En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). La publicación se basa en el estudio de la legislación penal de drogas en siete países latinoamericanos (México, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia). La sobre-penalización del delito de drogas ha recaído partícularmente en los eslabones más bajos de la cadena, en vez de los altos o medianos mandos del narcotráfico.

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Conclusiones

La proporcionalidad en materia penal no solo es un principio que desarrolla los postulados de derecho penal como última ratio y de derecho penal mínimo, sino que es también una garantía sustantiva para las personas procesadas y condenadas por la ley penal. Se trata de una protección para quien juega el rol más débil dentro del proceso penal y que permite mantener la armonía entre la finalidad de proteger a las posibles víctimas mediante la prevención de la comisión de nuevos delitos y la finalidad de proteger a los posibles reos mediante la prevención de la imposición de castigos injustos y excesivos.

Por esta razón, toda política estatal que acuda al uso del derecho penal debe respetar y garantizar el estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad. De otra manera, se violarían diversos derechos humanos, y esto resulta inaceptable en regímenes constitucionales. En particular, los países de América Latina deben hacer todo lo que esté a su alcance para hacer de las políticas de drogas una respuesta estatal proporcional y garantista en la que prevalezca el respeto por los derechos de todos los actores que tengan relación con cualquiera de las fases del negocio de la droga.

Sin embargo, este estudio nos da el fundamento suficiente para concluirque la tendencia de las políticas antidroga en la región está dirigida al uso máximo del derecho penal y a una consecuente desproporción de los delitos de drogas. Por un lado, este comportamiento queda en evidencia al haberse comprobado que tanto el número de conductas de drogas penalizadas como los montos de pena con los que se castigan han incrementado de más en más desde 1950 hasta el día de hoy. Esta situación ha degenerado en un grado tal de punitivismo, que alcanza a penalizar hasta 50 o más conductas de drogas y a imponer penas de hasta 30 o más años de prisión en un mismo ordenamiento jurídico.

Por otro lado, dicha desproporción de las políticas de drogas en América Latina se confirma tras la comparación realizada frente a otros delitos considerados socialmente como de mayor gravedad y que generan daños mucho más severos, concretos y directos en bienes jurídicos como la vida. Encontramos que la respuesta punitiva del Estado frente a los delitos de drogas tiende a ser igual o más severa que la dispuesta para los delitos de homicidio, acceso carnal violento y hurto agravado sobre la persona. Esta mayor severidad con la que se reprimen los delitos relacionados con estupefacientes no solo desatiende cualquier criterio de proporcionalidad, sino que va en contra de la conciencia social latinoamericana que prefiere castigar a un homicida o a un abusador sexual antes que a un traficante o un consumidor de drogas.

Además, con este estudio hemos corroborado, a lo menos, otras dos características de las leyes penales de drogas en América Latina que contribuyen a mantener y ampliar la desproporción. La primera es la presencia generalizada de diferentes errores de técnica legislativa que pueden convertirse en obstáculos para la efectiva protección de los derechos de quienes son procesados y condenados, como por ejemplo la tendencia a incorporar un elevado número de verbos rectores en un mismo tipo penal, y una buena cantidad de tipos penales en un mismo artículo normativo, con lo cual se impone la misma pena a delitos de gravedad muy diversa. Y la segunda, es la presencia de un punitivismo (en materia de drogas) dentro del punitivismo (del ordenamiento jurídico-penal en su conjunto), que hemos logrado identificar por la cercanía entre las penas dispuestas para las conductas de drogas y los topes máximos de pena que admiten las legislaciones penales.

Así las cosas, frente a la evidente desproporción de los delitos de drogas en América Latina, es urgente que los Estados adopten medidas suficientes para revertir esta situación y avanzar en la implementación de políticas de drogas que respeten los derechos humanos y las garantías penales básicas.

Esto se ve reforzado por el hecho de que quienes resultan más afectados por la desproporción en los delitos y las penas tienden a ser las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en las sociedades latinoamericanas, y quienes constituyen los eslabones más débiles en las cadenas del tráfico. En efecto, como fue documentado en el estudio Sistemas sobrecargados, publicado en el año 2010, la criminalización por el cultivo, fabricación, comercialización, tráfico, e incluso consumo de sustancias controladas, recae en general sobre las personas que se encuentran en condiciones socioeconómicas más precarias y con más bajos niveles educativos. Además, en mayor proporción tienden a ser quienes cumplen el rol de eslabones débiles dentro del negocio de la droga.

Adicionalmente, si bien las graves consecuencias que trae la política prohibicionista en materia de derechos humanos y garantías consttucionales son suficientes para su replanteamiento, los altos costos y bajos beneficios en términos utilitarios confirman la necesidad de atender el problema de la droga desde otra perspectiva. En otra oportunidad, el CEDD tuvo la posibilidad de cuantificar buena parte de estos costos, a los cuales se suman los inmensos costos colaterales generados por la violencia asociada a las grandes organizaciones criminales y mafias del narcotráfico que tanto han afectado a los países latinoamericanos. Luego no hay razón, ni en términos de derechos ni en términos económicos, que pueda justificar la permanencia de un enfoque punitivo en las políticas de drogas en la región.

Por todas estas razones, es indispensable implementar todos los esfuerzos posibles por redirigir el enfoque de las políticas de drogas en la región. Su eje fundamental no puede seguir siendo la represión penal. Al contrario, dada la situación de vulnerabilidad y de desprotección de derechos humanos que se ha generado, los Estados tienen la obligación de implementar respuestas alternativas al problema de las drogas. Se deben preferir las políticas de reducción de daños a las políticas de respuesta punitiva; los eslabones débiles de la cadena de la droga deben recibir una protección estatal antes que una condena excesiva y los eventuales daños asociados a las sustancias psicoactivas deben ser minimizados a partir de una perspectiva de salud pública y desarrollo alternativo, y no desde el castigo penal y el uso de la fuerza.