Cincuenta años después de la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y cuarenta años después de que el gobierno de Estados Unidos declarara la "guerra contra las drogas", varios obstáculos persisten a pesar de los éxitos parciales que han tenido los esfuerzos emprendidos para abordar el problema. El Foro de Dialogo Andino Estadounidense ha señalado con suma preocupación cómo las políticas sobre drogas han monopolizado la agenda diplomática y económica entre los países, contribuyendo a generar tensiones entre los gobiernos e impidiendo la cooperación en torno a otras prioridades de importancia crucial, como salvaguardar los procesos democráticos de las redes criminales.

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El crimen organizado ligado al narcotráfico sigue en ascenso, disparando la violencia de la que hacen parte la acción de bandas y sicarios, homicidios y tráfico de armas. Esta criminalidad se aprovecha de todas las formas de interacción ilícita con el Estado: corrupción, impunidad, e infiltración. Al mismo tiempo, trata de impedir la acción policial y judicial, cooptando o asesinando funcionarios, legisladores y fiscales. Una creciente simbiosis entre Estado y crimen organizado aumenta la inseguridad y debilita las instituciones democráticas.

La elección de Barack Obama generó expectativas sobre un posible reconocimiento, por parte de Washington, de la urgencia de cambiar la política de drogas. Es justo destacar el cambio de lenguaje y de tono de la administración Obama, que ha abandonado la expresión "guerra contra las drogas" y ha reconocido la necesidad de tratar el consumo de las mismas como un problema de salud pública. Además, hay que destacar que en la Casa Blanca hay menos disposición intervencionista ante el debate y las alternativas que vienen surgiendo en la región. Sin embargo, todavía no han sido definidas reformas específicas.

La dinámica regional ha cambiado con el "giro a la izquierda" ocurrido en la mayor parte de países de América del Sur, así como con la diversificación en las relaciones internacionales de estos países. Los países buscan espacios propios, como la Comunidad Andina (CAN) y la Unión de Naciones Suramericanos (UNASUR), para debatir políticas y responder a los temas prioritarios de la agenda internacional.

Las limitaciones de las actuales políticas de drogas generan una creciente frustración en y entre los países y está llevando a gestores de políticas, expertos y activistas de la región a buscar nuevas estrategias diseñadas para contener la escalada de los mercados ilícitos y para minimizar los daños que la producción y el consumo de drogas causan a personas, comunidades y Estados.

El trabajo de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y de la Comisión Global de Políticas de Drogas ha comenzado a romper el tabú que impedía avanzar en la discusión acerca de las evaluaciones de la política y de sus alternativas. En este informe, las autoras describen una serie de opciones que están siendo consideradas y, en algunos casos, implementadas en América Latina. Estas políticas alternativas están reflejadas en las siguientes recomendaciones:

• Partir de las propuestas de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia y de la Comisión Global de Políticas de Drogas a la hora de formular la política sobre estas sustancias y desplegar una campaña educativa y en los medios de comunicación, que contribuya a desideologizar el debate y a generar un enfoque basado en evidencias empíricas y en una perspectiva regional de la política de drogas.

• Incorporar en esta tarea al conjunto de instituciones estatales (no exclusivamente aquellas relacionadas con la acción policial o militar), como también a la más amplia gama de personalidades, especialistas de salud, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, grupos de sociedad civil, organizaciones comunitarias, iglesias y académicos.

• Apoyar el llamado de la Comisión Global de Políticas de Drogas a profundizar el debate sobre nuevos enfoques centrados en la reducción de daños de los sectores más débiles afectados por la producción, el tráfico y el consumo, lo cual beneficiaría a los países andinos en su búsqueda de políticas humanas y eficaces.

• Tomar en consideración los intentos de aplicar nuevas políticas a partir de situaciones nacionales específicas, así como de razones culturales o sociales locales.

• Respaldar la declaración de los gobiernos de los países miembros de UNASUR, del 10 de agosto de 2009, que "reconocen que el masticado de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral del pueblo de Bolivia que debe ser respetada por la comunidad internacional".

• Reforzar el diálogo y consolidar los acuerdos de los países andinos entre sí y en el marco de la CAN y la UNASUR, y asegurar la participación de la sociedad civil en estas instancias regionales. Además, poner en marcha el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas de UNASUR, y organizar una reunión regional para discutir la construcción de una agenda común sobre políticas de drogas.

• Aplicar una sólida política de prevención y tratamiento desde la perspectiva de la reducción de daños que respete los derechos humanos y ofrezca atención adecuada a quienes la necesitan. Asimismo, tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un delito, y otorgar para ello los recursos necesarios.

• Apoyar la recomendación de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia de evaluar "la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal".

• Despenalizar el consumo personal, recurrir a sanciones alternativas al encarcelamiento para los autores de delitos menores no violentos y partir de consideraciones humanitarias para hacerle frente al impacto devastador que el aumento de mujeres encarceladas por transporte de drogas genera sobre sus vidas, sus familias y comunidades.

• Avanzar hacia un acuerdo entre los países andinos para poner fin a la erradicación forzosa de los cultivos de los pequeños agricultores, y reorientar los recursos hacia el desarrollo rural.

• Adoptar un enfoque de "medios de vida alternativos" con una secuencia adecuada: una vez que se hayan creado otras fuentes de ingresos, se pueden reducir los cultivos destinados a mercados ilegales. Esta estrategia implica descriminalizar las relaciones con los pequeños agricultores y hacerlos más bien socios participantes en los esfuerzos a favor del desarrollo rural integral.

• Reorientar los esfuerzos para la aplicación de la ley hacia el desmantelamiento de las redes delincuenciales y las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, mejorar y focalizar la inteligencia, transformar el ejercicio de la política, fortalecer las instituciones, enfrentar la corrupción y empoderar a las comunidades, en especial a las fronterizas.

• Fortalecer los mecanismos de protección de las instituciones democráticas contra la corrosiva influencia del financiamiento político ilícito, proveniente del tráfico de drogas, estableciendo un terreno electoral más equitativo a través de medidas tales como el financiamiento público para los partidos y los candidatos, la transparencia financiera durante las campañas y las sanciones contra partidos que incluyan en sus listas a (comprobados) "narcocandidatos".

Este resumen ejecutivo es un extracto del informe La política de drogas en los Andes: Buscando alternativas humanas y eficaces escrito por Socorro Ramírez y Coletta Youngers.

Esta publicación se he realizado en el marco del Foro de Diálogo Andino - Estadounidense, que fue apoyado por IDEA Internacional y el Centro Carter.