Varios países latinoamericanos, como México, Colombia, Uruguay y Bolivia, defendieron este lunes en una reunión de las Naciones Unidas sobre políticas de drogas la necesidad cambiar la estrategia mundial antinarcóticos, al entender que no ha dado los resultados deseados. La Comisión de Narcóticos de la ONU debate en Viena durante los próximos cuatro días las políticas mundiales sobre drogas y prepara el camino para la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU dedicada a la materia en 2016.

En 2009 la comunidad internacional acordó eliminar o reducir de forma significativa la demanda de estupefacientes hasta el año 2019, un objetivo que por el momento está lejos de cumplirse, según se encargaron de recordar este lunes los delegados de numerosos países.

En el núcleo del debate está la idea de reemplazar las medidas puramente represivas, que han dominado la agenda internacional hasta hace pocos años, por otras políticas basadas en la evidencia científica, la salud pública y los derechos humanos.

"Las políticas de drogas no están dando los resultados esperados y por lo tanto no pueden continuar sin modificaciones", dijo Yesid Reyes, el ministro de Justicia de Colombia, en su intervención.

Abogó por "una revisión profunda" de la estrategia internacional para hacerla "más humana y eficiente", y calificó la reunión extraordinaria de 2016 en Nueva York como una "oportunidad única" para adaptar la respuesta internacional.

"Debemos poner en el centro de las políticas de drogas a las personas, sus derechos, su salud y su bienestar", recalcó.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró en la misma línea que el mundo no puede "repetir acciones del pasado y esperar resultados diferentes".

Gómez Robledo pidió un debate "sin prejuicios ni condiciones" previas sp>Para apuntalar sus críticas, el representante mexicano recordó que, según Naciones Unidas, en 2012 los consumidores de drogas ascendían a unos 250 millones de personas, cuando en 2005 eran menos de 200 millones.

"Ante esta realidad debemos preguntarnos cómo podemos articular la cooperación internacional para tener mejores resultados", dijo.

A la vez, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Hugo Moldiz, también criticó la actual estrategia antidrogas y mostró su "preocupación" por la insistencia de Estados Unidos en lo que calificó como "estrategia fracasada" contra las drogas.

En América Latina, aseguró, esa forma de combatir las drogas "ha sido motivo de intervención militar directa e indirecta".

Los delegados de otros países latinoamericanos, como Uruguay, Ecuador y Argentina, también respaldaron la necesidad de revisar el funcionamiento de las políticas internacionales de drogas y apoyar otras con un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos.

La delegación de Lituania, en nombre de la Unión Europea (UE), indicó que respaldaba también políticas centradas en derechos humanos y basadas en resultados científicos demostrables.

Sin embargo, no todos los países están a favor de debatir sobre la estrategia aplicada hasta ahora, ya que existe un bloque de países, como Pakistán, China, Egipto, Irán o Rusia, que abogan por una política represiva de "tolerancia cero".

"La brecha entre un grupo cada vez mayor de países de América Latina con ideas afines y los que obstinadamente se oponen a toda revisión en el debate sobre los nuevos enfoques sigue creciendo y se encamina hacia una colisión frontal", resumió Martin Jelsma, analista de la ONG Transnational Institute.

El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov, también puso este lunes el acento en un enfoque basado en la salud pública y no en la respuesta represiva.

Abogó por "proteger la salud de la gente, garantizar el acceso a servicios de tratamientos y a medicinas esenciales, promover los derechos humanos, construir medios de vida alternativos y detener a los criminales que explotan a los vulnerables".

La Comisión de Narcóticos reúne a unos mil delegados, entre representantes gubernamentales, miembros de ONG y expertos, que debatirán hasta el próximo 17 de marzo sobre distintos aspectos de las políticas de drogas.