La política de drogas del gobierno argentino fue reconocida por importantes organizaciones internacionales durante un gran encuentro regional realizado en Lima. Recibió la distinción la comisión que asesora a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre prevención y lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la política de drogas.

El reconocimiento fue entregado ayer por el alcalde de Surquillo durante el encuentro internacional convocado para la presentación del nuevo informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por los ex presidentes Ernesto Zedillo, de México; César Gaviria, de Colombia, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, los escritores Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y el recientemente fallecido Tomás Eloy Martínez; los periodistas o ensayistas Enrique Santos Calderón, Enrique Krauze y Moisés Naím; los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sonia Picado y Diego García Sayan, y la jueza argentina Patricia Llerena. Participaron de la conferencia el Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas, el Instituto Transnacional de los Países Bajos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), bajo el lema “Una guerra perdida nuevamente: las reformas en América latina en la legislación sobre drogas”. Esas organizaciones confirieron la distinción a la Argentina.

La Conferencia declaró que las políticas prohibicionistas, lejos de disminuir el consumo y terminar con la corrupción y el crimen organizado, han llevado a América latina a ser el mayor exportador de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, creciente productor de heroína y opio, gran distribuidor de precursores químicos medicinales e industriales y escenario de más de 100.000 homicidios. Colombia es un claro ejemplo del “crecimiento de la violencia sin igual, organizaciones criminales infiltrándose en las organizaciones policiales y políticas y debilitando las instituciones democráticas”.

Estas organizaciones trabajaron ayer en forma reservada en un relevamiento regional en el que se analizaron las recientes reformas introducidas por Brasil y México y se propusieron a Ecuador y la Argentina como modelo de cambios esperados, con respeto por la democracia y los derechos humanos. Participaron ministros, viceministros, magistrados, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

Argentina y Ecuador son tomados como modelo de reformas en la región, y en especial se destacaron los trabajos científicos producidos por la comisión creada por la presidenta Fernández de Kirchner, en cumplimiento de convenciones internacionales y de fallos de la Corte Suprema de Justicia. Integran la comisión jueces como Horacio Cattani, Martín Vázquez Acuña, la propia Patricia Llerena, los especialistas en temas de drogas Alicia Gilone y Alberto Calabrese y la coordina la fiscal de instrucción criminal Mónica Cuñarro, quien representó a la Comisión en el Encuentro Internacional. Luego de exponer sobre el proyecto integral sobre reformas en materia de políticas de drogas, que ya está en poder de la presidenta argentina, Cuñarro recibió la distinción acordada a la Argentina por su posición contraria a la incriminación de la tenencia para consumo personal, los aportes jurídicos sobre el modo de enfrentar al crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico y los aspectos sociosanitarios en materia de mejoramiento de los derechos de las personas.

Al agradecer el premio la fiscal argentina lo dedicó “a todas las organizaciones de la sociedad civil que desde hace décadas plantean la reducción de la violencia, a los periodistas independientes que informan en forma objetiva, a los políticos valientes que toman el tema con seriedad, a los magistrados y a todos aquellos que en América latina se ocupan del tema del consumo de drogas con respeto por las garantías y los derechos humanos, lo que muchísimas veces los ha llevado a poner en riesgo su vida o a perderla en el fuego cruzado entre narcos, parapoliciales y funcionarios corruptos”.

La comisión, creada en el ámbito de la jefatura de Gabinete, elevó al Poder Ejecutivo un proyecto de reforma que jerarquiza una comisión de drogas a crearse por ley, incluye un plan quinquenal a cargo de la cartera de Desarrollo Social, desincrimina la tenencia, contempla la reducción de la violencia y el daño, planea campañas preventivas inespecíficas, un plan de conocimiento de derechos en la escuela, la reducción de las internaciones y la medicalización. También impulsa proyectos como el de trazabilidad de medicamentos, el control de la publicidad sobre alcohol y medicamentos, una nueva ley de salud mental, un plan federal de adicciones, la creación de casas de medio camino, la incautación de bienes producto del crimen organizado y el lavado, más de veinte acciones concretas de reformas en materia de lavado y corrupción, control y fiscalización de precursores químicos y de convenios bilaterales, adhesiones provinciales a una nueva forma de carga de datos a las fuerzas federales por parte de las provinciales, el estudio de lineamientos en común en el marco de Unasur y Mercosur y de este último con España, que han sido solicitados por la presidenta argentina.

Las reformas del control y fiscalización de los tratamientos, como el esbozo de un plan nacional de drogas en el que todas las carteras nacionales están involucradas, también ha recibido una reciente distinción por parte del director de Salud Mental y Sustancias Abusivas de la Organización Mundial de la Salud, Benedetto Sarraceno. Por las propuestas penales relacionadas con la persecución al crimen empresarial, el lavado, la trata, los grandes fraudes, y toda forma privada o estatal de corrupción, la comisión creada por el gobierno argentino ha recibido una felicitación del Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Ilanud, a cargo del profesor Elías Carranza.

Cuñarro destacó en su discurso que al jerarquizar la comisión y colocar su tarea en la agenda del Consejo Nacional de Políticas Públicas, la Argentina toma distancia de las viejas políticas prohibicionistas que consistían en violar los derechos de los consumidores y adictos, retrotraer las garantías individuales y en forma indirecta alentar los nichos de corrupción de los estamentos estatales que la información pública conoce. Los anteproyectos elevados al Ejecutivo “fortalecen el pluralismo y la libertad, garantizan la atención de las necesidades sociosanitarias de la población y mejoran aspectos institucionales a fin de controlar la corrupción y el crimen organizado”.