En esta publicación, Ibán de Rementería, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, se refiere a la crisis de la actual política de drogas en América Latina. También examina los casos de Uruguay, Colombia y Chile, haciendo entre estos dos últimos países un estudio comparado de sus respectivas propuestas de reforma a las leyes de drogas.

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Varios hechos señalan que las políticas de drogas en América Latina están haciendo crisis. Primero, en el año 2009 los ex presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, así como otras personalidades de la región se constituyeron en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la cual por medio de su documento “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma” declararon a la actual política mundial de drogas fracasada y demandaron la necesidad de reformularla. En el año 2011 a esa postura se plegaron los ex presidentes Fox de México, Lagos de Chile y Carter de los Estados Unidos de América, así como otras personalidades mundiales, para constituirse en la Comisión Global sobre Drogas con el propósito de: “Comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos”.

En la Sexta Cumbre de las Américas donde se reunieron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio que se celebró recientemente, en Cartagena, Colombia los días 14 y 15 de abril de 2012, el tema de las drogas, que no era parte de la agenda a tratar, fue el principal asunto que ocupó el tiempo de los mandatarios, lo cual puso en una situación incómoda al Presidente Obama, la salida fue encargarle a la OEA que preparara un informe sobre el asunto.

Además de lo anterior, durante este año en algunos países de la región han surgido diversas iniciativas tendientes a revisar en la práctica las actuales maneras de tratar tanto la provisión como el consumo de drogas, veamos algunos casos relevantes.

En Argentina tanto el Gobierno, como el Poder Judicial y el Parlamento han tomado diversas iniciativas tendientes a disminuir la extensión del poder penal con la finalidad de ir reduciendo la cantidad de personas que en razón de haber consumido o proveído pequeñas cantidades de drogas son detenidas por la policía, ya que 70% de las causas llevadas por los fiscales lo son por infracciones a la ley de drogas, de las cuales la mitad se archivan y solo el 5% llegan a juicio, donde el 39% lo son por tenencia para el consumo personal.

En Uruguay el Gobierno le propuso al Parlamento un proyecto, de ley que consta de un solo artículo de tres párrafos en el que se señala que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados". 1 Asimismo, la norma establece que: "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades mencionadas”, aclara que estas medidas se ejercerán "en el marco de una política de reducción de daños" que alerte sobre "los efectos perjudiciales del consumo de marihuana" para minimizar daños a la población.

Si bien el Gobierno cuenta con una mayoría consistente en el Parlamento, el Frente Amplio de centro izquierda, el debate y aprobación de la ley será arduo y prolongado, ya que existe una gran presión internacional por minimizar sus efectos y un consiste nivel de desaprobación a esta medida entre la opinión pública. Algunos parlamentarios han presentado la propuesta de permitir el auto cultivo de marihuana.

Julio Calzada, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, señaló que esa ley tiene la novedad de plantear "el control del Estado en toda la cadena de producción de la marihuana". Agregó que una de las consecuencias más importantes de esta iniciativa es que deja "el debate abierto" sobre este asunto "como nunca antes", rompiendo un "tabú que era impensable hace unos años". Si bien algunas voces de la oposición manifiestan sus dudas frente a un monopolio público del “vicio”, reconocen el mérito de instalar el debate y buscar nuevas soluciones ante las incongruencias, el consumo no está sancionado pero la provisión si, y los reiterados fracasos.

En Colombia, ha sido el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la segunda autoridad política del país luego del Presidente de la República, representante de una coalición de izquierda, el Polo Democrático, quien al proponer unos centros de consumo controlado de drogas para personas con grave deterioro sanitario y social, abrió el debate nacional e internacional en el país que aparece como el más comprometido en la producción y tráfico de drogas ilícitas en particular de la cocaína. Estos Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (CAMAD) o "narcosalas" estarían destinados a los 7.000 consumidores de "bazuco" (pasta base de cocaína adulterada) de Bogotá y se ubicarían alrededor de las "ollas", como se conocen en Colombia a los zonas urbanas donde se vende y consume droga. Estos centros serán de dos tipos: los centros de atención móvil en drogadicción donde se prestará atención sanitaria y social, asimismo los centros de consumo controlado donde se atenderá a los consumidores de drogas con médicos, psicólogos, psiquiatras, odontólogos y enfermeras, es decir, donde se suministre medicamentos y un ambiente seguro y controlado para los consumidores.