Alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con drogas

Informe técnico
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) / Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia
Abril de 2015

alternativos-al-encarcelamientoCon el convencimiento de que las respuestas al problema de las drogas deben ser integrales, enfocándose en las perspectivas de la salud y los derechos humanos, el Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se ha propuesto impulsar el debate sobre alternativas que nos permitan poner en el centro al individuo, superando los enfoques basados únicamente en la represión.

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El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas, realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirma que la aplicación de un enfoque punitivo para responder al consumo, ha tenido como consecuencia que las poblaciones más vulnerables al uso problemático se vean inhibidas a recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y, en general, a los programas de prevención y tratamiento.

Por otro lado, estudios académicos e informes de organizaciones de la sociedad civil, han señalado que la represión indiscriminada a través de la aplicación de medidas severas para el consumo y porte en pequeñas cantidades, ha recaído especialmente sobre los eslabones más débiles. Esta situación ha agravado el problema de hacinamiento carcelario que enfrentan varios países de la región. Bajo este marco, la política de drogas ha entrado en tensión con la garantía y el respeto de los derechos humanos. Preocupa especialmente la situación de las mujeres y la feminización de los delitos de drogas.

Dada esta realidad, es necesario entender al delito como un fenómeno social y no un simple acontecimiento de la naturaleza. Por consiguiente, la reacción del Estado frente al mismo debe comenzar por el análisis de su origen dentro de la comunidad, porque solo determinando las razones que llevan a algunos de sus integrantes a desarrollar conductas desviadas, se las puede combatir de manera adecuada. La utilización irreflexiva del derecho penal, muchas veces traducida en la proliferación de nuevos delitos, el aumento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado de un gran número de infractores de la ley, puede generar transitorias sensaciones de alivio en la sociedad. Sin embargo, su utilización como única forma de reacción estatal no solo deja intacto el origen del problema, sino que además desgasta al aparato judicial en cuanto a su operatividad y, lo que es más importante, frente a la comunidad que puede llegar a valorar su actuación como poco eficiente, ante la percepción de que su reiterada intervención no logra acabar con los problemas que pretende resolver.

En el tema de la lucha contra las drogas, las últimas cuatro décadas muestran que esta lucha ha sido desarrollada sobre el supuesto de que las conductas relacionadas con todas las sustancias ilícitas deben ser controladas de la misma manera, y en el entendido de que todos los eslabones que componen la cadena del narcotráfico merecen el mismo tratamiento. Esta percepción es desde luego equivocada y merece un replanteamiento que permita enfoques y respuestas diferenciales por parte del Estado, no solo para los diversos tipos de droga, sino tambien para las distintas personas que forman parte del problema.

Es necesario resaltar que el derecho penal está concebido como la más grave de las formas de reacción del Estado frente a comportamientos desviados, y por eso debe ser la última de las herramientas a las que se acuda para tratar de solucionar los problemas sociales. Pero además, su utilización debe estar estrictamente restringida a aquellos casos en los que un individuo abandona su esfera de libertad individual para afectar de manera indebida derechos ajenos.

El problema de los pequeños cultivadores es un poco menos simple, pero justamente debido a su complejidad merece un estudio más detenido antes de decidir si la intervención del derecho penal es la única aternativa posible para combatirlo y, en caso afirmativo, si lo es en todos los casos. Así, por ejemplo, la sola represión resulta insuficiente si el Estado no le ofrece a los pequeños cultivadores alternativas reales para mejorar sus condiciones de vida, en forma tal que tengan la posibilidad de escoger, en igualdad de condiciones, entre ajustar sus conductas a los parámetros de la legalidad o ir en contra de ella. Por eso los esfuerzos del Estado colombiano en los últimos años no se han enfocado de manera exclusiva en la erradicacion de los cultivos, sino que se han venido complementando con la intervención social en esas regiones.

En el otro extremo de la cadena se encuentran las grandes organizaciones criminales que suelen aprovecharse de las necesidades de los consumidores de drogas y de los pequeños campesinos para amasar grandes fortunas mediante la producción y distribución de drogas ilícitas a gran escala. Su ambición por el dinero fácil y el poder que del mismo suelen derivar, ha conducido en los últimos años a una gran escalada de violencia en países como Colombia, donde son miles las personas asesinadas en medio de venganzas entre grupos criminales dedicados al tráfico y distribución de drogas. No cabe duda de que frente a esta clase de conductas, la intervención del derecho penal es indispensable. Pero debe tenerse en cuenta que si bien aplicar una severa sanción a quien así se comporta es perfectamente válido, esa reacción del Estado es insuficiente si adicionalmente no se combate de manera eficaz e integral el tráfico ilícito de drogas a cargo de las organizaciones criminales, porque en los casos mencionados esa es la verdadera causa del problema.

Desde una perspectiva de política criminal, los países afectados por el problema de las drogas debemos reconocer que la estrategia de atacar a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico mediante la aplicación única y aislada del derecho penal, ha diluido los esfuerzos y recursos de la justicia, y no ha logrado terminar definitivamente con estas organizaciones criminales.

Teniendo en cuenta este contexto y asumiendo el compromiso de continuar y profundizar el debate regional sobre la política de drogas, el Gobierno de Colombia, en calidad de presidente de la CICAD, propuso, en el marco del Quincuagésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD realizado en el mes de diciembre de 2013 en Bogotá, la creación de un Grupo de Trabajo encaminado a identificar propuestas alternativas al tratamiento penitenciario. Esta iniciativa fue respaldada y aprobada en el seno de la Comisión en el mes de mayo de 2014.

Este Grupo de Trabajo tuvo como objetivo central: “Identificar y analizar alternativas al encarcelamiento a partir de la evidencia disponible y bajo una perspectiva que fortalezca la salud pública y privilegie los derechos humanos”. Tres elementos de este objetivo fueron los que, a nuestro entender, guiaron el desarrollo de este informe.

Primero, “la evidencia”, que implica analizar e intercambiar experiencias, bajo una perspectiva rigurosa que nos permita identificar qué ha funcionado y en qué debemos mejorar. Segundo, “la salud pública”, un eje central que pone el énfasis en la prevención, la no estigmatización de los usuarios de drogas y el reconocimiento de sus derechos. Tercero, los “derechos humanos”, los cuales implican humanizar la política de drogas al establecer la protección del individuo en un entorno de garantía de oportunidades e inclusión social como el objetivo principal.

Es importante destacar que progresivamente los países de la región han venido impulsando respuestas alternativas al enfoque punitivo, especialmente para el consumo y porte para el consumo, entendiendo que el problema del uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde la salud pública y que los limitados recursos con los que cuenta el Estado deben usarse de manera eficiente. Dentro de estas alternativas se encuentra la descriminalización del consumo de droga, la suspensión de sanciones penales al consumo y la adopción de sanciones administrativas, así como la derivación de estos casos al servicio de tratamiento y educación, entre otras.

Este informe debe servir para que los Estados que están comprometidos a fondo en la lucha contra el problema de las drogas, de manera abierta e informada, admitan que hay un amplio y variado espectro de alternativas a disposición del Estado para combatir no sólo todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, sino incluso los delitos relacionados de manera directa e indirecta con las drogas.

Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el Grupo de Trabajo y para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, es muy grato ofrecer a los países, a los hacedores de políticas y a la opinión pública en general, un documento con un abanico de alternativas al encarcelamiento que contribuya a enriquecer el entendimiento de uno de los temas más graves en el problema de las drogas.

Yesid Reyes Alvarado
Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia