El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.

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Descargar el estudio completo: En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina

El estudio titulado En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina concluye que las respuestas de los Gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen aplicándose predominantemente a través de las instituciones penales, y no las de la salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas.

“Las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas frecuentemente resultan más nocivas para el bienestar de los usuarios y de la sociedad en general que los consumos mismos”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y editora del estudio. “El uso de cárceles para prevenir el consumo es muy dañino para todos. Si por ejemplo un estudiante es encarcelado por portar drogas para consumo personal, se ven truncados sus estudios además de que es expuesto a un ambiente peligroso y con altos índices de consumo. Después de ser excarcelado tendrá que lidiar no sólo con el estigma de ser consumidor sino también con el estigma de haber estado en la cárcel, lo que dificulta conseguir un empleo digno. Si tuviera hijos, la familia sufriría el impacto del encarcelamiento, la falta de ingresos, los gastos legales etc. Estos daños no pueden equipararse a los que produce un cigarrillo de marihuana, por ejemplo”.

El estudio también encuentra que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial. Esta discriminación también impide que los usuarios de drogas que lo necesitan busquen atención médica.

Finalmente, esta forma de abordar del consumo –a través del sistema penal– termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios como son el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello viola diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger.

En todos los países estudiados, el CEDD encuentra que los usuarios de drogas de uso ilícito son perseguidos penalmente, incluso en los países en los que el consumo no está penado. En Argentina, Ecuador, México y Bolivia el acto de consumir drogas no es un delito. Sin embargo, según el estudio de Argentina, en una muestra del año 2011, alrededor de 73-74 por ciento de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires eran por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. En Ecuador, entre 2007 y 2014 se detuvo a 5.103 personas bajo la imputación del delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de un total de 6.467 detenciones por delitos de drogas. En México, entre 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas, a nivel nacional, 140.860 personas por consumo de drogas y fueron iniciadas, por la misma causa y durante el mismo periodo, 53.769 averiguaciones en el sistema federal. En Bolivia, entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas (en su mayoría cannabis).

“La legitimidad legal, tambien vista desde la perspectiva de la normativa internacional, de la persecución penal de los usuarios de drogas es cuestionable, pero ademas según nos demuestra el estudio, es contraproducente y costoso”, dijo Pien Metaal, autora de uno de los capítulos del estudio, coordinadora del trabajo del TNI en América Latina, y co-fundadora del colectivo CEDD.

El estudio: En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, se puede descargar en este enlace:

http://www.drogasyderecho.org/usuarios-de-derogas.html

Sobre el CEDD:

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) reúne investigadores de ocho países latinoamericanos con el propósito de analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas ilícitas.

Integrantes:

• Argentina: Alejandro Corda, Araceli Galante y Diana Rossi, Intercambios A.C.
• Bolivia: Gloria Rose Marie de Achá, Acción Andina
• Brasil: Luciana Boiteux, Universidad Federal de Rio de Janeiro; João Pedro Chaves, Universidade Federal Fluminense
• Colombia: Rodrigo Uprimny, Diana Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra y Carolina Bernal, DeJusticia
• Ecuador: Jorge Vicente Paladines, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
• Estados Unidos: Coletta Youngers, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• México: Catalina Pérez Correa y Karen Silva, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
• Países Bajos: Pien Metaal, Transnational Institute (TNI)
• Perú: Ricardo Soberón, Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)

Para más información sobre este grupo y sus integrantes visitar: www.drogasyderecho.org

Contacto en los Países Bajos:

Pien Metaal
Coordinadora TNI para América Latina
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Teléfono: 31 6 40 79 88 08