Despenalización del cannabis
El número de marzo de la revista Current Opinion in Psychiatry publica un ensayo muy interesante en que se analizan los argumentos a favor y en contra de la despenalización del cannabis. El psiquiatra neerlandés Wim van den Brink, del Instituto de Amsterdam para la Investigación sobre Adicciones (AIAR), sopesa detenidamente las actuales pruebas sobre las ventajas y los riesgos que entrañaría tal cambio en las políticas de drogas.
El ensayo (Decriminalization of cannabis, en inglés) ofrece un resumen de las investigaciones pertinentes, y llega a la conclusión de que, si bien el consumo de cannabis no está exento de riesgos, la penalización supone una estrategia muy costosa, que implica una vigilancia y control considerables, una importante actividad procesal y unos significativos niveles de encarcelamiento; que la despenalización no se traduce en una reducción de los precios y un aumento de los índices de consumo, ni en patrones de consumo más severos; que la prohibición y la criminalización están asociadas con daños sociales para el usuario de cannabis; que la despenalización podría reducir la asociación entre uso de cannabis y esquizofrenia, y entre uso de cannabis y de otras drogas ilícitas; y que la criminalización podría minar la legitimidad del sistema judicial.
Una mayor despenalización –combinada con medidas como el control de la calidad y de los precios, incluido un régimen impositivo, una prevención primaria y secundaria del uso, y reducción de los daños a través de la limitación de la edad y del número de puntos de distribución al por menor–podría aplazar el inicio temprano en el consumo de cannabis y estabilizar o incluso reducir los índices de consumo. Finalmente, se necesitan instalaciones de tratamiento gratuitas para aquellos que –a pesar de las acciones preventivas– desarrollen problemas físicos o mentales. Dados los datos científicos disponibles, las actuales políticas basadas en la justicia penal –represivas, costosas e infructuosas– se deberían sustituir por políticas sanitarias –humanas, eficaces y más eficientes– como las que se están aplicando en estos momentos en muchos países europeos, entre los que se encontrarían los Países Bajos, España y Suiza.
