Representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos en la próxima Asamblea General Extraordinaria de ese organismo internacional.

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1. Instamos a quienes trabajan por las reformas de políticas de drogas, a solicitar a los gobiernos de latinoamérica acabar con la erradicación forzosa, en particular a Colombia la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas, por las implicaciones en derechos de las personas y comunidades que conllevan dichos métodos.

2. Invitamos a incorporar de manera equilibrada y más visible, los contextos y situaciones asociadas a los cultivos, los cultivadores, el procesamiento de materias primas, las políticas asociadas con estos fenómenos, así como los gravísimos impactos sanitarios, sociales, institucionales, económicos, ambientales, penales y en derechos humanos, que ha generado la estrategia de reducción de oferta y en particular la erradicación forzosa. En este sentido, animamos a los grupos de activistas en pro de las reformas, a los organismos correspondientes del sistema de Naciones Unidas, a otras instancias internacionales, lo mismo que a los gobiernos de Latinoamerica, a visibilizar los derechos de los pequeños agricultores, industrializadores y consumidores con vistas a que sean representadas sus demandas en UNGASS 2016.

3. Nos preocupa el agravamiento de la situación socioeconómica, de la seguridad ciudadana, el debilitamiento de la democracia local y el desequilibrio ambiental, que presentan los territorios catalogados de manera criminalizante como “cocaleros”, "marihuaneros" o "amapoleros", y la manera como gobiernos e instancias multilaterales tratan los temas del "Desarrollo Alternativo", negando el reconocimiento de las voces de esas personas, sus comunidades y sus organizaciones. Por ello llamamos a reconocer que la coca, la amapola y el cannabis en contextos de economías campesinas son un cultivo complementario, que se pueden explorar alternativas usos lícitos y que es posible un desarrollo rural que incluya dichos cultivos. Igualmente, entendemos que la reducción de cultivos debe ser una consecuencia del desarrollo integral rural, que garantice el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores y el respeto a la autonomía de los territorios colectivos.

4. Señalamos que las políticas agrarias de los países desarrollados basadas en subsidios a la producción y exportación, han causado crisis en las sociedades rurales de nuestros países, trayendo como consecuencia la expansión de cultivos declarados ilícitos. Por ello denunciamos los impactos que muestran los tratados de libre comercio en las economías campesinas dado el desequilibrio en las condiciones de acceso a mercados, la inestabilidad de los precios de productos catalogados como alternativos, la prevalencia de un modelo de desarrollo rural basado en productos “bandera” cuyas economías se ven favorecidas por modelos de monocultivo, con gran concentración de la tenencia de la tierra y exclusión de las economías campesinas. Esta situación se agrava por las inversiones en economías extractivas de recursos naturales y energéticos que afectan seriamente la vida de los territorios donde se asienta la población rural, todo lo cual estimula la continuidad del desplazamiento hacia centros urbanos con graves consecuencias económicas y sociales.

5. En aquellas zonas donde no se garantiza la seguridad de sus habitantes ni la vigencia del estado social de derecho se estimula la presencia de grupos de criminalidad. En la región los estados no han establecido una diferenciación entre cultivadores y grupos de criminalidad, y descargan sobre aquellos su política de erradicación forzosa, criminalización de pequeños agricultores en nombre del combate a las drogas y de militarización de la democracia local; situación que genera el círculo vicioso expresado en el continuo traslado de los cultivos de uso ilícito.

6. Valoramos que algunos presidentes de la región se manifiesten en favor de la reformulación de las políticas de drogas, pero los invitamos a dejar los anuncios, a no esperar la formación de consensos globales, y a pasar a la acción a nivel interno de sus países, estableciendo programas hacia los productores que sean concertados y basados en evidencia científica. Solicitamos que las nuevas leyes de estupefacientes de los países de la región descriminalicen a los productores y garanticen condiciones básicas de calidad de vida para ellos. Animamos a la CICAD y a la OEA a realizar un informe especial sobre la situación de los productores y a facilitar espacios de intercambio entre esos organismo con grupos de especialistas, organizaciones de sociedad civil y voceros de ellos.

7. Resaltamos la defensa del acullicu en Bolivia pero llamamos a su Gobierno a liderar la desclasificación de la hoja de coca del Tratado del 61 y a adelantar mas acciones en su promoción e industrialización; apoyamos las iniciativas de autocultivo como parte de las medidas de regulación, así mismo, su aporte como expresión cultural y de comprobados usos terapéuticos y medicinales; manifestamos nuestro apoyo a los avances en la implementación de un modelo propio en Uruguay; animamos el interés del gobierno de Guatemala por explorar la posibilidad de la regulación de la agricultura de la amapola con fines farmacéuticos; instamos a los gobiernos de Centroamérica a suspender la persecución de quienes cultivan plantas para su uso personal; exhortamos al Gobierno del Perú a mantener la interlocución directa con los campesinos cultivadores de ese país; alentamos al gobierno de Colombia y a la insurgencia a continuar su agenda por el fin del conflicto y vemos como una gran oportunidad el acuerdo logrado sobre el punto de "drogas ilícitas" en el camino hacia la paz.

8. Nos planteamos presentar ante la Comunidad Internacional, un manifiesto común de las demandas de los agricultores, consensuado en un segundo foro mundial de productores de cultivos declarados ilícitos, en encuentros continentales, nacionales y en los foros internacionales de la hoja de coca, entre otros espacios, que establezca mínimos concernientes a los DDHH, desarrollo rural integral y territorial, usos culturales, tradicionales e industriales de dichas plantas.

San José de Costa Rica, Septiembre 4 de 2014