En materia de proyectos de desarrollo alternativo fracasados la región andina tiene, desafortunadamente, basante experiencia. Los continuos alzamientos campesinos del Chapare boliviano y las tensiones sociales entre los cultivadores cocaleros en el sur de Colombia son expresiones manifiestas de este fracaso. En materia de proyectos de Desarrollo Alternativo (DA) fracasados, la región andina tiene –desafortunadamente– bastante experiencia.Los continuos alzamientos campesinos del Chapare boliviano, y las tensiones sociales entre los cultivadores cocaleros en el Sur de Colombia son expresiones manifiestas de este fracaso.

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En enero del 2002, el TNI asistió a una conferencia en Alemania, organizada por el gobierno alemán y el PNUFID. El objetivo era evaluar la experiencia en este campo y extraer conclusiones para el futuro de esta práctica. La Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, de 1961, prohibió los cultivos que no tuvieran un propósito médico o científico, fijando un plazo de 15 años para el opio y 25 para la coca como período de extinción definitiva de estos productos. En 1998, ignorando la experiencia de casi cuatro décadas de políticas fallidas en materia de cultivos ilícitos, la ONU vuelve a fijarse un plazo: eliminación de coca y opio en el 2008. Uno de los instrumentos para alcanzar tal objetivo es el DA, concepto que quedó internacionalmente reconocido en esa conferencia como parte de una estrategia de control de drogas integral. Los otros elementos de esta estrategia son la erradicación y la ejecución de la ley. La experiencia ha revelado que la combinación simultánea de estas prácticas –lo que en otras palabras se conoce como zanahoria y garrote– es contraproducente.

El presente número de Drogas y Conflicto lo hemos dedicado a este tema central de las políticas internacionales de control de drogas. La reducción de la oferta, uno de los objetivos del DA, ha fracasado en la región andina. ¿A qué se ha debido este fracaso? ¿Qué se puede esperar, en el futuro, de los programas de DA, teniendo en cuenta la experiencia obtenida hasta el momento?

Como expone el sociólogo Ricardo Vargas, refiriéndose a los pactos de erradicación y proyectos de sustitución de cultivos en el Putumayo (Colombia), no hay una justa  compensación entre lo que el Estado espera de los campesinos –que erradiquen su principal medio de subsistencia– y lo que éstos reciben a cambio, proyectos sin ninguna viabilidad condenados al fracaso y una amenaza latente de fumigación si no se cumple con los plazos estipulados. La política internacional de control de drogas obliga al gobierno colombiano a medir los resultados en términos del número de hectáreas erradicadas, ignorando las condiciones de desarrollo específicas de la región.

Las instituciones del Estado no tienen capacidad para operar efectivamente en el Putumayo. En medio de una crisis combinada entre un proceso de paz roto y las acciones de la guerrilla contra la infraestructura económica y de servicios, el gobierno central no está en condiciones de garantizar el buen funcionamiento de los programas de DA. Y como si la situación no fuera ya bastante grave, con el argumento de que hay que combatir las finanzas del terrorismo, se quieren anular de paso los derechos económicos y sociales de los campesinos y devaluar los reclamos por los impactos ambientales y de salud.

Con el interés de acallar el reconocimiento del fracaso y la impotencia de las actuales políticas (combinación de DA y represión), se sigue insistiendo en la opción cero y destacando falsos éxitos. En este sentido la declaración final de la conferencia en Alemania no supone un cambio radical, pero ofrece algunos avances: un mejoramiento del concepto mismo del DA; y la aceptación de que no se ha contado en la práctica con una verdadera participación de las comunidades afectadas. La declaración final logra expresar un poco mejor el equilibrio entre el DA y la aplicación represiva de la ley. Finalmente queremos hacer notar también el interés y la muy activa participación del PNUFID durante la conferencia. Interés que ofrece un margen de optimismo sobre las posibilidades de que las instancias internacionales finalmente sepan identificar las prácticas efectivas y vean la necesidad de desligarlas de las actuales políticas represivas, más nocivas que las mismas drogas.