La reforma al control de drogas que se está emprendiendo en las Américas, y que presiona los límites del marco jurídico mundial establecido en tres convenciones de la ONU, se ha convertido en un tema delicado. La despenalización de la tenencia para consumo personal en varios países de América Latina y el establecimiento de una sala supervisada para inyección en Vancouver, Canadá, han provocado disputas legales prolongadas con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano cuasi-judicial para la aplicación de los convenios.

Los pasos que dio Bolivia para legitimar la hoja de coca, la regulación legal del cannabis en los estados de Washington y Colorado de Estados Unidos, así como en el Uruguay, han cambiado para siempre el panorama de la política de drogas. La pregunta hoy ya no es si es necesario volver a evaluar y modernizar el sistema de control de drogas de la ONU, sino más bien cuándo y cómo hacerlo.

Para Washington, así como para la burocracia del control de drogas de la ONU, este escenario es una especie de pesadilla. Durante el siglo pasado, Estados Unidos fue el país del mundo que más esfuerzos invirtió para influir en la elaboración del régimen de control global y en hacer cumplir su adhesión de manera casi universal. Una apertura del debate ahora pone en riesgo el instrumento jurídico que los Estados Unidos ha utilizado a menudo para obligar a otros países a operar de acuerdo con sus propios principios.

El Departamento de Estado ha puesto ahora en marcha una campaña internacional similar a una iniciativa anterior que conformó un “grupo de amigos de los convenios” con el fin de oponerse a los esfuerzos de Bolivia sobre la hoja de coca. La nueva narrativa sigue poniendo de relieve la importancia de defender la integridad de los tres convenios, aunque permite interpretaciones más flexibles y un cierto grado de diferenciación nacional.[1]

Washington propone que se permita una mayor flexibilidad según la discreción constitucional sobre la manera de asignar los escasos recursos de los que se dispone para la aplicación de los tratados. Esta interpretación, hasta ahora rechazada por la JIFE, constituye la base del argumento del Gobierno federal estadounidense para justificar que la no intervención en los estados que han regulado el cannabis no incumple las convenciones de la ONU. A cambio de la aceptación internacional de esta narrativa, Washington se muestra dispuesto a dejar que Uruguay y otros regulen también el cannabis sin obstáculos. Esta naciente indulgencia de los EE.UU., no se extiende sin embargo a otras áreas como la política de Bolivia para la coca, o a medidas de reducción de daños como las salas de consumo de droga.

No existen opciones fáciles para reformar los convenios de drogas, y la renegociación de una nueva convención única no es una perspectiva muy atractiva dada la divergencia de opiniones y la quiebra del consenso global. Pero evitar el debate sólo sirve para perpetuar un marco de tratados obsoletos e inconsistentes, escondiéndose el hecho de que los tratados están siendo violados, lo que socava el respeto por el derecho internacional. La actual flexibilidad en los tratados ha sido útil para abogar por un mayor respeto por los derechos humanos y para fundamentar la legalidad de ciertas políticas de reducción de daños y la despenalización. Pero esto no es suficientemente.

El marco normativo de las Naciones Unidas para la lucha contra las drogas debe representar una autoridad moral y proporcionar directrices adecuadas para que los países hagan lo correcto, en lugar de permitirles, a través de interpretaciones legales impugnadas, abstenerse de hacer lo que está mal.

El marco actual tiene sus raíces en la tolerancia cero que obliga a los países a prohibir las prácticas culturales ancestrales, religiosas e indígenas, a tipificar como delito el cultivo y posesión incluso para uso personal, e impone sanciones penales severas a cualquier persona involucrada en el mercado ilícito.

En 2008, en el examen que se hizo diez años después de la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 1998), la ONU reconoció que había un ambiente de reforma favorable para adaptar las convenciones teniendo en cuenta una nueva realidad, muy diferente a la que había cuando se redactaron los convenios. Hoy día esto es más cierto que nunca. La UNGASS de 2016 representa una oportunidad única para resolver, tal vez aún no de manera definitiva, o al menos para discutir abiertamente las opciones reales para actualizar el marco global de políticas de drogas y hacerlo más flexible.

Este comentario fue publicado originalmente en un número especial de verano 2014 del Informe NACLA sobre las Américas: Reimagining drug policy in the Américas.

[1] El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, William Brownfield, resumió las nuevas políticas de Estados Unidos como una "interpretación flexible": "si se trata de un documento vivo, y [las convenciones de control de drogas de la ONU] son documentos vivos, porque permiten hacer ajustes según las interpretaciones según como cambia el mundo y su entorno, el mundo en el año 1961 era un lugar diferente del mundo de 2014, y nosotros, los Gobiernos y los Estados miembros del sistema de las Naciones Unidas deberíamos obtener el permiso de interpretar con ese grado de flexibilidad, a medida que avanzamos en el siglo 21". Brownfield defendió la decisión del gobierno federal de los EE.UU. de no interferir en los estados de Washington y Colorado como “el derecho del Gobierno de Estados Unidos para determinar la mejor manera de utilizar su limitada, y en algunos casos escasos recursos policiales y de justicia penal, para cumplir mejor los objetivos de la convenciones”. (Véase el video: Speech at Focus on the Inter­national Drug Policy Debate, Center for Strategic & International Studies (CSIS), 31 de marzo. Aquí se puede leer la transcripción del texto en inglés)

En una entrevista con el Jamaica Gleaner, después de la decisión del Gobierno de Jamaica para despenalizar el cannabis, Brownfield dijo: “Yo represento a un Gobierno, dos de cuyos estados han decidido legalizar la marihuana. Cuarenta y ocho estados y el Gobierno federal siguen controlándola, por eso si no puedo afirmar que debe haber un cierto margen de interpretación flexible [de las convenciones de la ONU], los próximos años van a ser muy frustrantes para mí. Y añadió que, “siempre y cuando nos mantengamos dentro de las convenciones internacionales básicas, tenemos que aceptar que algunos países van a invalidar la marihuana agresivamente, mientras que otros, como el Uruguay, la legalizarán al interior del país".