Presos por delitos menores pueblan cárceles mexicanas
Presos por delitos menores pueblan cárceles mexicanas
Viernes, 10 de diciembre, 2010
MÉXICO, D.F.— Ocho de cada 10 personas detenidas por asuntos relacionados con las drogas en México son liberados ante la falta de pruebas o porque son inocentes.
En cambio, la mayoría de los presos que duplicaron la población en los últimos 10 años son delincuentes menores o consumidores, cuya peligrosidad dista de los capos y sicarios que han dejado más de 28, 000 muertes en el país.
Un estudio continental revelado ayer por Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala como dos aspectos clave de las cárceles mexicanas el hecho de que la mayoría de las detenciones por narcotráfico no resultan en sentencias condenatorias.
"El número de personas detenidas es un indicador utilizado para demostrar que el combate a la delincuencia organizada está logrando resultados, pero los datos evidencian que, en miles de casos, dichas detenciones no terminan con sentencias condenatorias", dijo Ana Paula Hernández, socióloga y autora del capítulo sobre México, en el análisis Sistemas Sobrecargados: Leyes de Drogas y cárceles en América Latina.
En los tres primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2009) el total de las detenciones por delitos de drogas alcanzaron 226,667 personas, pero el total de consignados fue de 51,282 y el de condenados fue de 33,500, apunta la investigación.
"Los datos sugieren que muchas personas inocentes están siendo detenidas y también que hay una ausencia de investigaciones profesionales para obtener pruebas suficientes que permitan a los jueces llegar a una sentencia condenatoria", añadió Hernández.
Destaca también que en el país la gran cantidad de quienes sí terminan en la cárcel son aquellos cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas no es significativo, pues en la mayoría de los casos estudiados se otorgó la sentencia mínima.
Para profundizar en las observaciones, WOLA y TNI se enfocan en tres estados emblemáticos: Chihuahua, uno de los más afectados por el tráfico de drogas; Jalisco, que tiene el mayor número de detenidos por delitos contra la salud; y el Distrito Federal, por ser la entidad con la población más grande en el país.
Jalisco aporta los datos más alarmantes: de 43,153 detenidos por delitos contra la salud en los tres primeros años del sexenio del presidente Calderón, sólo hay 3,500 consignados y 2,173 condenados.
De acuerdo con la información proporcionada por los juzgados analizados en la entidad, se puede deducir que la posesión de marihuana es lo que genera la mayor cifra de sentencias en este estado en relación con los delitos de drogas seguido de la cocaína.
En la capital mexicana, la situación no mejora: el 50% de los reclusos por venta de drogas fue detenido por poseer mercancía con un valor de 100 dólares o menos y el 25% por mercancía con un valor de 18 dólares o menos.
"El daño que hace el encarcelamiento —dejar a la familia del preso sin ingresos, dejarlos a ellos mismos con un antecedente penal y el propio costo de mantenerlos en la cárcel— quizá causa más daños a la sociedad que los dólares de drogas que intentaban vender", calculó Hernández.
A nivel nacional, existe un cambio significativo en la población femenina en la cárcel. Mientras que, anteriormente, la mayoría de las mujeres se encontraba en la cárcel por el delito de robo, en la última década el principal motivo de su encarcelamiento corresponde a los delitos relacionados con drogas.
La mayoría de las presas son jóvenes, pobres, analfabetas o con un bajo nivel de escolaridad, y casi siempre son madres solteras. Muchas de ellas están en la cárcel por transporte o introducción de drogas, constituyendo el último eslabón de la cadena del tráfico.
"Muchas de estas mujeres entran a vender o transportar pequeñas cantidades de drogas para poder cubrir las necesidades de sus hijos y, por lo general, esto no las saca de la pobreza", precisa el análisis. Muchas otras también son engañadas para transportar drogas.
