de 8.000 personas en 2005 a 11.000 en 2009, según un informe nacional sobre Dinamarca realizado para el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Además, la descriminalización del consumo personal no se ha traducido en un aumento sustancial del uso en países como Portugal o los Países Bajos. El nivel promedio de consumo de cannabis en los Países Bajos es igual o inferior al de otros países europeos vecinos y notablemente menor que en Francia o el Reino Unido, por ejemplo, que mantienen políticas mucho más restrictivas.

El Gobierno no ha aclarado cómo se está reduciendo el consumo de cannabis y los posibles impactos negativos para la salud con el actual enfoque de línea dura. En 2003, la posesión de drogas ilícitas para consumo personal se volvió a criminalizar en Dinamarca, después de 35 años de despenalización. Las políticas de recriminalización de los Gobiernos conservadores anteriores sólo han conducido a una expansión del tráfico por todas las calles de Copenhague y a una intensificación de la violencia de las pandillas, mientras que el comercio sigue prosperando. El cannabis está al alcance de cualquiera, incluidos los jóvenes.

Curiosamente, Bødskov envió la carta después de consultar con la ministra de Sanidad, Astrid Krag Kristensen, del Partido Popular Socialista (SF), que lleva abogando por la descriminalización del cannabis desde 2001. Sin embargo, el SF no está dispuesto a agitar las aguas. “Hay una resolución del Congreso sobre la descriminalización de la marihuana, pero, tal como yo lo veo en este momento, no hay una mayoría a favor de la descriminalización y no vamos a lanzar ningún ultimátum", manifestó Karina Lorentzen, portavoz de Asuntos Jurídicos del SF. El Partido Liberal Radical (Radikale Venstre), el otro partido de la coalición en el Gobierno, no defiende la descriminalización, pero mantiene una postura ambigua.

El proyecto piloto

El 25 de enero de 2012, el consejo municipal de Copenhague aprobó la solicitud que enviaría al Ministerio de Justicia con el fin de conseguir la autorización para el proyecto piloto, que se desarrollaría durante un período inicial de cinco años y mediante el que se crearían unos 20-25 establecimientos o dispensarios municipales de hachís. El consejo municipal imagina un sistema parecido al del monopolio estatal del alcohol que funciona en la vecina Suecia, y en que el Gobierno sería el encargado de cultivar la marihuana o establecería un sistema de licencias de cultivo. Para ello, el ministro de Justicia debe conceder una exención con respecto a la legislación aplicable en materia de tráfico de drogas.

El proyecto piloto para regular el cannabis contempla todas las etapas de un mercado regulado legalmente, incluidos el cultivo, la importación, la venta y la compra. El proyecto piloto de cinco años persigue demostrar o refutar si un mercado regulado para el cannabis puede cumplir con los objetivos siguientes:

•  Tener un impacto positivo sobre el consumo y, especialmente, sobre el abuso de cannabis.
•  Crear una plataforma para una educación pública más eficaz acerca de los efectos y los efectos adversos del uso de cannabis.
•  Generar un contacto mejor y más temprano entre las personas que experimentan una adicción al cannabis y el sistema de tratamiento.
•  Reducir la transición del consumo de cannabis a sustancias más peligrosas y adictivas mediante la separación del mercado del cannabis y el de las drogas duras.
•  Tener un efecto de contención sobre la delincuencia organizada, especialmente sobre la delincuencia de pandillas violentas.

La solicitud da algunos detalles sobre la puesta en marcha del proyecto piloto. La producción del cannabis se realizará a través de empresas autorizadas, incluidas empresas de gestión pública. El personal de los establecimientos estará bien capacitado para asesorar sobre los efectos nocivos del uso de la marihuana y ofrecer orientación sobre las opciones de tratamiento para el abuso de cannabis, alcohol y otras drogas. Se establecerán límites sobre la cantidad que puede comprar una persona al día. Se pedirá una identificación para restringir el acceso a los adultos y evitar que surja un fenómeno de turismo relacionado con el hachís. Por otra parte, los no residentes sólo podrán adquirir cantidades limitadas. El proyecto irá acompañado de una campaña de prevención sobre los efectos nocivos del uso de cannabis y las drogas duras.

Aunque el consejo municipal proporcionó algunas pautas generales para el proyecto piloto, el diseño en sí debería efectuarse mediante un proceso de diálogo y cooperación entre el Gobierno, los grupos de interés y otros actores. Un sistema experimental concreto conlleva, entre otras cosas, la creación del marco legislativo necesario. La posesión de cannabis para consumo personal debería legalizarse o descriminalizarse, para lo que el consejo de la ciudad de Copenhague necesita la cooperación y la aprobación del Gobierno nacional. El consejo municipal también necesita una autorización para el cultivo de cannabis.

Durante los cinco años de desarrollo del proyecto piloto, se evaluará y medirá con regularidad el impacto de este sobre el uso y la delincuencia, así como posibles consecuencias indeseadas. La evaluación debería servir como base para futuros debates y decisiones sobre la descriminalización y la regulación del mercado del cannabis. En caso de que el Gobierno autorice finalmente el proyecto piloto, el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Copenhague elaborará un modelo de regulación más específico para la ciudad.

La actual oferta de cannabis en Dinamarca

Cabe destacar que la propuesta incluye la posibilidad de importar cannabis de otros lugares hasta que se haya alcanzado una producción estable y suficiente de hachís en Dinamarca y, por tanto, se puedan limitar esas importaciones. En este momento, el cannabis que se suele vender en Dinamarca procede de Marruecos, ya sea directamente o a través de canales de contrabando que pasan por España o los Países Bajos; su suministro suelen depender de organizaciones delictivas en Dinamarca. Desde el punto de vista jurídico, importar hachís de Marruecos exigiría un acuerdo entre ambos Gobiernos, lo cual sería una forma interesante de poner a prueba los límites de la flexibilidad de las convenciones de control de drogas de la ONU.

El cannabis también se cultiva cada vez más en Dinamarca. Hay dos grandes tipos de cultivadores: las personas que cultivan para autoabastecerse y de forma experimental, por un lado, y las personas que cultivan con fines lucrativos, por el otro. En el grupo de ‘autoabastecimiento’, estarían aquellas personas que desean ser autosuficientes y, quizá, proveer también a sus amigos más o menos cercanos. Suelen considerar que el cultivo de cannabis es un pasatiempos e intentan cultivar plantas de buena calidad, así como evitar cualquier contacto con entornos delictivos. Según un reciente proyecto de investigación, la mayoría de cultivadores de este tipo tenía menos de 20 plantas y obtenía unos beneficios moderados con la producción. El otro grupo incluiría a aquellas personas que buscan lucrarse con el cultivo y que, muchas veces, forman parte de entornos delictivos y abastecen al mercado criminal.

Los clubes sociales de cannabis

Una opción que no se está discutiendo en Dinamarca es el modelo de los clubes sociales de cannabis, que pusieron en marcha varias asociaciones de usuarios en España. Los clubes están debidamente registrados como asociaciones no comerciales de consumidores adultos que cultivan y distribuyen cannabis para cubrir sus necesidades personales sin tener que recurrir al mercado negro. Se basan en el hecho de que el simple consumo de drogas ilícitas, así como el cultivo y la distribución entre usuarios sin suministrar a terceros, no ha sido nunca un delito en la legislación española.

Esta es una opción que podría ser factible en el marco de la legislación danesa a través del ‘principio de conveniencia’, por el que las directrices de procesamiento podrían establecer reglas bajo las que podrían operar los clubes. Así, se podrían regular los ‘grupos de autoabastecimiento’ que ya existen en Dinamarca y vincularlos con un grupo de consumidores más amplio y, al mismo tiempo, socavar el mercado negro. Sin embargo, para seguir esta opción también se necesita una decisión del Gobierno central sobre la manera de aplicar las directrices de procesamiento y revertir las actuales políticas represivas. Los analistas consideran que las posibilidades de que esto suceda son escasas.