Hoy, el Estado Plurinacional de Bolivia puede celebrar una merecida victoria, ya que el país vuelve a integrarse formalmente a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, pero sin estar atado a su injusto e irrealista requerimiento de que la “masticación de hoja de coca quedará prohibida”. Ello representa la exitosa conclusión de un arduo proceso en el cual Bolivia ha tratado de reconciliar sus obligaciones correspondientes a tratados internacionales, con su Constitución promulgada en 2009, la cual le obliga a defender la hoja de coca como parte del patrimonio cultural del país.

Luego que fracasara en su intento por enmendar la Convención Única en 2011, Bolivia abandonó la Convención con la intención de retornar al acuerdo con una nueva reserva diseñada para alinear sus obligaciones internacionales con su Constitución.[i] La reserva se aplica únicamente al territorio boliviano, y sigue estando proscrita internacionalmente la exportación de la hoja de coca.

Similarmente al esfuerzo montado por ciertos países hace dos años para desbaratar la enmienda propuesta por Bolivia, un grupo de naciones intentó una vez más bloquear la nueva reserva planteada por Bolivia sobre la hoja de coca. Los Estados Unidos encabezaron un arreglo en función del cual todos los países del G8 objetarían la propuesta, y varios otros países se le unieron, incluyendo—vergonzosamente—los Países Bajos y Portugal. La enmienda que anteriormente había perseguido Bolivia pudo ser bloqueada por un grupo relativamente pequeño de países—en última instancia 18 naciones, incluyendo a México bajo el entonces-Presidente Felipe Calderón, se opusieron a la enmienda.

Pero los procedimientos referidos a retornar a la Convención con reservas establecían un umbral diferente: se requería que un mínimo de un tercio de los 184 Estados integrantes del tratado invalidasen la reserva. De hecho, el número de objeciones quedó muy corto respecto al umbral de 62 que se hubiera requerido para bloquear a Bolivia esta vez—pese al dramático llamado de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para convocar una oposición a Bolivia, argumentando que el éxito de esta decisión “socavaría la integridad del sistema global para el control de drogas”. Esta vez, el único país de América Latina que tomó la decisión de bloquear a Bolivia fue México, esta vez bajo el Presidente Enrique Peña Nieto.

De hecho, la mayoría de las objeciones interpuestas contra la reserva planteada por Bolivia no se referían al consumo tradicional de la hoja de coca en sí, sino más bien se enfocaban en reclamos de que el procedimiento empleado por Bolivia era inválido. La objeción planteada por Suecia resultó ser la excepción, defendiendo inclusive la idea de que el masticado de la hoja de coca debía ser abolido en última instancia, y declarando que “la ambición expresada en la convención es la prohibición progresiva también de los tradicionales de drogas”. Otras objeciones expresaban asimismo preocupación de que aceptar la reserva planteada por Bolivia respecto a la hoja de coca podría llevar a un incremento en la producción de cocaína.

A pesar de las quejas sobre procedimiento que dominaron las objeciones a la campaña de Bolivia, el procedimiento al cual éste país recurrió es de hecho plenamente legítimo bajo el tratado, aunque es rara vez empleado y resulta controversial dentro del derecho internacional. Sin embargo, bajo circunstancias excepcionales y en ausencia de vías alternativas para resolver conflictos legales, este procedimiento es generalmente considerado como permitido. Tales condiciones claramente se aplican en este caso: cuando suscribió originalmente la Convención Única en 1976, Bolivia no formuló una reserva defendiendo los usos tradicionales de la hoja de coca porque el país se encontraba bajo una dictadura militar, y los pueblos indígenas y sus derechos se encontraban todavía completamente ignorados y reprimidos.

Ahora Bolivia se ha convertido en un “Estado Plurinacional” con un Presidente indígena y una nueva Constitución mientras que, a nivel internacional, los derechos indígenas se han consagrado en la Declaración de 2007 en la ONU. Más aún, Bolivia ya había tratado de resolver la contradicción entre su Constitución y los tratados a través de otros procedimientos—pero su esfuerzo se vio bloqueado por muchos de los mismos países que ahora se han opuesto igualmente al procedimiento de reserva. De modo que, si alguna vez hubo un caso en el cual este procedimiento podría estar justificado, éste es el caso.

“Resulta hipócrita el énfasis de los países objetantes sobre argumentos de procedimiento. Al final, no se trata de la legitimidad del procedimiento que Bolivia ha empleado, ni se trata siquiera realmente del masticado de coca”, según Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia de TNI. “De lo que realmente se trata es del temor a reconocer que el actual marco de tratados es inconsistente, anticuado y requiere reformas”.

De hecho, el éxito de Bolivia señala el camino para otros países—a saber, Argentina, Colombia y el Perú—donde el uso tradicional de la hoja de coca también está permitido y cuyas leyes nacionales entran en tensión con las Convenciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ahora también emprender una largamente esperada reconsideración de la clasificación de la hoja de coca como una droga correspondiente a la Lista I (junto a sustancias como la cocaína y la heroína) de la Convención Única.

El debate de las políticas sobre drogas está cambiando, especialmente en América Latina, y se encuentra en marcha un avance impulsado democráticamente en relación a la regulación del cannabis en Uruguay y en dos estados de los EE.UU. (Colorado y Washington). En cierto punto de un futuro no muy lejano, estos cambios requerirán que otros países reconcilien también sus obligaciones hacia estos tratados. Es hora que las convenciones sobre drogas evolucionen y se readecúen a los desafíos de este siglo.

“Quienes tratan desesperadamente de salvaguardar el sistema global para el control de drogas volviéndolo inmune a cualquier tipo de modernización, están librando una batalla perdida”, según John Walsh, director del programa de políticas de drogas de WOLA. “Lejos de socavar el sistema, Bolivia ha brindado al mundo un prometedor ejemplo de que es posible corregir errores históricos y adaptar viejos dogmas para el control de drogas a las nuevas realidades de hoy”.

La Convención entrará en vigor para Bolivia el 10 de febrero de 2013, de conformidad con su artículo 41 (2).

En la tabla siguiente se presentan, por orden cronológico, las declaraciones de objeción:

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