Los desafíos del cannabis medicinal en Colombia
Una mirada a los pequeños y medianos cultivadores
Septiembre de 2019
En julio de 2016 el gobierno colombiano expidió la ley 1787 que regula el uso y la comercialización del cannabis medicinal en el país. Con esta decisión y una serie de resoluciones subsiguientes, Colombia se sumó a más de una decena de países que han puesto en práctica distintos tipos de reglamentación para explorar las ventajas de esta planta como alternativa farmacéutica. A pesar de que la legislación contempla que el 10 por ciento de la producción debe provenir de pequeños y medianos cultivadores, la realidad es que el negocio ha sido mayoritariamente acaparado por los grandes capitales locales y extranjeros.
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A través de la expedición de cuatro tipos de licencias (cultivo de cannabis psicoactivo, cannabis no psicoactivo, uso de semillas para siembra y fabricación de derivados) se abrió la puerta no sólo a la investigación científica sino a un negocio que cada vez toma más fuerza en el mundo y que algunos prevén que para el 2025 moverá cerca de 54 mil millones de dólares. Desde la expedición de la ley se han otorgado más de 300 licencias y el país vive una fiebre bautizada “oro verde”, que ha llamado la atención de grandes inversionistas que ven en el cannabis el negocio del futuro. Las condiciones geográficas y climatológicas, el costo de la mano de obra e insumos, así como un robusto marco legal a largo plazo, han hecho de Colombia un lugar idóneo para la siembra de cannabis y un sitio apetecido por las multinacionales.
Si bien existen casos de asociaciones campesinas que se han unido para obtener una licencia, la mayoría lo logran a través de asociaciones con multinacionales, en su mayoría canadienses, en donde ya cuentan con una experiencia en el tema. Por lo anterior, desde la puesta en marcha de la ley el gobierno ha introducido resoluciones que buscan incentivar y promover la producción local. Pero la situación está lejos de ser ideal para los productores locales y ya surgen descontentos. El presente artículo analiza la entrada en vigencia de la ley 1787 de 2016 y los desafíos en la implementación del esquema medicinal en Colombia, en especial con el involucramiento de pequeños y medianos productores.
En la primera parte el texto hace una revisión breve de la historia reciente de la marihuana y su uso en Colombia. Luego se centra en la evolución legislativa que desembocó en la Ley 1787 de 2016. En la tercera parte se analiza de fondo las implicaciones de la ley, los tipos de licencia y las resoluciones subsiguientes. A continuación se presenta un panorama de la situación actual del negocio de cannabis, las empresas que hacen parte y el papel del pequeño y mediano campesinado. Y la última parte ofrece sugerencias de cómo esta legislación podría beneficiar en mayor parte a los primeros eslabones de esta cadena, que no sólo han sido quienes más han sufrido los embates del narcotráfico sino también los problemas relacionados con la repartición de tierras.
