Hoy, más que nunca, en el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, los países de toda América sufrimos las consecuencias de un siglo de políticas hacia ellas, cuyos resultados son más que cuestionables, tanto para la salud como para la seguridad pública de nuestras sociedades.

En cuestiones de crimen organizado, los grandes presupuestos destinados a las políticas de drogas aplicadas en toda la región se limitan a la represión, el uso de la fuerza indiscriminado, y en último grado, a fomentar una cultura de violencia que en nada ayuda al desarrollo armonioso de nuestras culturas.

En cuanto al consumo de sustancias, estas políticas, que se han sustentado en una cultura del castigo, la estigmatización y la marginación de los usuarios, atentan contra los derechos humanos de las personas, contra sus libertades fundamentales y, en último grado, también contra su derecho elemental a la salud.

Así, en el nombre de proteger a nuestra población de las drogas, las sociedades latinoamericanas hemos sufrido injerencias inadmisibles en nuestras políticas internas, violencia, discriminación, estigmatización, marginación, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente de las personas más jóvenes y desprotegidas, en particular las mujeres.

No se trata de rendirse ante el crimen organizado, ni ante el abuso en el uso de drogas, lícitas o ilícitas, sino ante la evidencia histórica y científica.

Hoy es tiempo de poner un alto. Las organizaciones que suscriben el presente documento pedimos a todos los gobiernos de este hemisferio:

1. El desarrollo de políticas hacia las drogas respetuosas de los derechos humanos; basadas en evidencia científica y en prácticas sujetas a evaluación periódica y constante, y enfocadas primordialmente a la prevención, la reducción de daños y, en su caso, al tratamiento efectivo y humano de las personas con problemas de adicción, y no a la represión.
2. La coordinación regional y hemisférica, entre naciones, gobiernos y sociedad civil, encaminada a fomentar el desarrollo social como la única forma real y efectiva de terminar con las condiciones que hacen posible el abuso de drogas, el crimen y la violencia generalizada que vivimos actualmente.
3. La aplicación de presupuestos equilibrados y suficientes para enfrentar el abuso de drogas desde una perspectiva de prevención, reducción de daños y tratamiento basados en el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas: usuarias o no.

Firmas:

• Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas / CuPIHD (México)
• Asociación Intercambios (Argentina)
• Centro Cáritas de Atención a las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas, AC / Cafac (México)
• ENCARE (Uruguay)
• ESPOLEA (México)
• P.I.E. Puente, Investigación y Enlace (Bolivia)
• Fundación El Emilio (Argentina)
• Centro de Formación y Capacitación de la Red Centroamericana de Organizaciones que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social (RECOISS)
• Fundación Aylén (Argentina)
• Corporación Consentidos (Colombia)
• Centro de Investigación y Atención al Fármacodependiente – CIAF (Colombia)
• Convivencia y Espacio Público AC (México)
• Picas y Platicas AC (México)
• Corporación Centro CITA - Salud Mental (Colombia)
• Grupo de Investigación en Adicciones. Fundación Universitaria Luis Amigo (Colombia)
• Asociación Niños de Papel (Colombia)
• Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita (República Dominicana)
• Programa Compañeros A.C. (México)
• Corporación Caminos (Colombia)
• Corporación Viviendo (Colombia)
• Caleta Sur (Chile)
• Foro Sobre Políticas de Drogas (Argentina)
• Red Chilena de Reducción de Daños (Chile)
• Fundación CITIDAD (Argentina)
• Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas - RADAUD (Argentina)
• Asociación Civil Federico Abuelo (Argentina)
• Corporación Ancora (Chile)
• Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis (México)
• Psicotropicus (Brasil)
• S.Se.R en el Sur (Argentina)