Ecuador nunca ha sido un importante centro de producción o tráfico de drogas ilícitas ni ha atravesado las convulsiones sociales que pueden resultar de la existencia de un dinámico mercado doméstico o exterior de estas sustancias. Aunque Ecuador se ha convertido en un importante país para el tránsito de drogas ilícitas e insumos químicos, así como para el lavado de dinero, el tráfico ilícito de drogas no ha sido percibido como una amenaza significativa a la seguridad nacional. Sin embargo, durante casi dos décadas, Ecuador ha tenido una de las leyes sobre drogas más draconianas en América Latina.

Descarga el capítulo sobre Ecuador (PDF)
Descarga el documento de trabajo sobre Ecuador (PDF)

Ecuador tiene una de las leyes de drogas más severa y desequilibrada entre los países estudiados en el estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina. La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, actualmente vigente, conocida como Ley 108 , no fue desarrollada con base en la realidad del país, sino que fue resultado de presiones internacionales y del contexto político doméstico. Se trata de una legislación extremadamente punitiva, que produce sentencias desproporcionadas al delito, contradice garantías al debido proceso y viola los derechos constitucionales del acusado.

Desde su entrada en vigor en 1991, la Ley 108 sobre drogas ha resultado en un sin fin de sentencias desproporcionadas a los delitos cometidos y en violaciones a los derechos humanos y civiles. Su enfoque en la aplicación del orden público, y la existencia de presiones por parte de los Estados Unidos supuso que el éxito de las políticas ecuatorianas sobre drogas se midiera por el número de personas en prisión acusadas por delitos de drogas. Ello resultó en un considerable hacinamiento de las prisiones y el deterioro de las condiciones carcelarias.

Este estudio analiza las conexiones directas entre la Ley 108 y el deterioro de las condiciones penitenciarias en Ecuador hasta la asunción de la actual administración del Gobierno de Rafael Correa. Aunque la Ley 108 aún está vigente, la administración de Correa es la primera en analizar las ramificaciones de la ley, definir los problemas que se dan al interior de las cárceles del país, y desarrollar propuestas para las reformas legales e institucionales relacionadas tanto con las drogas como con las prisiones.

Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está en el proceso de desarrollar una propuesta para reformar la ley de drogas – tras reconocer las injusticias que ésta ha causado – el proceso de reforma marcha lentamente y no se sabe si el proceso va a continuar.  Entonces, dicha ley todavía está vigente.

La Ley 108  no hace distinción entre ofensores de menor escala (primerizos o micro-comerciantes) y traficantes de gran envergadura. Potencialmente, una persona que porta unos pocos gramos de marihuana puede acabar cumpliendo una sentencia de 12 años, igual que una persona acusada de transportar un monto mucho mayor de cocaína. La Ley incluye varias categorías bajo las cuales una persona puede ser acusada (como tenencia, transporte o tráfico). Muchas veces un acusado está sentenciado bajo más de una de las categorías,  lo cual es inconstitucional. Por eso, potencialmente, un acusado puede recibir una pena de 25 años, mayor a cualquier otro delito bajo la ley ecuatoriana (la sentencia máxima por homicidio es de 16 años).

“En Ecuador, una madre soltera, analfabeta, sin antecedentes penales, que transporte unos gramos de droga para mantener a sus hijos puede acabar más años en la cárcel que un asesino”, dice Sandra Edwards, investigadora del capítulo de Ecuador del estudio de TNI y WOLA. “Esto es una injusticia, pero también es inefectivo, pues se encarcela a un micro-traficante y al día siguiente los jefes lo remplazan, y el negocio continúa intacto. Mientras tanto, la reclusa queda con menos posibilidades de empleo al salir de la cárcel, y sus hijos sin apoyo y sin recursos”.

En agosto de 2008, Ecuador tenía el porcentaje más alto de sobrepoblación penitenciaria en América Latina. La forma en que las cortes aplicaron la Ley 108, el abuso del uso de la prisión preventiva  y la percepción de las fuerzas de seguridad de que el número de personas detenidas por delitos de drogas es señal de éxito en la lucha contra el narcotráfico (una percepción equivocada pero en parte fomentada por incentivos financieros de los Estados Unidos), llevaron al sistema carcelario a una crisis. 

En respuesta a la crisis carcelaria, el gobierno implementó un indulto en julio de 2008 que resultó en la  excarcelación de alrededor de 2.000 micro-traficantes o “mulas” que habían cumplido por lo menos el 10 por ciento de su condena y eran ofensores primerizos. Hasta marzo de 2010, la tasa de reincidencia de aquellos liberados por el indulto era menor al 1 por ciento.(1)

Según la investigación de TNI y WOLA, nuevamente se empieza a elevar el hacinamiento en las cárceles, a pesar del aligeramiento temporal producido por el indulto. Actualmente, el 80 por ciento de todas las mujeres detenidas en El Inca, la prisión más grande para mujeres del país, lo están  por delitos de drogas.

“El indulto tuvo efectos positivos, pero no fue una solución permanente”, dice la investigadora Edwards. “Mientras la ley 108 siga vigente, las prisiones estarán llenas de personas no violentas que en realidad merecen o sentencias más proporcionadas o sanciones alternativas al encarcelamiento. Actualmente, la policía se está enfocando en los blancos fáciles de arrestar, sin que el tránsito de drogas ilícitas por el país se reduzca”. 

“He visitado varias de las prisiones del país. Es obvio que muchas de estas personas transportan drogas por pobreza y falta de trabajo, y no son quienes realmente se benefician del negocio de drogas ilícitas”, dice Edwards. “Como forman parte del nivel más bajo de la cadena del tráfico, la ganancia no los saca de la pobreza. Muchos me han dicho, ‘Si yo soy un gran narcotraficante, ¿donde están mis miles de dólares?’” dice Edwards. Para ver un video de una mujer contando las razones por las cuales entró a la venta de drogas en Ecuador y su experiencia en la cárcel visitar esta página. (La prensa tiene permiso de usar este video.)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está desarrollando una propuesta legislativa para reformar la ley de drogas. “Esperamos que el Ministerio siga con el proceso de reforma.  Hay muchos obstáculos políticos que pudieran parar el proceso.  Además, si el Ministerio presentara la reforma,  ésta todavía tendría que ser aprobada por los legisladores nacionales”,  dice Edwards. “Si la reforma pasara como fue concebida, podría servir hasta de modelo para el resto de América Latina”, concluye Edwards, no sin antes recordar que varios países en América Latina están en procesos de reformas similares al de Ecuador. Entre estos países figuran Argentina, Brasil y Bolivia. Para ver un resumen sobre las leyes de drogas y las reformas pendientes en el continente ver este documento. 

Para más información:

– Sobre el informe de Ecuador: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en Ecuador: +(09) 826-3870.
– Sobre el informe en general a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Coordinadora de Comunicaciones: en Estados Unidos: +(617) 584-1713.
– Vea nuestra video serie mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Notas

(1) Centros de Rehabilitación Social, Departamento de Planificación, Defensoría Pública Penal,Numérico de Personas Privadas de Libertad Indultadas por Drogas, Casos Reingresos Registrados.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.