En 2009, se puso en marcha un programa innovador conocido como el control social de la hoja de coca. Basándose en los altos niveles de organización de los cocaleros junto a un mejor monitoreo usando tecnología sofisticada, la titulación de tierras y el desarrollo económico, el programa de control social se basa en valores culturales muy arraigados que enfatizan la importancia de la participación comunitaria a través de los sindicatos campesinos. Habeas Coca sostiene que el programa de control social de la coca de Bolivia es una alternativa rentable y menos violenta a la erradicación forzosa de la coca, vigente en Colombia y Perú.

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Más de dos décadas de políticas de erradicación han sido un fracaso demostrable en los tres países andinos, generando pobreza y graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, estas estrategias fallidas fortalecieron a los grupos insurgentes de Colombia y Perú, alejándose del cumplimento de los objetivos de control de los cultivos de coca y la disminución del comercio ilegal de cocaína. Si bien la política de Bolivia redujo efectivamente el cultivo de coca en un 34 por ciento desde 2010 hasta 2014, para comprender los alcances de sus políticas, es de vital importancia reconocer que ellas no están diseñadas para, ni pueden, limitar el tráfico de drogas. Debido a que el precio de la hoja de coca ha aumentado a causa del programa actual, la coca peruana, más barata, y sus derivados pasan por Bolivia hacia países de tránsito y consumo, como Brasil. Es la demanda, y no la oferta, la que impulsa el tráfico de drogas, y ésta se origina casi por completo fuera de las fronteras bolivianas.

La iniciativa de Bolivia busca principalmente reducir el daño a los productores de coca sustituyendo el modelo de la erradicación forzosa basada en la intervención de fuerzas policiales y militares, por otro en el que participen activamente los productores como ciudadanos, incrementando su participación en la determinación del futuro de sus comunidades. Este modelo es más eficiente en áreas donde los residentes apoyan al gobierno actual. Sin embargo, necesita consolidarse más en áreas donde no existe una fuerte influencia del gobierno, y donde las organizaciones sindicales de cultivadores de coca están en conflicto entre sí.

En el Chapare, la región del presidente Evo Morales, la combinación del nuevo enfoque con otras políticas gubernamentales ha reducido dramáticamente el número de muertes y lesiones de los productores de coca, relacionadas con la erradicación forzosa, lo cual ha hecho posible que los cocaleros diversifiquen sus fuentes de ingreso. Esta iniciativa se estructura en torno a la negociación y el reconocimiento de las organizaciones locales como socias, lo cual garantiza a los cocaleros un ingreso para subsistir. Esto se combina con el establecimiento de sus identidades legales como cocaleros registrados, lo cual genera, a su vez, un nuevo sentido de los derechos ciudadanos, lo cual los compromete a limitar los cultivos de coca, y ayuda a producir resultados transparentes y verificables.

El resultado es un programa que la Organización de los Estados Americanos (OEA) llama “buenas prácticas... disponibles para uso o réplica.” El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot, describió el programa como “Para mí, el trabajo que hemos hecho es exitoso, los resultados también se ven en la reducción exitosa y sostenida de la producción de coca del país,… nuestra experiencia como Unión Europea ha sido muy positiva”.

Si bien Bolivia ha desarrollado un primer programa muy prometedor de control de la oferta, que refleja ampliamente los principios de la reducción del daño que han sido implementados en algunos países en cuanto a la demanda, su mismo éxito ilustra claramente el efecto mínimo que tienen los esfuerzos para controlar la oferta de drogas, sobre la restricción de la demanda de drogas ilícitas.

Una reforma efectiva y pragmática de la política de drogas debe ir más allá de los límites tradicionales de la erradicación, las incautaciones y arrestos, y moverse hacia indicadores más genuinos y válidos, como son los derechos humanos, el bienestar social de las poblaciones afectadas, la estabilidad económica, la ciudadanía, el estado de derecho, la desmilitarización, el compromiso positivo con el estado, la transparencia, y la habilidad de monitorear efectiva y cuantitativamente el impacto y la sostenibilidad.