En el espíritu de la Declaración de la Habana de la II Cumbre de la CELAC, reconocemos que el abordaje del tema de las drogas es de carácter hipercomplejo ya que comprende diversidad de delitos y genera graves problemas y distorsiones sociales, políticas, económicas y culturales. No puede reducirse únicamente a la situación que genera en los países el delito de narcotráfico.

La forma de abordaje de la situación hasta hoy día, ha provocado caudas dolorosas de miles de muertes violentas que se incrementan en la región de Mesoamérica y otros países del sur de América; así como en ocasiones los métodos que se emplean para combatir este delito se traducen en violación a los derechos humanos. Igualmente sirve de base financiera para varias expresiones del crimen organizado, facilitando su instalación a lo largo de las rutas de la droga, corrompiendo nuestras instituciones y comunidades.

Desde hace mucho tiempo ha existido la pretensión de que asumamos el término de “guerra contra las drogas”, para reflejar las acciones que se desarrollan o debieran desarrollarse en contra de este grave problema. Está claro que no podemos aceptar esta concepción. Por otro lado, aceptar que la solución es una guerra, implica que aceptemos la militarización de la misma, lo que siempre trae consigo el debilitamiento de las fuerzas civiles de seguridad. Es importante destacar que la polémica alrededor de las drogas y los múltiples problemas que genera, se origina en la existencia de un mercado mundial fuera del ámbito de los países miembros de la CELAC, que está permanentemente en expansión. El más grande se ubica en Estados Unidos y el segundo en los países de la Unión Europea. Sin embargo en ninguno de los dos se percibe una actitud real, más allá del discurso, para asumir su corresponsabilidad en el grave problema que ocasiona el alto nivel de demanda de las drogas.

Más bien la estrategia que se está utilizando promueve el uso de los ejércitos de la región a través de operaciones conjuntas, muchas de las cuáles y a partir del volumen de fuerzas extranjeras que participan se hacen sin la debida autorización de los Congresos, en algunos de los casos, vulnerando con ello la institucionalidad de los países. Esta estrategia no parece dirigida a resolver el problema, de fondo, sino representa un pretexto para la intervención de Estados Unidos, quien al mismo tiempo exporta un modelo de penalización, militariza el combate al narcotráfico y despenaliza el consumo al interior de Estados Unidos en ciertos Estados, sólo a atender los factores que a Estados Unidos le interesan, especialmente el narcotráfico.

Además de los problemas ya señalados, es importante destacar la excesiva porosidad de las fronteras en nuestros países, que facilita el paso de todos los tránsitos ilícitos, sean drogas, personas, armas o contrabando. Estas zonas suelen igualmente compartir situaciones de bajo desarrollo y con poco acceso a los servicios de salud, educación y por tanto con poca inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones. Por otra parte, los altos volúmenes de dinero que se blanquean en el mundo producto del mercado de la droga (sobre los cuáles es muy difícil obtener datos precisos), evidencian la participación del sistema financiero internacional y nacional, el financiamiento de partidos políticos, la trata y el tráfico de personas.

Igualmente queremos destacar la asociación letal entre drogas y armas. Los tránsitos de la droga van acompañados de tráficos ilícitos de armas y la cauda de violencia asociada a los controles de las rutas. No puede combatirse un tráfico sin atacar el otro. Por ello debe ser coherente la política de los Estados exportadores de armas de corresponsabilizarse para restringir y controlar el comercio ilegal de las armas hacia otros países, sobre todo en aquellos que persiste la presencia de grupos criminales organizados dedicados al narcotráfico. Asimismo, es importante destacar que para que se suceda la producción de sustancias es necesaria la importación ilegal de los llamados “precursores” y estos son producidos por empresas transnacionales cuyo gran capital proviene de los países que precisamente quieren controlar la producción de sustancias psicoactivas.

Queremos destacar los problemas de las personas privadas de libertad diferenciando su papel y participación en la cadena de trasiego. Cerca de 70% de las mujeres privadas de libertad en América se encuentran en prisión por delitos no violentos de micro-tráfico de drogas. El perfil de las mujeres participantes en la industria de la droga son jóvenes, pobres, analfabetas, con poca escolaridad, madres solteras y responsables por el cuidado de sus hijos.

En la mayoría de los casos, estas mujeres no tienen un papel predominante en las redes de narcotráfico y se encuentran en los niveles más bajos de la cadena, en los cuales los premios son pocos y la violencia por lo general es muy común.

Por otro lado, con frecuencia se dirigen acciones en contra de los productores de cultivos que o son tradicionales y están vinculados a cuestiones espirituales, medicinales y alimenticias como en el caso de la hoja de coca, o como en Guatemala, la erradicación de las plantas de amapola, sin considerar que las comunidades en dónde esto se produce no tienen alternativas de carácter económico, ni siquiera a nivel de subsistencia.

Planteamos la necesidad de que los Estados formulen políticas públicas diferenciadas para enfrentar la situación actual de las drogas en cualquiera de sus etapas de la cadena: cultivo, producción, fabricación, tránsito, comercialización y lavado de dinero. Dichas políticas deben igualmente generar seguridad ciudadana y ser respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente. Destacamos la importancia de abordar el problema de fronteras con un enfoque de inclusión y desarrollo y no de seguridad nacional.

La Comisión Global de Políticas de Drogas argumenta que a pesar de las leyes y políticas más duras y las crecientes tasas de encarcelación, no está claro que las políticas en materia de drogas estén teniendo el efecto pretendido en la reducción o eliminación de los delitos de drogas.

El consumo de drogas es un problema principalmente socio-sanitario pero también económico, por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas nacionales de salud, empleo, educación, de apoyo e inclusión social, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento y reducción de daños, desde un enfoque no represivo en el marco de los derechos humanos, enfocado hacia la juventud.

Está claro que sin atender los problemas de falta de desarrollo, de la falta de perspectiva en la que sobreviven enormes mayorías de juventudes, sin acceso a salud, educación, recreación y actividades económicas de carácter positivo, todas las medidas tendrán carácter paliativo.

Por ello proponemos que debe distinguirse entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a la política de drogas. Sin embargo, en situaciones donde se privilegia la criminalización y los enfoques punitivos de control, los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el mal uso de las sustancias.

Si bien hay diferencias en las formas de juzgar entre los países, el rasgo común es la desproporcionalidad de las penas por delitos de drogas y la ceguera de género que permea los sistemas penales. Esto se refleja en las leyes penitenciarias, las instalaciones, los regímenes y las disposiciones relativas a los niños y niñas que viven en prisión con sus madres.

Resulta necesario, para la reducción de la violencia provocada por las políticas actuales de drogas, que los gobiernos aseguren la proporcionalidad justa de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delitos; delitos de droga de menor, media y alta escala; rango y cargo que ocupa la persona en las redes del trafico de drogas; delitos violentos y no violentos; y tipos de drogas.

El trasiego y consumo interno de drogas son dos problemáticas distintas aunque obviamente no inconexas: a) el problema fundamental es el trasiego, en él se deben enfocar los recursos de los sistemas de seguridad y justicia; b) el consumo de drogas es un tema que corresponde puramente al ámbito de sanidad pública, por lo que no corresponde al derecho penal intervenir en ello.

Creemos que es necesario separar del campo penal y de la seguridad el uso y consumo personal de las drogas, así como todas las conductas tendientes a esa finalidad. Esta medida redundará además, en el descongestionamiento de las cárceles y los sistemas de justicia.

Urgimos al establecimiento y ampliación de las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos de drogas menores no violentos, y que se tomen en cuenta consideraciones humanitarias para poder hacer frente al impacto devastador que la desproporcionalidad tiene sobre poblaciones vulnerables así como diferenciar la situación de género.

Los tratamientos voluntarios en la comunidad para atender la dependencia a las drogas, son más efectivos que los tratamientos en prisión, cuando de reducir la reincidencia se trata. En caso de las mujeres estos tratamientos deben considerar sus particularidades de género, ya que las adicciones no se presentan de la misma forma en hombres y en mujeres Es necesario descolonizar el pensamiento tradicional sobre políticas de drogas y encontrar nuevos parámetros para juzgar. Parámetros que partan de las personas reales involucradas en el proceso y sus circunstancias específicas, que en el caso de las mujeres, es la aplicación de medidas no privativas de la libertad, no sólo por ellas mismas sino basado en el interés superior de las niñas y niños. Además, se requiere reorientar las políticas de drogas para incluir la perspectiva de género y derechos humanos, así como desarrollar criterios adecuados para medir su éxito. Existe la necesidad de una Política Nacional de Drogas que se concentre la salud y el respeto de los Derechos Humanos.

Es necesario reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Los usos integrales de la misma deben ser respetados, protegidos e impulsados por todos los países involucrados. Igualmente hacemos un llamado para encontrar caminos adecuados para aquellas poblaciones pobres que se encuentran produciendo amapola como alternativa a la ausencia de otras formas de crecimiento económico sustentable.

Debido a la indiscutible relación entre armas de fuego y narcoactividad que genera una alarmante violencia en la región, pedimos a los Estados que no lo han hecho aun, ratificar los instrumentos internacionales en materia de armas de fuego y municiones especialmente el Tratado sobre Comercio de Armas aprobado el pasado año en Naciones Unidas.

En el marco de esta reunión que inicia el día de mañana, instamos a que todos los cambios sobre políticas de drogas que asuman los Estados, bajo ninguna circunstancia causen o signifiquen retrocesos en el Estado de Derecho, la Democracia, la separación de funciones de los cuerpos de seguridad del

Estado y el respeto a los Derechos Humanos. De esa cuenta debe velarse por el fortalecimiento de las capacidades de las policías, reduciendo paralelamente el papel y la actuación de los ejércitos en esta temática. Reiteramos la importancia de la participación de la sociedad civil y organizaciones de personas que afectadas por las drogas en todos los procesos, ya que pueden ofrecer, según sea el caso, experiencia y conocimiento para el desarrollo y la implementación de políticas y programas relativos a las mismas. Al respecto, los Estados Miembros de la CELAC deben alentar un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales.

La Antigua Guatemala, 13 de mayo de 2014

Instituciones firmantes

– Asociación para la Prevención del Delito

– APREDE

– Asociación Guatemalteca de Comunidades Terapéuticas

– Casa Artesana

– Centro de Estudios de Guatemala

– Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos - CIDDH -

– Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho – CEDD – Internacional

– CONGCOOP

– Comunidad Terapéutica Especializada

– ALBORADA

– El Refugio de la Niñez Fundación Crece

– Fundación Rigoberta Menchú

– Grupo Ceiba

– Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social - DEMOS –

– Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible – IEPADES –

– Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala - ICCPG -

– Incidencia Democrática IDEM

– Proderechos

– Drug Policy Alliance

– REDUC

– Intercambios

– International Drug Policy Consortium IDPC

– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

– Psicotropicus Centro Brasileiro de Política de Drogas

– Asociacion Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas ACEID

– Acción Tecnica Social

– Espolea A.C. México

– CuPIHD

– Centro Caritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas A.C

– Cultura Joven A.C.