En el marco de la conferencia “Drogas y Tóxicodependencia” organizada en la ciudad de Roma por diversas entidades italianas en junio de 2011, los magistrados participantes de Italia, Argentina, Portugal y otros países latinos redactaron la Declaración de Roma . Este documento vuelve a insistir en el fracaso de la “guerra global a las drogas”, por las gravísimas consecuencias que esta guerra ha tenido para los individuos y la sociedad en el mundo entero.

La conferencia, organizada por la asociación italiana de jueces y magistrados, Magistratura Democrática, con el apoyo de Forum Droghe, Narcomafie, el Gruppo Abele y la Provincia de Roma, tuvo lugar unos días después de la publicación mundial del informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas pidiendo una apertura del debate y un cambio de orientación. El evento reunió a jueces de Suramérica y del sur de Europa con el objetivo de comentar y debatir los desarrollos más recientes de las legislaciones para drogas en estos países y las consecuencias indeseadas que ha tenido la aplicación del prohibicionismo.

Durante el evento se examinaron particularmente temas relacionados con las convenciones de drogas de la ONU; el incremento de la producción y tráfico de sustancias estupefacientes en América Latina; el rol que ha tenido en ese continente la Comisión Latinoamericana de drogas y democracia; las experiencias italiana y latinoamericana respecto a los abusos de la respuesta judicial y sus efectos sobre el incremento de la población carcelaria; las experiencias de la reducción de daños en cárceles, y en general, temas de salud de los usuarios de drogas.

En este contexto, y dada la presencia de magistrados activos en la promoción de nuevas políticas y legislaciones en materia de drogas, los participantes se reunieron y elaboraron la Declaración de Roma 2011 sobre políticas públicas de drogas y derechos humanos, documento que da seguimiento a la Declaración de Oporto de julio de 2009.

Estas declaraciones de jueces y magistrados, preocupados por los extremos a los que han llevado las actuales políticas en el ámbito de lo judicial y de los derechos humanos, están en sintonía con el informe de la Comisión Global. Las múltiples reacciones que ha desatado en todo el mundo dicho informe son un indicativo de la relevancia que ha tomado este tema a nivel de Gobiernos, medios de comunicación y sociedad civil. A excepción de algunos Gobiernos, como el de Estados Unidos, Rusia y México, que rechazan de dientes para afuera el fracaso de la guerra a las drogas, en general el informe ha sido recibido favorablemente. El caso de México es particularmente relevante por cuanto mientras el Gobierno se preocupa por justificar los miles de millones de dólares invertidos en la actual guerra desencadenada en el país, por las carreteras mexicanas se desplaza desde hace semanas una caravana en la que han participado decenas de miles de personas manifestándose para que se le ponga fin a una guerra a las drogas que desangra al país.

Los magistrados de los países latinos, que en su práctica profesional enfrentan a diario en juzgados y cárceles las consecuencias de la intolerancia y el prohibicionismo hoy vigentes, proponen una reforma y armonización legislativas que diferencie claramente las respuestas penales según la naturaleza y gravedad del delito. Piden que las penas sean proporcionales y tengan en cuenta las condiciones personales de los acusados, y posibiliten la excarcelación y la puesta en práctica de medidas alternativas, etc.

Son cada vez más y más ruidosas las voces en el mundo que claman por un replanteamiento del combate a las drogas. Ojalá que estos importantes documentos internacionales logren contribuir efectivamente en un cambio de visión en ámbitos centrales del problema: que el consumidor de sustancias deje de ser considerado como delincuente y en los casos problemáticos reciba el tratamiento necesario; que la interdicción se dirija sobre todo a los grandes traficantes y sus estructuras mafiosas y no a los pequeños cultivadores; y que se comience a revisar las obsoletas convenciones de drogas de la ONU que se han vuelto un verdadero obstáculo para cambios que se necesitan con urgencia.