El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. En la actualidad existe una crisis humanitaria de gran envergadura en América del Norte en relación con este consumo y los opiáceos que circulan en este mercado. Las políticas de control del cultivo ilícito en México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas, la criminalización de los cultivadores y malestar en las comunidades afectadas.

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Para entender la dinámica de este mercado y con el fin de evaluar si las respuestas políticas ante el fenómeno son oportunas y eficaces, presentamos este estudio sobre los cultivos de opio en México y Colombia que, junto con Guatemala, son los tres países productores en América Latina. El informe incluye además un análisis de las fuentes geográficas de la heroína en el mercado estadounidense. Como el Gobierno de los Estados Unidos tiende a mirar hacia los países productores para explicar las causas de la situación de emergencia en su país, resulta importante considerar la problemática desde ópticas más amplias e inclusivas.

Conclusiones y recomendaciones

• El cultivo de amapola en México y, en menor escala, en Colombia y Guatemala, se extendió durante la última década siguiendo la dinámica del mercado ilícito de la heroína en los Estados Unidos, aunque los datos oficiales de los organismos de control no son muy fiables, carecen de claridad con respecto a las metodologías aplicadas (especialmente en el caso de Colombia) y, a menudo, han mostrado contradicciones e incoherencias.

• El cultivo de la amapola y la extracción del opio fueron adoptados hace décadas por comunidades campesinas de montaña en México y Colombia y la práctica persiste, a pesar de su ilegalidad y esfuerzos permanentes de erradicación. Es una actividad complementaria en la economía familiar campesina: una fuente de ingresos que se alterna con la producción de alimentos, la manufactura y el comercio local para sustentar unas economías que, en muchos casos, son precarias.

• Las políticas de control del cultivo ilícito por parte de los Gobiernos de México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, sea manual, por fuerzas policiales y militares, o por aspersión (aérea) con químicos. En ambos casos son estrategias ineficaces y contraproducentes, ya que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas y malestar en las comunidades afectadas.

• El Gobierno de los Estados Unidos debería reconocer que las causas fundamentales de su crisis de opiáceos/opioides, con un número elevado de víctimas por sobredosis de heroína y fentanilo sin precedentes, son internas y no son el resultado del flujo creciente de heroína desde América Latina. De hecho, los Estados Unidos deberían asumir cierta responsabilidad por el hecho de que las fallas estructurales en su sistema de salud pública y en su control sobre la industria farmacéutica hayan estimulado la producción ilícita en América Latina para satisfacer esa demanda creciente. De ninguna manera se puede acusar a los cultivadores en México, Guatemala y Colombia de ser culpables de la situación dramática del aumento de muertes por sobredosis de opioides.

• Los campesinos cultivadores tampoco pueden ser criminalizados por cultivar la planta con fines de subsistencia: no existen muchas opciones reales de sustitución de la amapola por cultivos alternativas debido al alto precio que tiene el opio ahora en el mercado debido, precisamente, al aumento de la demanda. Además, las zonas donde existen los cultivos están aisladas, tienen escasa infraestructura y prácticamente carecen de presencia o asistencia estatal. En el caso de Colombia, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado en el marco del proceso de paz, nunca incluyó a los cultivadores de amapola y, hasta la fecha, se ha enfocado exclusivamente en los cultivos de coca.

• La opción mencionada a menudo de redirigir la producción ilícita del opio hacia usos legales medicinales parece interesante. Sin embargo, plantea una serie de obstáculos y dilemas que no son fáciles de superar en el corto plazo. Lo más importante es el alto precio en el mercado ilícito actual, un nivel que sería difícil de conseguir con un programa económico y competitivo de producción lícita de medicamentos. La reconversión de la producción ilícita a una lícita no solo depreciaría el producto de los campesinos, sino que tendría muy poca viabilidad en el mercado farmacéutico internacional. Además, la demanda de la heroína para el mercado ilegal, que competiría con la producción para fines lícitos, se mantiene. Por lo tanto, sería difícil argumentar que presentaría una solución económica para la escasez de opiáceos para fines medicinales o para reducir significativamente el mercado ilegal de heroína. Aun así, la opción merece seguir estudiándose como alternativa a corto plazo para ciertas comunidades que ahora dependen del cultivo ilícito, en vista de la ausencia de otras opciones viables de desarrollo alternativo y de la ineficacia y consecuencias nefastas que ha demostrado la erradicación forzosa.