Marihuana divide a políticos y científicos

Debate en Gran Bretaña por daño que producen drogas
Pablo Correa
El Espectador (Colombia)
1 de noviembre, 2009

Por decir que el ‘cannabis’ es menos perjudicial que el alcohol y el tabaco, fue retirado de su cargo David Nutt.

El principal asesor científico del gobierno británico es un prestigioso psiquiatra e investigador. Según el ministro de Gobierno, Alan Johnson, el experto “cruzó la línea” entre la ciencia y la política.

david-nuttAl ministro de Gobierno británico, Alan Johnson, no le hizo nada de gracia que su principal asesor científico en asuntos de drogas, David Nutt, dijera públicamente que la marihuana es menos perjudicial que el alcohol y el tabaco. La osadía fue castigada retirándolo de su cargo como director del Advisory Council on the Misuse of Drugs. “Cruzó la línea”, dijo el ministro para justificarse.

A su vez, la decisión del ministro no cayó nada bien en la comunidad científica. Ayer, Les King, otro alto asesor del gobierno, renunció en solidaridad con Nutt. Dijo que muchos de sus colegas están “muy furiosos” por lo ocurrido y pronosticó más dimisiones.

En realidad el debate entre políticos y científicos, que acapara las primeras páginas de los diarios británicos, se remonta al año 2002. Entonces, el gobierno pidió al consejo asesor que reclasificara la marihuana en la tabla de sustancias perjudiciales. En Inglaterra, desde 1971, a través del decreto conocido como The Misuse of Drugs Act, se optó por dividir las sustancias psicoactivas en tres grupos; A, B, C. La intención desde aquella época ha sido crear una escala basada en el daño que produce cada sustancia para a partir de ahí establecer los castigos respectivos.

Aunque nadie cuestiona que la heroína aparezca en el grupo A, la marihuana curiosamente ha bailado de una categoría a otra. En los últimos seis años pasó de la categoría B a la C y recientemente regresó a la B.

Si Johnson y sus colegas en el gobierno insisten en que el cannabis se mantenga en la B, en contravía de la opinión de los científicos, al parecer se debe una cuestión de imagen pública. Según el editorial del periódico The Guardian, los políticos están haciendo eco a “la opinión pública”. En 2008, una encuesta mostró que el 32% de los encuestados opinaba que la marihuana debía considerarse en el grupo A, un 26% en el B y un 18% en el C.

Sin embargo, entre expertos y científicos se ha ido creando un relativo consenso en torno a colocar la marihuana en un grupo de sustancias de riesgo bajo. En un reporte publicado este mes, bajo el sugestivo y a la postre premonitorio título “Estimar el daño de las drogas, ¿un negocio peligroso?”. Nutt defiende la idea de intentar medir el daño que cada droga produce para a partir de esta jerarquía tomar decisiones políticas y judiciales.

“¿Por qué es importante que una droga sea clasificada? —pregunta Nutt—. Porque la clasificación determina la penalidad”. Después de esto el experto expone uno a uno los argumentos a favor del lugar que le corresponde a la marihuana y de paso cuestiona algunas creencia populares en torno a ellas.

Aclara por ejemplo que no está del todo claro, como lo han sugerido algunos pequeños estudios, que el consumo de cannabis esté asociado a sufrir esquizofrenia. Aun si esto fuera cierto, dice que para prevenir un solo episodio de esquizofrenia se tendría que detener el consumo en 5.000 personas. También comparó el riesgo de sufrir un episodio psicótico al consumir marihuana, apenas 2,6, con el riesgo 20 veces mayor de sufrir cáncer de pulmón entre fumadores que entre no fumadores.

Nutt toca puntos sensibles en su reporte. Cree que si la opinión pública tiene una idea particular sobre las drogas, en parte se debe al mal manejo de la información en los medios de comunicación. Las cifras que cita hablan por sí solas. Mientras los periódicos registraron 546 de 2.225 muertes por causa de drogas entre 1990 y 1999, sólo registraron 1 de las 50 muertes producidas por medicamentos psiquiátricos como el diazepam y una de las 70 producidas por morfina. Ninguna de las 12 muertes por el consumo de aspirinas fue registrada.

“Hemos trabajado muy duro en los últimos diez años para crear una estructura común sobre el daño que producen las drogas”, anotó Nutt. Se trata de una escala que contempla nueve parámetros que van desde si el daño físico es agudo hasta el costo de los servicios de salud que ocasiona. Reconoce que se trata de un sistema arbitrario, pero que “es un camino que cubre desde los daños físicos, adictivos y sociales”.

El psiquiatra cree que el gobierno en la última década ha intentado alejar los argumentos morales de los tratamientos médicos para los adictos, pero que por razones no muy claras hasta ahora se sigue negando a utilizar la evidencia científica para definir el daño que produce cada una de las drogas.

“Este es un ejemplo de la conversación que he sostenido en muchas ocasiones con muchas personas, especialmente políticos”, dice Nutt en su reporte:

—Usted no puede comparar el daño que hace una actividad legal con una ilegal.

—¿Por qué no?

—Porque una es ilegal.

—¿Por qué es ilegal?

—Porque hace daño.

—¿No deberíamos comparar el daño para determinar si es ilegal o no?

—Usted no puede comparar el daño que hace una actividad legal con una ilegal.

Ese es el círculo vicioso en el que han caído científicos y algunos políticos.

El debate en Colombia

Las últimas grandes discusiones que se han dado en Colombia sobre el tema de despenalización de la marihuana, se vivieron a principios de este año luego de reunirse en Brasil la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Allí los ex presidentes de Brasil Fernando Cardoso, de México Ernesto Zedillo y de Colombia César Gaviria plantearon la necesidad de descriminalizar la tenencia de marihuana para su uso personal. Sus argumentos se basaron en las ineficaces políticas en contra de la erradicación de plantíos y de los grupos que la distribuyen. De inmediato, el presidente Álvaro Uribe se reunió con miembros de su bancada para tramitar en el Congreso de la República una ley para penalizar el consumo  de la dosis mínima de droga. En 1994 un fallo de la Corte Constitucional —con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz— despenalizó la dosis personal.